La Contraloría General de la República ha identificado un escenario que requiere atención inmediata por parte de las autoridades territoriales y los operadores del Programa de Alimentación Escolar (PAE), relacionado con las condiciones laborales en las que desarrollan su actividad las manipuladoras de alimentos, actores fundamentales para garantizar el acceso efectivo de miles de niños, niñas y adolescentes al servicio de alimentación escolar en el país.
Entre los años 2024 y 2025, se identificaron más de mil (1.069) reportes de peticiones ciudadanas asociadas al PAE, de las cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral, incluyendo retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación.
La Contraloría insta al Ministerio del Trabajo para que, en el marco de sus competencias, adelante las actuaciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas laborales aplicables en la operación del PAE y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de sus derechos.
Durante la vigencia 2025, se detectaran cerca de 30 hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento a nivel nacional, de estos, 20 fiscales por más de $18.600 millones por presuntos sobrecostos en el PAE, porque no se le paga lo justo a las manipuladoras y los operadores de los programas, se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se les brinde un salario digno.
Bogotá, 28 de abril de 2026.
El seguimiento adelantado por la Contraloría, ha permitido identificar presuntas falencias en la formalización de los vínculos contractuales, retrasos en el pago de las remuneraciones y condiciones de inestabilidad laboral que afectan de manera directa la continuidad y calidad del servicio. Asimismo, a partir de información suministrada directamente por manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se han identificado prácticas asociadas a esquemas de vinculación recurrentes por periodos aproximados de cuatro meses.
Esta dinámica, además de generar inestabilidad en las condiciones de trabajo, podría estar siendo utilizada para fragmentar la relación laboral y diluir las obligaciones asociadas al reconocimiento integral de derechos, particularmente en lo relacionado con la afiliación y el pago de la seguridad social.
Esta situación no se presenta de manera aislada. A partir del análisis de las peticiones ciudadanas relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar registradas en los años 2024 y 2025, se identificaron más de mil (1.069) reportes asociados al PAE, de los cuales al menos 312 advierten posibles afectaciones en materia laboral, incluyendo retrasos en los pagos, irregularidades contractuales e inestabilidad en la vinculación. De manera más específica, cerca de medio centenar de estas denuncias hacen referencia directa a las condiciones de las manipuladoras de alimentos, lo que permite advertir un patrón que trasciende lo anecdótico y se configura como una alerta relevante sobre riesgos tanto en la garantía de derechos laborales, como en la adecuada ejecución de los recursos públicos.
Este tipo de situaciones no solo plantea serios cuestionamientos desde la perspectiva de la protección efectiva de los derechos laborales, sino que también introduce riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos, al desnaturalizar la finalidad del gasto y comprometer la sostenibilidad operativa del programa.
Toda esta problemática a su vez ha conllevado a que durante la vigencia 2025, se detectaran cerca de 30 hallazgos en las Auditorías de Cumplimiento a nivel nacional, de estos, 20 fiscales por más de $18.600 millones, por presuntos sobrecostos en el PAE, porque no se le paga lo justo a las manipuladoras y los operadores de los programas se quedan con esos recursos que el Estado ya ha pagado para que se les brinde un salario digno.
En ese sentido, la Contraloría General de la República insta al Ministerio del Trabajo para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adelante las actuaciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las normas laborales aplicables en la operación del PAE y adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos de las manipuladoras de alimentos.
En este contexto, se hace un llamado urgente a las entidades territoriales y a los operadores del PAE para que adopten medidas inmediatas, efectivas y verificables orientadas a garantizar condiciones laborales dignas, en observancia de los principios de legalidad, dignidad humana y protección efectiva de los derechos laborales, así como lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 2466 del 2025 y la Resolución N° 0003 del 07 de enero de 2026, emitida por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA).
Acciones de vigilancia y control al PAE
En desarrollo de las acciones de vigilancia y control fiscal que adelanta la Contraloría General de la República realizadas entre 2022 y 2025, se han determinado 149 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $49.662 millones en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el país.
Estas deficiencias obedecen a sobrecostos los cuales representaron $33 mil millones, es decir el 67% de todos los resultados fiscales. Otros relevantes se encuentran asociados al desarrollo y ejecución contractual (17%). Las regiones que presentan los resultados fiscales más preocupantes son la Centro Oriente ($13 mil millones) y Caribe ($11 mil millones).
