El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres rechazó este miércoles los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación que busca esclarecer la presunta liberación irregular de un hombre capturado con 4,5 kilogramos de pasta base de cocaína en el corregimiento de El Plateado, Cauca.
Durante la audiencia de imputación realizada ante el Tribunal Superior de Bogotá, el oficial negó su responsabilidad penal y decidió no allanarse a los delitos atribuidos por el ente acusador, por lo que el proceso judicial continuará en la etapa de investigación y podría avanzar hacia una acusación formal y juicio.
La diligencia marca uno de los capítulos más delicados en la carrera de uno de los generales más reconocidos del Ejército Nacional, quien durante años lideró operaciones contra grupos armados ilegales en el suroccidente colombiano y tuvo un papel destacado en las acciones militares desarrolladas en el cañón del Micay.
Los cuatro delitos imputados por la Fiscalía
La Fiscalía le atribuyó al oficial los delitos de prevaricato por acción, favorecimiento, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Según la fiscal del caso, el general habría tenido alternativas legales para manejar la situación presentada durante el operativo, pero optó por una decisión que, a juicio del ente investigador, terminó favoreciendo al capturado e impidiendo su judicialización.
«Contaba con diversas alternativas legítimas, entre ellas la culminación del procedimiento de captura, informar sobre las situaciones de seguridad en el área de operaciones o acudir a otros mecanismos institucionales, pero impartió una orden contraria, impidiendo la judicialización del capturado y la sustancia», sostuvo la representante de la Fiscalía durante la audiencia.
La investigación también busca determinar si posteriormente fueron elaborados documentos oficiales con información que no correspondería a lo ocurrido en el operativo.
El caso que originó el proceso
Los hechos investigados se remontan al 31 de enero de 2024, cuando el entonces comandante del Comando Específico del Cauca (CECAU) dirigía operaciones militares en una de las zonas más complejas del país.
Ese día, unidades del Ejército capturaron en flagrancia a Milciades Guaca Armero en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, una región estratégica del cañón del Micay históricamente vinculada al narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales.
Según la Fiscalía, el hombre fue encontrado transportando aproximadamente 4,5 kilogramos de pasta base de coca.
Tras la captura, el detenido fue trasladado hacia Popayán para adelantar el proceso de judicialización ante las autoridades competentes.
Sin embargo, la investigación sostiene que posteriormente se impartió una orden para regresar al capturado y la droga al lugar donde se produjo la detención.
El traslado en helicóptero militar
De acuerdo con los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, la operación de retorno habría sido coordinada utilizando recursos militares y apoyo aéreo institucional.
El ente acusador sostiene que se dispuso el uso de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la División de Aviación de Asalto Aéreo, así como apoyo de una aeronave de la Fuerza Aérea.
La investigación indica además que en el procedimiento participaron 36 militares, entre ellos varios oficiales.
Para la Fiscalía, esa actuación impidió que el capturado quedara a disposición de la autoridad judicial competente y que el estupefaciente ingresara formalmente a la cadena de custodia.
Por esa razón, considera que hubo una interferencia en el desarrollo normal de la investigación penal.
La defensa del general: evitar una asonada
Uno de los aspectos centrales del caso es la explicación entregada por el propio general sobre lo sucedido.
Mejía dice que impartió la orden de retorno, pero sostiene que la medida respondió a una situación de seguridad excepcional y al riesgo de una asonada contra las tropas desplegadas en la zona.
Según documentos conocidos durante la investigación, el oficial argumentó que la decisión fue «legítima, razonada y responsable» frente a las amenazas que enfrentaban los militares en El Plateado.
La defensa considera que el contexto operacional y los riesgos para el personal militar serán elementos determinantes dentro del proceso judicial.
Precisamente, uno de los puntos que deberá resolver la justicia será establecer si esas circunstancias justificaban jurídicamente la actuación adoptada o si, como sostiene la Fiscalía, se trató de una decisión contraria a la ley.
Los informes que también están bajo investigación
La investigación no se limita a la liberación del capturado.
La Fiscalía aseguró que el general habría elaborado dos informes oficiales, fechados el 19 de octubre de 2025 y el 10 de marzo de 2026, en los cuales, presuntamente, se consignó información falsa sobre las circunstancias en que ocurrió el retorno del detenido.
Según el ente acusador, esos documentos habrían sido utilizados durante verificaciones administrativas y actuaciones disciplinarias adelantadas para esclarecer lo ocurrido.
Por esta razón, además de los hechos relacionados con la liberación del capturado, el expediente incluye los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Ministerio de Defensa y Fiscalía pidieron ser reconocidos como víctimas
Durante la audiencia también se conoció que tanto el Ministerio de Defensa como la propia Fiscalía solicitaron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso.
La petición busca que ambas entidades puedan participar activamente en las siguientes etapas judiciales y reclamar eventuales afectaciones institucionales derivadas de los hechos investigados.
La decisión sobre esa solicitud será adoptada posteriormente por las autoridades judiciales.
¿Qué sigue ahora?
Tras la no aceptación de cargos por parte del general Mejía, la investigación continuará en la etapa procesal correspondiente.
La Fiscalía deberá consolidar el material probatorio, profundizar en la recolección de evidencias y determinar si presenta un escrito formal de acusación para llevar el caso a juicio.
Mientras tanto, el brigadier general conserva la presunción de inocencia y será la justicia la encargada de determinar si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.
El caso se ha convertido en uno de los procesos más sensibles que involucran a un alto oficial de las Fuerzas Militares en los últimos años, debido a que los hechos ocurrieron en medio de operaciones contra el narcotráfico en una de las regiones más conflictivas del país.
La Fiscalía sostiene que la orden impartida impidió la judicialización de una persona capturada con droga, mientras que la defensa insiste en que la actuación obedeció a una decisión operacional tomada para proteger a las tropas ante riesgos de seguridad en el terreno.
La disputa jurídica apenas comienza y será en las próximas etapas del proceso donde se conocerán las pruebas con las que cada parte intentará respaldar su versión de lo ocurrido en El Plateado.