Continúa la audiencia de imputación contra los principales señalados de integrar una presunta estructura dedicada al contrabando y lavado de activos. La investigación involucra a empresarios, representantes de sociedades comerciales y presuntos articuladores de una red que habría utilizado empresas fachada para ingresar mercancías al país y ocultar el origen de millonarios recursos.
La Fiscalía General de la Nación avanza en una de las investigaciones económicas más grandes de los últimos años en Colombia. Este martes continúa la audiencia de imputación de cargos contra varios empresarios y directivos vinculados al denominado caso Lili Pink, un proceso judicial relacionado con presuntas operaciones de contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir que habrían afectado el sistema aduanero y financiero del país.
Según el ente acusador, la investigación reveló la existencia de una presunta estructura empresarial que habría utilizado importadoras, comercializadoras y sociedades consideradas de papel para introducir mercancías al territorio nacional mediante mecanismos destinados, presuntamente, a evadir controles tributarios, aduaneros y financieros.
¿Cómo comenzó la investigación?
El caso se originó tras hallazgos realizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que desde 2022 venía adelantando verificaciones sobre operaciones de comercio exterior relacionadas con empresas dedicadas a la importación y comercialización de productos como confecciones, cosméticos, accesorios y juguetes.
Las autoridades detectaron movimientos financieros que, según la hipótesis investigativa, no corresponderían con la capacidad económica reportada por algunas de las empresas involucradas.
La Fiscalía sostiene que, para dar apariencia de legalidad a los recursos, la presunta organización habría utilizado diferentes mecanismos, entre ellos:
- Creación y utilización de empresas fachada.
- Simulación de operaciones comerciales.
- Fragmentación de transacciones financieras.
- Movimientos de dinero entre sociedades vinculadas.
- Operaciones de importación que son objeto de verificación por parte de las autoridades.
Los empresarios llamados a imputación
Dentro del proceso fueron citadas varias personas que, según la Fiscalía, habrían desempeñado diferentes roles dentro de la presunta estructura investigada.
Entre los principales señalados figuran:
- Max Marvin Abadi Harari, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos articuladores principales de la organización y relacionado con la marca comercial.
- David Max Abadi Homsani, ciudadano panameño que habría participado en la estructuración internacional del esquema investigado.
- Malaquilla Bismar Hernández, de nacionalidad nicaragüense.
- Lorena Bernal Castro, representante legal de Fast Moda S.A.S., empresa vinculada a la operación comercial de Lili Pink.
- Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, señalada de desempeñar funciones financieras dentro de la estructura investigada.
- Jonnatan Villamil Soler, accionista de algunas de las sociedades objeto de investigación.
- Luz Adriana López López.
- Merlín Roxana Mendoza Arias, quien, según se informó durante las diligencias, se encontraría actualmente en Venezuela.
La Fiscalía anunció que a los investigados les serán imputados delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de contrabando y lavado de activos, entre otros cargos derivados de la investigación patrimonial y financiera.
Las cifras que sustentan el caso
De acuerdo con la información presentada por las autoridades, el presunto entramado empresarial habría generado:
- Operaciones asociadas a lavado de activos superiores a 730.000 millones de pesos.
- Un posible enriquecimiento ilícito cercano a 430.000 millones de pesos.
- Presuntas actividades de contrabando estimadas en más de 75.000 millones de pesos.
Estas cifras hacen que el proceso sea considerado uno de los más relevantes en materia de criminalidad económica adelantados recientemente por la Fiscalía.
El primer capturado del caso
Uno de los primeros avances judiciales ocurrió con la captura de Walter Francisco Martínez Martínez, abogado y representante de varias importadoras investigadas por las autoridades.
Según la Fiscalía, Martínez habría tenido un papel relevante dentro del esquema que presuntamente facilitó el ingreso irregular de mercancías al país mediante sociedades utilizadas para operaciones bajo investigación.
En audiencia preliminar se le imputaron los delitos de:
- Concierto para delinquir.
- Lavado de activos.
- Contrabando.
- Enriquecimiento ilícito.
El procesado no aceptó los cargos.
Medidas cautelares sobre más de 400 establecimientos
Como parte de las actuaciones judiciales, la Fiscalía adelantó un amplio operativo de extinción de dominio y medidas cautelares sobre bienes vinculados a la investigación.
Las decisiones adoptadas incluyeron:
- 405 locales comerciales.
- 40 inmuebles.
- 8 vehículos.
- Una sociedad comercial.
Los bienes afectados quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras se resuelve de fondo la situación jurídica de los involucrados.
Los procedimientos se desarrollaron en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, convirtiéndose en uno de los operativos patrimoniales más grandes realizados en los últimos años contra una presunta red de contrabando y lavado de activos.
La SAE informó que mantendrá el funcionamiento de los establecimientos para preservar los activos y proteger los puestos de trabajo asociados a la operación comercial.
¿Quién administra actualmente la compañía?
La operación comercial de la marca se encuentra relacionada con Fast Moda S.A.S., compañía vinculada públicamente a la explotación de las tiendas Lili Pink.
La representante legal de la sociedad es Lorena Bernal Castro, una de las personas llamadas a responder dentro de la investigación.
Además, durante las pesquisas también han sido mencionadas otras sociedades relacionadas con la estructura corporativa, entre ellas Pink Life S.A.S. e Innova Quality S.A.S., cuyas actividades son objeto de revisión por parte de las autoridades.
La defensa rechaza las acusaciones
La compañía y los abogados de los investigados han insistido en que no existe hasta el momento una decisión judicial que establezca responsabilidades penales.
Asimismo, han señalado que las mercancías comercializadas cuentan con documentos de importación y soportes de pago que, según afirman, acreditan la legalidad de las operaciones realizadas.
En relación con Walter Francisco Martínez, Fast Moda S.A.S. manifestó que no hacía parte de los órganos directivos ni de administración de la empresa y sostuvo que su vínculo correspondió únicamente al de proveedor en años anteriores.
Un proceso que apenas comienza
La audiencia de imputación representa una de las primeras etapas del proceso penal. Durante las próximas diligencias la Fiscalía continuará exponiendo los elementos materiales probatorios que sustentan su teoría del caso, mientras las defensas controvertirán los planteamientos del ente acusador.
Por ahora, la situación jurídica de los empresarios vinculados continúa en manos de los jueces de control de garantías, en un expediente que podría convertirse en uno de los procesos más importantes sobre criminalidad económica y comercio exterior en la historia reciente del país.
