Miryam Alcira Martínez López, jueza 77 de control de garantías de Bogotá, no aceptó los cargos. Una abogada y un funcionario judicial también son investigados por el supuesto acuerdo para favorecer a un ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico.
La jueza investigada por un presunto soborno de $1.200 millones, Miryam Alcira Martínez López, enfrenta una solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario. Este jueves 29 de octubre, la Fiscalía presentó elementos de su investigación sobre el supuesto acuerdo que habría permitido obtener una orden de libertad para Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido en extradición por delitos relacionados con narcotráfico.
El caso involucra también a Waldo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, y a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca. Los tres fueron imputados y no aceptaron los cargos, según la información conocida sobre la audiencia del miércoles 28 de octubre.
Los audios presentados en la audiencia
Entre los elementos expuestos por la Fiscalía figuran interceptaciones de comunicaciones, videos y declaraciones que, según su hipótesis, permitirían reconstruir la coordinación para obtener una decisión favorable al extranjero.
Una de las conversaciones divulgadas corresponde a la abogada y al ciudadano neerlandés. En ella, la profesional habla del reparto de la solicitud de hábeas corpus y de la necesidad de que llegara a un despacho específico:
“Eso toca que caiga en el juzgado que yo quiero”.
La Fiscalía también presentó una videollamada entre la abogada y el requerido. Para el ente investigador, estos registros forman parte de los indicios del supuesto acuerdo; su alcance y valoración deberán ser discutidos dentro del proceso.
Vea la audiencia en vivo aquí:
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¿Cómo habría funcionado el supuesto acuerdo?
La investigación señala que se habría pactado un pago total de $1.200 millones, del cual presuntamente se entregaron $600 millones como anticipo para conseguir la orden de libertad. Noticias RCN informó que la abogada habría contactado a la funcionaria judicial y a un servidor vinculado al reparto de la acción constitucional.
Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Herrera Cuenca habría acudido al despacho de Martínez López el 4 de junio de 2026 para concertar la decisión. Al día siguiente, la jueza presuntamente le envió una fotografía de un formato de libertad con los datos del extranjero.
El ente acusador sostiene, además, que Garavito Mejía habría coordinado la radicación de la solicitud durante un fin de semana en el que coincidieran los turnos del funcionario y de la jueza, para dirigir el asunto hacia ese despacho.
Los delitos imputados y la solicitud de cárcel
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A Martínez López también le atribuyó prevaricato por acción.
Los tres procesados rechazaron los cargos. La actuación continúa en etapa preliminar y no existe una sentencia que establezca su responsabilidad penal.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía sostuvo que los investigados representarían un peligro para la sociedad y calificó los hechos como una “traición a la justicia”. Con la información consultada, estaba confirmada la petición de prisión, pero no una decisión definitiva sobre esa solicitud.
¿Quién es la jueza investigada?
Miryam Alcira Martínez López es la titular del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, despacho desde el cual se tramitó la acción que hoy está bajo investigación.
La controversia penal se concentra en establecer si la decisión judicial respondió a un acuerdo económico y si hubo intervención irregular en su reparto. La imputación no equivale a una condena y la funcionaria conserva la presunción de inocencia.
¿Quién es el ciudadano neerlandés y qué ocurrió con su libertad?
Jozef Marcus Hendrika Van der Voort es un ciudadano de Países Bajos capturado en Colombia por un requerimiento de las autoridades de su país relacionado con narcotráfico. Su detención se produjo en cumplimiento de una circular roja de Interpol.
La orden que lo favoreció provocó una controversia judicial. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia promovió una tutela al considerar que la libertad habría sido concedida irregularmente.
Posteriormente, el Juzgado 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó el hábeas corpus. Al revisar el caso, concluyó que no existía una privación ilegal de la libertad ni una prolongación indebida de la detención y dispuso que el extranjero permaneciera recluido mientras avanzaba el trámite de extradición.
Por eso, debe distinguirse entre la expedición de la orden de libertad y su resultado final: los reportes consultados indican que la decisión fue revocada y que Van der Voort continuó privado de la libertad. No permiten afirmar que hubiera escapado o que su extradición ya se hubiera concretado.
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