La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un enérgico rechazo a los recientes señalamientos y descalificaciones dirigidos hacia las organizaciones que defienden los derechos humanos y ambientales en Colombia.
Desde la Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza, se enfatiza que estos ataques buscan desacreditar el trabajo fundamental que realizan para promover la convivencia pacífica en los territorios.
La Defensora destacó que la deforestación, la pérdida de hábitats y la contaminación provocada por actividades como la minería ilegal, la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, y los cultivos de uso ilícito han sido consolidadas por grupos armados ilegales, generando un impacto devastador tanto en los ecosistemas como en las comunidades que dependen de ellos.
Marín Ortiz subrayó que el más reciente mensaje del Ejército Gaitanista de Colombia contradice la realidad que enfrentan miles de colombianos y colombianas y busca deslegitimar las alertas y denuncias emitidas por organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular.
La Defensoría del Pueblo ha emitido diversas alertas tempranas sobre la situación en Chocó, donde el conflicto armado está afectando los procesos organizativos y de titulación colectiva, generando daños ambientales y socioculturales. Grupos como el EGC controlan economías ilegales, incluyendo la minería de oro y la tala de árboles, lo que está causando daños ecológicos significativos y poniendo en riesgo a líderes y lideresas ambientales.
En las Alertas Tempranas 013-23, 014-23 y 021-20, se detallan los impactos de la minería ilegal y la contaminación en ecosistemas estratégicos, como el río Atrato y la Selva del Darién. Además, se destacan los altos riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos que protegen el medioambiente, incluyendo asesinatos, como el de una lideresa ambiental en 2020.
“Desde la Defensoría del Pueblo, hacemos un llamado a que la protección y recuperación del ambiente, así como la defensa de los liderazgos ambientales, sean prioritarios en las mesas de negociación de paz y en los diálogos socio-jurídicos con los actores armados organizados”, afirmó la Defensora Iris Marín Ortiz.
Finalmente, la Defensora instó a las autoridades competentes a tomar acciones inmediatas y efectivas para proteger a quienes están en riesgo debido a su labor en defensa del medioambiente y los derechos humanos. “La protección de nuestros recursos naturales y el respeto por los derechos de todas las personas son fundamentales para construir un país en paz y justicia”, concluyó Marín Ortiz.
