La política de “paz total”, bandera del gobierno del expresidente Gustavo Petro, llegó oficialmente a su fin. El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de todas las mesas de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de negociación que permanecían activos con guerrillas, disidencias y organizaciones criminales, al considerar que no produjeron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
La decisión marca uno de los cambios más profundos en la estrategia de seguridad del nuevo gobierno y supone el cierre definitivo de la principal apuesta de Petro para negociar simultáneamente con múltiples actores armados ilegales en todo el país.
Según informó la Presidencia, los procesos heredados de la administración anterior serán desmontados al concluir que varios de ellos terminaron convirtiéndose en escenarios sin resultados verificables en reducción de violencia, entrega de armas o reparación a las víctimas.
El fin de una de las principales apuestas de Gustavo Petro
La denominada “paz total” fue lanzada por el gobierno de Gustavo Petro con el objetivo de abrir canales de negociación con grupos guerrilleros, organizaciones narcotraficantes y estructuras criminales urbanas.
La iniciativa buscaba lograr acuerdos de paz, sometimientos colectivos y reducciones de la violencia mediante procesos de diálogo paralelos en distintas regiones del país.
Sin embargo, durante sus años de implementación recibió fuertes críticas de sectores políticos, organismos de seguridad y analistas que advertían que varios grupos armados aprovecharon los espacios de negociación para fortalecer su presencia territorial y aumentar actividades ilícitas.
Un análisis presentado al cierre de la administración Petro por expertos de la Fundación Ideas para la Paz señaló que la estrategia enfrentó dificultades en sus tres pilares fundamentales: reducción de violencias, transformación territorial y tránsito efectivo de integrantes de grupos ilegales a la vida civil.
Mesas de diálogo que fueron cerradas
La decisión del presidente De la Espriella pone fin a las negociaciones con algunas de las estructuras armadas más importantes del país.
Entre los procesos cerrados se encuentran:
- Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, liderado por alias Calarcá.
- Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, comandada por alias Walter Mendoza.
- Frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN liderada por alias HH.
- Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya mesa estaba suspendida desde enero de 2025.
Con esta decisión desaparecen los principales espacios de negociación que permanecían vigentes con estructuras insurgentes y disidencias de las antiguas Farc.
También terminan los diálogos con bandas criminales
El cierre no solo afecta a las guerrillas.
El Gobierno confirmó igualmente la terminación de todos los espacios sociojurídicos con organizaciones criminales que participaban en conversaciones exploratorias.
Entre ellas figuran:
- Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
- Los Espartanos y Los Shottas, en Buenaventura.
- El Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia.
- Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS en Chocó.
Asimismo, quedaron cancelados los escenarios de acercamiento con cerca de 17 estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, incluidas organizaciones de alto impacto como La Oficina, Los Chatas, El Mesa y Los Triana.
Se levantan zonas de ubicación y mecanismos especiales
Otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo fue la eliminación de las zonas de ubicación temporal creadas durante el gobierno anterior para facilitar los diálogos.
Entre ellas se encuentra la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo, uno de los principales mecanismos implementados durante la política de paz total. Para el Gobierno, estos espacios ya no tienen razón de ser tras el cierre de las negociaciones.
La nueva política: sometimiento o persecución judicial
La administración De la Espriella dejó claro que el camino para quienes quieran abandonar las armas ya no será el diálogo político, sino el sometimiento a la justicia.
El Ejecutivo aseguró que las organizaciones armadas tendrán dos opciones: acogerse a los mecanismos judiciales establecidos por el Estado o enfrentar las operaciones de la Fuerza Pública.
“Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; quienes persistan en la violencia serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima del Estado”, señaló el Gobierno.
En ese contexto, la Fiscalía ya reactivó órdenes de captura contra varios cabecillas que habían resultado beneficiados por los procesos de negociación suspendidos.
Los Pepes serían el primer grupo en buscar sometimiento
Mientras las mesas de diálogo llegan a su fin, una organización criminal aparece como la primera interesada en acogerse al nuevo modelo.
Se trata de “Los Pepes”, grupo delincuencial que opera en Barranquilla y que manifestó su intención de someterse a la justicia, aportar verdad y reparar a las víctimas.
De concretarse el proceso, se convertiría en el primer sometimiento colectivo impulsado durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Un giro en la política de seguridad
La decisión representa un cambio radical frente a la estrategia desarrollada entre 2022 y 2026 por el gobierno de Gustavo Petro.
Mientras la administración anterior apostó por ampliar los canales de negociación con distintos actores armados, el nuevo Gobierno considera que esos espacios no produjeron los resultados esperados y opta por una política centrada en el fortalecimiento de la acción judicial, las capturas y el sometimiento a la justicia.
Con el cierre de todas las mesas de diálogo, Colombia entra en una nueva etapa de su política de seguridad y enfrenta el reto de determinar si el desmonte de la “paz total” permitirá reducir la violencia de grupos armados o si, por el contrario, abrirá un nuevo capítulo en un conflicto que durante décadas ha marcado la historia del país.
