Cierto es, que algunas de las ideas, plasmadas en el Proyecto de Reforma a la Salud, relacionadas con el fortalecimiento de la atención primaria, y también del denominado P y P, esto es, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, no requieren de un marco normativo adicional, más allá del que se encuentra vigente, por ejemplo, en la Ley 1438 de 2011.
Reconocemos entonces, que razón le asiste al Presidente Petro, cuando en la posesión del nuevo Superintendente de Salud, expresó, que en dicho ente de vigilancia y control, así como en la Nueva EPS, entidades estas de naturaleza pública, se implementaría el sistema preventivo de salud, en lo que permita la Ley, pues en efecto, puede hacerse.
Ahora bien, quienes hemos reiterado hasta la saciedad, que para hacer ajustes al Sistema de Salud, no se debe propiciar un desbarajuste institucional, nos hacemos las siguientes preguntas que subyacen del planteamiento Presidencial:
1) ¿Por qué el Gobierno Petrista, esperó más de 18 meses para anunciar una medida tan básica y elemental como esta, a la cual nadie, ni siquiera quienes representamos la oposición, nos hemos opuesto?
2) ¿Cuenta el Gobierno Nacional con respaldo presupuestal para financiar la Atención Primaria en Salud, y en general, el Sistema Preventivo en Salud?
Frente a la primera pregunta, francamente no encontramos una respuesta sensata. Frente a la segunda, creemos que si se renunciara a tanto despilfarro y gasto ocioso, podría contarse con el soporte financiero suficiente y necesario para financiar una política pública en esta materia, que mejorará sustancialmente la prestación del servicio de Salud. Pero, como dudo demasiado, de que el Gobierno quiera apretarse el cinturón, lo único que se me ocurre, es que para poner en práctica dicho fortalecimiento, si es que realmente se hace, se querrá hacer con cargo al estrangulamiento al que están siendo sometidas las EPS. Dicho de otra manera, si la idea del Gobierno, es fortalecer la atención primaria, con recursos del mismo sistema de salud, que de suyo son ya deficitarios, sinceramente lo que terminará ocurriendo, es que se tapara un hueco, abriendo otro, como se dice en el argot popular.
Y es que el estrangulamiento al que nos hemos referido es real. No olvidemos, que hace muy poco tiempo, el 20 de noviembre de 2023, fue la propia Corte Constitucional la que le dio razón a las EPS, mediante Auto No. 2881, expedido por la Sala de seguimiento a la Sentencia C-760 de 2008, ordenando al Ministerio de Salud, llevar a cabo una revisión de los presupuestos máximos destinados a las EPS, estableciendo perentorios términos para hacer ajustes correspondientes a lo adeudado por el Estado de la vigencia del año 2021, así como los reconocimientos y pagos pendientes de las vigencias 2022 y 2023.
Cabe recordar que los denominados presupuestos máximos, son un mecanismo de financiación de tecnologías en salud y servicios no cubiertos con cargo a la UPC, ni excluidos de los recursos públicos de la salud pero que forman parte del Plan Básico de Salud. Claramente con esta perversa y malintencionada práctica estatal, de dejar de pagar lo que corresponde a las EPS, se les ahoga financieramente, con lo cual naturalmente, registran dificultades para prestar servicios, lográndose en consecuencia, satanizarlas y estigmatizarlas que es en últimas el propósito que tiene el Presidente Petro, para justificar así, la estatización de las mismas, en la cuestionada reforma.
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Y tan están logrando el cometido, que fue el propio Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, quien esta semana prendió las alarmas, llamando la atención sobre la gravedad de que colapse el sistema de salud por falta de recursos, lo cual se pone en evidencia como una posibilidad próxima y cercana, en virtud de las afugias económicas, según lo expuesto en la carta enviada por las EPS SANITAS, SURA Y COMPENSAR, al Ministro de Salud. El Gobierno tiene el deber y la obligación de garantizar la financiación de las EPS, pues es la única manera de asegurar la salud de sus afiliados. De no hacerlo, se estará poniendo en riesgo, la vida de millones de Colombianos, como en efecto, hoy está en riesgo. Claramente la plata es la sangre del sistema.
La estocada final a las EPS, se dio al finalizar el año anterior, con la expedición de la Resolución que fijó el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación, incrementándose apenas en un 12 % con lo cual, según ACEMI, «La desfinanciación que vive el Sistema se profundiza irremediablemente, agudizando la crisis de oportunidad y calidad de los servicios de salud de los Colombianos».
Reiteramos, que el proyecto de Reforma a la Salud, tiene un vicio de origen insubsanable, que la acompaña desde su radicación. Al comprometerse el núcleo esencial del derecho fundamental a la Salud, debió haberse tramitado como proyecto de Ley Estatutaria, con todas las formalidades que son del caso. No ha podido explicar el Gobierno Petro ni vaga ni razonablemente, como un proyecto de Ley Ordinaria como este, pretende modificar la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “ Por medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, la cual en sus artículos 6-H y 13, consagra la libertad de elegir las entidades de salud dentro de la oferta disponible en el primer caso; y en el segundo, prescribe que la red de servicios podrá ser pública, privada o mixta. Estas disposiciones claramente son derogadas, al pretenderse con la nefasta reforma a la Salud estatizar de manera plena la prestación de los servicios de salud.
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Tan irracional, contradictorio e incoherente es el gobierno Petro, que mientras tramita un proyecto de ley ordinaria que compromete el nervio y alma del derecho fundamental a la Salud; paralelamente promueve otro proyecto que regula y compromete el derecho fundamental a la Educación, este si, como debe ser, como proyecto de Ley Estatutaria. El futuro del Proyecto de Reforma a la Salud de ser aprobado, es reservado. Por mucho menos se cayó en la Corte Constitucional el capítulo completo del Derecho de Petición contenido en la Ley 1437 de 2011 denominado CPACA.
Por lo demás, es claro que grandes problemas como el déficit de personal asistencial, la precaria infraestructura hospitalaria, la insuficiencia de recursos económicos, y la corrupción, que padece el Sistema de Salud, no se resuelven con el proyecto presentado por el Gobierno, que se someterá a consideración y aprobación de la Comisión 7ª y la Plenaria del Senado durante este primer semestre de 2024 so pena de ser archivado. De otra parte, asuntos como por ejemplo el relativo a la Atención Primaria en Salud, y en general, el Sistema Preventivo en Salud no requieren reforma, tal cual, como por fin lo aceptó y reconoció el Presidente Petro.
¿Será la ADRES capaz de ejecutar 80 billones de pesos no en grandes giros sino en millones de micro transacciones, cuando con los recursos del SOAT que son mucho menos, quedó demostrada su incapacidad, amen de la incapacidad generalizada del Gobierno Petro en materia de ejecución, que en el 2023, fue bastante precaria?
¿De dónde saldrán los recursos para construir los Centros de Atención Primaria los denominados CAPS? ¿De la asfixia financiera a la que someten en la actualidad a las EPS, poniendo en riesgo la salud de millones de colombianos?.
