Por medio de la Resolución No. 40444 de Octubre 28 de 2024 “Por la cual se declara un racionamiento programado de gas natural”, el Ministerio de Minas y Energía estableció una suspensión programada del suministro de gas para ciertas industrias entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre.
La aparente justificación de dicho racionamiento tiene que ver con el mantenimiento rutinario de la única planta regasificadora que opera en Colombia.
Si bien el objeto del acto administrativo es declarar un “racionamiento” de 4 días, palabra que incluso se repite unas 24 veces en el documento, incluso desde el mismo título, el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho y el Presidente Gustavo Petro han dado diversas declaraciones en diferentes medios de comunicación en las que buscan aclarar que no se trata propiamente de un racionamiento de gas. De hecho, 24 horas después de emitir la comentada resolución, el gobierno comunico que solo se trata de un procedimiento de mantenimiento.
El mantenimiento de la planta es una operación esencial para garantizar que continúe apoyando el sistema hidroeléctrico, especialmente durante las épocas de sequía y en fenómenos climáticos extremos como El Niño, la Planta de Regasificación de Cartagena abastece a tres plantas térmicas (Termocandelaria, Tebsa y Termoflores), las cuales representan un significativo 35% de la generación térmica del país y cubren hasta el 18% de la demanda nacional de electricidad, además del 49% del consumo en la región Caribe.
Este mantenimiento rutinario pone en evidencia una vulnerabilidad energética de nuestro país, pues lo que es claro es que el gas local no es suficiente para cubrir la demanda combinada de hogares, comercio, industria y plantas térmicas. Tan cierto es lo anterior, que en años anteriores cuando se necesitó adelantar dicho mantenimiento, las térmicas mencionadas pudieron recurrir a productores nacionales, como Ecopetrol y Canacol Energy, para cubrir la demanda mediante compras de gas excedente. Sin embargo, este año esa opción no estuvo en principio disponible, y las térmicas enfrentaron la necesidad de negociar directamente con otros usuarios privados por el gas que habían adquirido previamente. Claramente no se trata de una situación coyuntural sino estructural; más allá de una simple complicación logística, se trata de una clara advertencia de que Colombia podría estar acercándose a una crisis de suministro de gas.
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¿Por qué esta crisis ahora? La respuesta parece evidente: Colombia enfrenta una reducción significativa en la producción de gas natural. La necesidad de recurrir al racionamiento en una situación de mantenimiento programado revela que el sistema ya no cuenta con la capacidad suficiente para manejar estos eventos. Aunque el Ministerio de Minas y Energía aseguró que, finalmente, no será necesario racionar, esta respuesta plantea serias interrogantes. ¿Por qué, si el mantenimiento de la planta es un evento anual previsible, el país enfrentó una situación límite? Y más importante aún, ¿es esto un indicio de que Colombia podría quedarse sin gas en un futuro cercano?
La reciente declaración del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, asegurando que no habrá racionamiento, genera una aparente tranquilidad. Sin embargo, al analizar la situación en su conjunto, es evidente que no es el fin de la incertidumbre. La resolución se emitió en respuesta a una situación crítica, y su aclaración a través de un comunicado, fue el resultado de una respuesta de último momento tras las gestiones rápidas adelantadas con actores del sector energético en virtud del pánico que la resolución produjo a nivel nacional en los Colombianos. En otras palabras, el país estuvo al borde de una crisis de suministro.
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Los gremios lo han venido advirtiendo. Los gremios que representan a las principales empresas de energía del país han lanzado una alerta de emergencia al gobierno: si no se toman medidas inmediatas, Colombia podría enfrentar una grave escasez de gas natural en menos de un año y racionamientos de energía eléctrica en 2026. Estos escenarios proyectan un futuro incierto para la sostenibilidad del sector energético nacional; los recientes mínimos históricos en los embalses del país, los más bajos en cuatro décadas, han puesto en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico, que aún depende de la generación hidráulica como fuente principal. La disminución de las reservas hídricas, combinada con la falta de gas natural suficiente para respaldar las plantas térmicas, es una señal de advertencia sobre la necesidad de reforzar el sistema energético en todas sus áreas.
La crisis energética por la que atraviesa Colombia hoy, debo decirlo, es el resultado de una combinación de factores, que van desde la dependencia de fuentes de energía no renovables hasta la falta de inversión en exploración y producción de gas natural. Las proyecciones indican que para 2025, el déficit en la oferta de gas podría alcanzar el 12% de la demanda total y podría aumentar hasta un alarmante 30% en 2026. Esto indica que el país no tiene otra opción que avanzar en nuevos proyectos de exploración y producción, además de incentivar la importación de gas para cubrir las necesidades de los usuarios. Sin una política energética clara y contundente, Colombia corre el riesgo de enfrentar interrupciones en el suministro de gas y electricidad en los próximos años. Sin embargo, la política negacionista de esta realidad por parte de la secta petrista, sugieren que nada se hará al respecto en los 21 meses que quedan de gobierno, en los cuales incluso me atrevo a pensar, que arreciarán con su política fundamentalista anti extraccionista, impidiendo que se explore y explote gas, como lo han venido haciéndolo desde que se adoptó la nefasta política de no suscribir nuevos contratos con estos propósitos.
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Un enfoque integral debe incluir inversiones en infraestructura para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y la autosuficiencia energética. Además, es necesario revisar los mecanismos de asignación de gas para que los sectores industriales y residenciales puedan contar con el suministro necesario sin depender de medidas de emergencia como el racionamiento. También es crucial fomentar una transición gradual y real hacia fuentes de energía más sostenibles y menos dependientes de variables climáticas o de disponibilidad de un recurso particular.
La Resolución No. 40444, más allá de los comunicados posteriores, no deja de ser una señal de máxima alerta sobre la vulnerabilidad energética de Colombia. Si bien este año se logró evitar el racionamiento mediante negociaciones y ajustes de última hora, no podemos cantar victoria y creer que dicha súbita solución, tenga una vocación sostenible en el tiempo venidero. La situación actual no puede verse como un caso aislado o coyuntural; debe interpretarse como un llamado a fortalecer y diversificar la matriz energética del país para garantizar el suministro futuro de gas y electricidad.
En definitiva, la seguridad energética de Colombia depende de acciones claras y decisivas que deben implementarse de inmediato, alejados de baratos fundamentalismos. El Gobierno debe responder a la advertencia de los gremios, incentivar la producción de gas y la generación de energías alternativas, y construir un sistema energético resiliente. Ignorar esta realidad es correr el riesgo de sumergir al país en una crisis de energía y gas que, con planificación y compromiso, aún se puede evitar.
