Bogotá. La Contraloría de Bogotá identificó nueve hallazgos con incidencia fiscal por más de $20.000 millones tras una Actuación Especial de Fiscalización a contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las principales irregularidades detectadas están relacionadas con el control del combustible de vehículos oficiales y la ejecución de dos proyectos de infraestructura: el Centro Especial de Reclusión, fase II, y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba.
Uno de los casos más relevantes corresponde al manejo del combustible de los vehículos oficiales, donde se identificaron hallazgos fiscales por $8.737 millones. Según el organismo de control, se evidenciaron deficiencias en los mecanismos de supervisión, debido a que no se utilizaba el rendimiento de kilómetros por galón como parámetro de control.
Además, durante la revisión de 752 vehículos se encontraron inconsistencias en los registros de kilometraje, situación que dificultó verificar si el combustible suministrado correspondía a los recorridos efectivamente realizados.
El segundo caso está relacionado con la construcción de la segunda fase del Centro Especial de Reclusión (CER II), ubicado en la localidad de Puente Aranda. Allí se establecieron hallazgos fiscales por $8.100 millones, asociados al reconocimiento y pago de actividades no previstas inicialmente, presuntos sobrecostos en el suministro e instalación de una reja metálica y pagos adicionales de interventoría derivados de las prórrogas de la obra.
Por otra parte, en el proyecto de la URI de Suba, la Contraloría identificó hallazgos fiscales por $3.146 millones. Estos estarían relacionados principalmente con pagos por actividades no contempladas inicialmente, situación asociada a deficiencias en los estudios y diseños, así como con costos adicionales de interventoría ocasionados por las prórrogas del proyecto.
Frente a estos resultados, Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia, destacó la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento de los contratos públicos.
“Los resultados evidencian la importancia de fortalecer la planeación, la supervisión y los mecanismos de control en la ejecución de los contratos públicos, para garantizar que los recursos se administren adecuadamente y que las inversiones respondan a las necesidades de la ciudad”, señaló el funcionario.
La Contraloría de Bogotá anunció que continuará vigilando el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad y la justicia, con el objetivo de contribuir a una gestión contractual más eficiente y transparente.
