La propuesta del presidente Abelardo de la Espriella para reforzar el control militar en zonas de Bogotá abrió un intenso debate en la capital. Mientras algunos dirigentes respaldan una mayor presencia del Ejército para enfrentar la criminalidad, desde la administración distrital insistieron en que la intervención militar solo procede cuando las capacidades de la Policía resultan insuficientes.
La militarización de Bogotá se convirtió este jueves en uno de los temas centrales de la agenda pública tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de fortalecer el control militar en los corredores de Usme y Sumapaz, considerados estratégicos para impedir la expansión de estructuras criminales hacia la capital.
La propuesta llegó luego del operativo Kratos, que dejó 172 capturas y la desarticulación de 10 organizaciones delincuenciales, según cifras del Gobierno Nacional. Sin embargo, el anuncio generó reacciones diversas entre autoridades, concejales y analistas de seguridad.
Secretaría de Seguridad: el Ejército ya tiene presencia en la zona
Uno de los primeros pronunciamientos fue el del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien explicó que en las zonas rurales de Sumapaz y Usme ya existen operaciones permanentes del Ejército Nacional.
Durante una entrevista radial, el funcionario aclaró que la Brigada XIII desarrolla actualmente las operaciones Coraza y Ezequiel para bloquear corredores de movilidad entre Bogotá y departamentos como Meta y Huila.
«La Brigada 13 tiene operaciones sostenidas en las áreas rurales de la ciudad. Su misión principal es bloquear corredores de movilidad desde el Meta y el Huila hacia Bogotá», explicó Restrepo.
El secretario también precisó que estas acciones corresponden a labores de «control militar de área», orientadas a garantizar presencia institucional y prevenir amenazas a la seguridad.
Asimismo, enfatizó que la militarización es una herramienta excepcional dentro del marco legal colombiano.
«La militarización se activa si la Policía es superada en sus capacidades», señaló el funcionario, marcando distancia frente a interpretaciones que sugieren una sustitución de las funciones policiales por parte de las Fuerzas Militares.
Respaldo desde el Concejo de Bogotá
Entre los sectores que apoyaron la propuesta presidencial se encuentra el concejal del Centro Democrático, Julián Uscátegui, quien consideró que la medida es necesaria para frenar el ingreso de grupos armados ilegales hacia la capital.
«Me alegra que sea inicialmente en estas zonas del sur para evitar el ingreso de los grupos armados que llegan desde el Huila, desde el Caquetá y desde el Meta; esperamos que sea en toda la ciudad de Bogotá», afirmó el cabildante.
El concejal agregó que el fortalecimiento de la presencia militar debe complementarse con procesos de judicialización efectivos.
«La única forma de recuperar la seguridad de Bogotá es enfrentar con contundencia a los bandidos y que sean capturados para su judicialización», sostuvo.
Expertos recuerdan los límites constitucionales
El debate también ha puesto sobre la mesa los alcances jurídicos de una eventual ampliación de la presencia militar en la ciudad.
Especialistas en seguridad consultados en diferentes escenarios académicos han recordado que la Constitución colombiana establece que la seguridad ciudadana corresponde principalmente a la Policía Nacional, mientras que las Fuerzas Militares tienen como misión principal la defensa de la soberanía y el orden constitucional.
No obstante, la legislación permite el apoyo militar a las autoridades civiles en situaciones específicas de alteración del orden público o cuando las capacidades policiales resultan insuficientes para controlar determinadas amenazas.
Por esa razón, varios analistas consideran que el anuncio presidencial debe entenderse más como un fortalecimiento de operaciones ya existentes en las zonas rurales de Bogotá que como una militarización generalizada de la ciudad.
Usme y Sumapaz, zonas clave para la estrategia de seguridad
Las localidades de Usme y Sumapaz concentran buena parte de la atención de las autoridades debido a su ubicación estratégica.
Bogotá comparte límites rurales con departamentos históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales y economías criminales. Esa condición ha convertido estos corredores en puntos de vigilancia permanente por parte de la Fuerza Pública.
De acuerdo con las autoridades, el objetivo de las operaciones desplegadas en la zona es impedir la reactivación de rutas utilizadas décadas atrás por organizaciones armadas para movilizarse hacia la capital.
Alcaldía y Presidencia buscan una estrategia conjunta
Más allá del debate político, tanto el Gobierno Nacional como la Alcaldía de Bogotá coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para combatir fenómenos como la extorsión, el microtráfico y los homicidios.
El alcalde Carlos Fernando Galán destacó recientemente los acuerdos alcanzados con la Presidencia para aumentar capacidades tecnológicas, fortalecer el pie de fuerza y mejorar las acciones contra organizaciones criminales que operan en la ciudad.
Por ahora, la discusión sobre el alcance de una eventual militarización continuará en espacios de control político y seguridad ciudadana, mientras la administración distrital y el Gobierno Nacional avanzan en la definición de la hoja de ruta anunciada tras el consejo de seguridad realizado en Bogotá.
