La muerte de Yovany Quintero Saldarriaga, señalado por víctimas y autoridades locales como la ficha central detrás de una presunta estafa masiva en concesionarios de vehículos de alta y mediana gama en Medellín, abrió una nueva etapa en un caso que ya deja cientos de afectados, carros desaparecidos y una investigación penal en expansión. Quintero estaba vinculado a las operaciones de Autos MG, antes conocida como Autosur, firma que operaba sedes en la zona de Premium Plaza y en la Milla de Oro, en El Poblado. Según los reportes conocidos hasta ahora, el desfalco podría superar los 20.000 millones de pesos y comprometer a más de 400 o 450 personas, entre propietarios que dejaron sus carros en consignación, compradores que entregaron anticipos y clientes que nunca recibieron ni el vehículo ni el dinero prometido.
La historia empezó a hacerse pública a comienzos de marzo, cuando varios clientes comenzaron a reportar incumplimientos en contratos de venta y permuta. El patrón, según los testimonios recogidos por medios y autoridades, se repetía: los concesionarios recibían camionetas y carros de marcas como Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Mazda, Peugeot, Volkswagen y Kia, con la promesa de venderlos por comisión o de entregarlos en negocio de permuta. En muchos casos, los afectados recibían abonos parciales o simplemente dejaban de recibir respuestas. Cuando fueron a reclamar, encontraron las vitrinas vacías, sin personal y, en algunos casos, con solo unos pocos vehículos que seguían allí porque sus propietarios nunca dejaron las llaves.
Uno de los relatos más repetidos por las víctimas es que los carros fueron retirados de las sedes durante la noche del fin de semana posterior a la muerte de Quintero. Según los afectoado durante la noche del fin de semana Sacaron todos los carros. Algunos se salvaron porque los dueños no dejaron las llaves”. Esa circunstancia convirtió el caso no solo en una disputa contractual, sino en una carrera contrarreloj para ubicar los automotores, frenar traspasos y establecer quiénes participaron en la salida de los vehículos.
En el centro del expediente aparece Quintero Saldarriaga. Medios regionales y nacionales lo identifican como fundador o representante legal de la estructura comercial que operaba detrás de Autos MG y Autosur, y también se menciona la posible relación de su entorno con Sky Services Group S.A.S., una empresa que, según los reportes, estaría conectada con la venta de vehículos, partes y suministros.
La modalidad de la presunta estafa, según las denuncias, combinaba varios frentes. A unos clientes les recibían el vehículo para venderlo en consignación y luego no les entregaban el dinero completo; a otros les aceptaban anticipos por carros que nunca fueron entregados; y a otros más les ofrecían operaciones de compraventa o permuta que terminaban en incumplimientos totales. Entre los afectados hay personas que adquirieron vehículos y no los recibieron, otros dejaron su auto en consignación y no tienen información sobre su paradero, varios dejaron pagos adelantados y otros firmaron supuestos contratos de venta de sus carros sin recibir pago.
Los montos individuales ayudan a dimensionar el tamaño del golpe económico.
En medio de ese escenario, la muerte de Quintero se convirtió en el dato más perturbador del caso. Lo que se ha podido confirmar públicamente es que falleció el 14 de marzo de 2026 en un conjunto residencial de Envigado. Su muerte fue confirmada ese día y que las autoridades siguen a la espera del dictamen de Medicina Legal para dar claridad definitiva sobre lo ocurrido. Se contemplan varias hipótesis, incluida la de un posible suicidio.
Sobre la forma en que fue hallado el cuerpo, la información más detallada ha circulado a partir de versiones recogidas en reuniones de damnificados y reportes periodísticos posteriores. De acuerdo con el relato que los propios afectados dijeron haber recibido, Quintero primero se habría disparado y luego se habría lanzado desde un piso 15 del conjunto donde vivía. Esa versión coincide con el hecho de que varios medios hablan de una muerte bajo hipótesis de suicidio, aunque el cierre forense y judicial seguía pendiente en las últimas actualizaciones públicas.
En cuanto a la carta que habría dejado antes de morir, no encontré una publicación oficial del documento ni una reproducción íntegra verificada en los reportes abiertos consultados. Lo que sí ha trascendido, según la información que usted aporta y versiones atribuidas a víctimas, es que el empresario habría dejado un mensaje dirigido a su familia pidiendo perdón y explicando que tomaba esa decisión por las deudas que arrastraba. Esa parte del caso sigue siendo especialmente sensible, porque no ha sido difundida por autoridades judiciales en forma completa y, por tanto, su contenido final depende todavía de lo que logre incorporar la investigación.
La pesquisa penal ya está en marcha. Las primeras denuncias de alrededor de 113 personas, la Fiscalía General de la Nación asignó una fiscal para investigar el caso. Después, los reportes hablaron de una acumulación mucho mayor de afectados, con denuncias que ya superaban las 400 y luego las 450. Desde la Alcaldía de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez afirmó que las víctimas “no están solas” y advirtió: “Respeten a la gente. Los encontraremos y tendrán que responder ante la justicia”. Añadió que, junto con la Policía y la Fiscalía, se adelantan análisis de cámaras de seguridad, rastreo de placas, movimientos de dinero, números telefónicos y el modus operandi para identificar responsables y ubicar los automotores.
Ese componente investigativo es clave porque el caso ya no se concentra solo en Quintero. Ls autoridades miran también el papel de Autosur, Autos MG y Sky Services Group S.A.S., y que se revisa si detrás del fraude hubo una red más amplia de colaboradores o empresas fachada. De hecho, la Alcaldía habló públicamente de “al menos tres empresas fachada”, mientras los investigadores siguen la ruta de varios carros que habrían sido sacados de los concesionarios en horas de la noche.
Las víctimas son diversas y no se limitan a residentes locales. Entre los afectados hay comerciantes, propietarios particulares, compradores y, según la información conocida en reuniones recientes de damnificados, también inversionistas extranjeros. Uno de los reportes menciona el caso de un extranjero cuyos vehículos aparecían a nombre de su esposa colombiana. Esa dimensión internacional agrega presión al proceso, porque amplía el universo patrimonial comprometido y puede complicar el rastreo de bienes y contratos.
Por ahora, el rastro de los carros es uno de los frentes más urgentes. Mientras las denuncias se unifican, algunas víctimas han pedido que el expediente no se trate solo como fraude o abuso de confianza, sino también como hurto, para facilitar medidas cautelares más rápidas sobre los automotores y frenar posibles traspasos. Una de las afectadas citadas por Caracol resumió esa exigencia así: “Lo que esperamos es que la Fiscalía tome el caso como hurto”.
Autos MG, por su parte, ha intentado desmarcar a la empresa de lo ocurrido. En sus comunicados públicos sostuvo que los hechos estarían relacionados con “actuaciones individuales” de su fundador, anunció una auditoría y aseguró que colaborará con las autoridades.
La cronología deja una imagen cada vez más clara: primero, decenas de clientes entregaron carros o dinero a concesionarios que operaban en sectores exclusivos de Medellín; después comenzaron los retrasos y los pagos parciales; luego murió el hombre señalado como cerebro del esquema; y, finalmente, al acudir a las sedes, los clientes encontraron locales cerrados, vitrinas vacías y vehículos desaparecidos. La causa penal apenas comienza, pero ya perfila uno de los casos de presunta estafa automotriz más grandes conocidos recientemente en Antioquia.
