Por Redacción
Tres nombres que hasta hace poco eran poco conocidos para la opinión pública hoy ocupan titulares nacionales, debates políticos y expedientes de verificación por parte de organismos de control. Se trata de Juliana Guerrero Jiménez, Verónica Guerrero Jiménez y Gabriela Muñoz Olaya, jóvenes cercanas a sectores del petrismo que en los últimos días han sido mencionadas en denuncias sobre presuntos manejos de influencia, participación en nombramientos y supuestas gestiones ante entidades del Estado.
Las revelaciones han provocado reacciones desde la Casa de Nariño, el Congreso y la Fiscalía General de la Nación. Mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y los involucrados niegan haber cometido irregularidades, los nombres de estas tres mujeres se han convertido en símbolo de una controversia que pone bajo la lupa la relación entre cercanías políticas, contratación pública y acceso al poder.
Gabriela Muñoz es una joven activista y creadora de contenido que recientemente apareció en un video con el Presidente Gustavo Petro.
Juliana Guerrero: de líder juvenil a protagonista de escándalos políticos
La figura más visible de la controversia es Juliana Andrea Guerrero Jiménez, de 23 años. oriunda del departamento del Cesar y vinculada durante los últimos años a diferentes espacios políticos relacionados con el Gobierno nacional.
Su nombre comenzó a ganar notoriedad cuando fue considerada para asumir como viceministra de la Igualdad y posteriormente cuando trascendieron cuestionamientos sobre los títulos académicos que presentó para aspirar a cargos de alto nivel. Guerrero ocupó posiciones y contratos en entidades como la Secretaría de Transparencia, el Ministerio del Interior y programas desarrollados con la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Durante las últimas semanas, las denuncias en su contra tomaron una nueva dimensión tras la publicación de reportes periodísticos según los cuales habría participado, junto con su hermana Verónica, en un presunto esquema de cobros a empresarios interesados en acceder a contratos públicos.
De acuerdo con los testimonios conocidos públicamente, se habrían solicitado pagos iniciales para reuniones, anticipos para supuestas gestiones y porcentajes sobre el valor de proyectos estatales. La Fiscalía anunció que verificará chats, audios, comprobantes bancarios y otros elementos que fueron aportados a las denuncias.
Sin embargo, es importante señalar que Juliana Guerrero ha negado los señalamientos y ha sostenido públicamente que nunca se reunió con empresarios para ofrecer contratos ni participó en actividades ilícitas. Las investigaciones se encuentran en etapa preliminar y no existe ninguna condena en su contra por estos hechos.
Verónica Guerrero: la hermana que también quedó bajo investigación
La segunda protagonista del caso es Verónica Guerrero Jiménez, hermana de Juliana.
Documentos indican que tuvo contratos con entidades estatales como Colombia Compra Eficiente y el Ministerio del Interior, donde realizó actividades de apoyo administrativo, logístico y territorial.
Las publicaciones que originaron la investigación sostienen que Verónica habría mantenido contacto directo con empresarios y participado en las conversaciones relacionadas con proyectos de vivienda, acueducto y seguridad ciudadana. Según dichas versiones, ella habría sido el puente entre los particulares interesados y los supuestos gestores de las relaciones institucionales.
Las autoridades indagan si existió algún tipo de conducta con relevancia penal .
Gabriela Muñoz: la joven señalada de “mover los hilos” de la Aerocivil
Paralelamente al caso de las hermanas Guerrero, otro nombre empezó a llamar la atención de la opinión pública: Gabriela Muñoz Olaya.
La joven, estudiante de Derecho e influenciadora digital, alcanzó notoriedad por su cercanía con sectores del Gobierno y por su frecuente presencia en eventos públicos y actividades políticas relacionadas con el presidente Gustavo Petro. Diversas fotografías difundidas en redes sociales la muestran acompañando actos oficiales y encuentros del mandatario.
Según información conocida recientemente, Muñoz ocupó un cargo de auxiliar en la Aeronáutica Civil. Sin embargo, varias denuncias públicas aseguran que su influencia dentro de la entidad habría sido superior a las responsabilidades propias del cargo que desempeñaba.
La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, y el representante a la Cámara Daniel Briceño han realizado afirmaciones sobre un supuesto poder informal ejercido por personas cercanas al Gobierno dentro de la Aerocivil. En ese contexto, Gabriela Muñoz fue mencionada como una de las figuras que presuntamente influían en nombramientos y decisiones administrativas, acusaciones que hasta ahora no han sido probadas judicialmente.
Las denuncias también han generado preguntas sobre la presencia de familiares dentro de la entidad. Entre los documentos conocidos figura el nombramiento de un hermano de Gabriela Muñoz en la Aerocivil, hecho que ha sido objeto de debate político y mediático.
Posteriormente se conoció que la joven pasó a integrar la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de un congresista del Pacto Histórico, movimiento político que respalda al Gobierno nacional.
La reacción del Gobierno y de la Fiscalía
Las denuncias han provocado una fuerte controversia dentro del petrismo.
El presidente Gustavo Petro afirmó que las autoridades deben investigar a profundidad los hechos denunciados y sostuvo que cualquier persona que haya recibido dinero de manera indebida debe colaborar con la justicia y responder por sus actos si se demuestra alguna irregularidad.
Por su parte, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación asumió las investigaciones relacionadas con las hermanas Guerrero y ordenó labores de policía judicial para verificar la autenticidad de chats, audios, testimonios y movimientos financieros conocidos públicamente.
La congresista Jennifer Pedraza, además, presentó denuncias para que se investiguen posibles delitos como tráfico de influencias, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y otras conductas relacionadas con presunta corrupción.
Un caso que apenas comienza
Aunque los nombres de Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y Gabriela Muñoz dominan hoy la agenda política nacional, la situación judicial de cada una es diferente y las investigaciones apenas están en sus primeras etapas.
Por ahora, los expedientes buscan determinar si las denuncias corresponden a hechos aislados, a una red de influencias con alcance dentro del Gobierno o a señalamientos sin sustento suficiente. Lo cierto es que las revelaciones han abierto un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia, la contratación pública y el poder informal en distintas entidades del Estado.
