La resolución extiende por un año la toma de control sobre la EPS más grande del país y le ordena al nuevo interventor presentar en 30 días un plan para responder a las quejas de los usuarios, sanear las finanzas, reorganizar la red de servicios y fortalecer la defensa jurídica de la entidad.
El Gobierno Nacional prorrogó por un año la intervención forzosa administrativa de Nueva EPS y designó como nuevo interventor al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en una decisión con la que busca retomar el control pleno de la aseguradora, superar el vacío jurídico que se había generado tras el vencimiento de la medida anterior y enfrentar la crisis operativa, financiera y asistencial de la EPS más grande del país.
La decisión quedó contenida en la resolución expedida el pasado 10 de abril de 2026, mediante la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de Nueva EPS y se extiende la intervención hasta el 10 de abril de 2027. Aunque la entidad ya estaba bajo control estatal desde el 4 de abril de 2024, la nueva resolución fija un nuevo plazo y establece una hoja de ruta concreta para intentar su recuperación.
Con esta medida, el Ejecutivo pone fin a varios días de incertidumbre institucional. Tras el vencimiento de la intervención previa, el pasado 3 de abril, la EPS quedó en un limbo jurídico mientras se definía si el Gobierno prorrogaba o no la medida. Ahora, con la nueva resolución, no solo se formaliza la continuidad de la intervención, sino que se imponen obligaciones puntuales al nuevo administrador.
La resolución fija una hoja de ruta estricta
Uno de los puntos centrales del documento es la orden para que Jorge Iván Ospina presente, en un plazo máximo de 30 días calendario desde su posesión, un plan de trabajo integral. Ese documento deberá ser evaluado por la Dirección de Medidas Especiales para EPS y tendrá que responder a los principales frentes de crisis que hoy enfrenta la entidad.
La resolución exige que ese plan incluya acciones para mejorar la atención a los usuarios, resolver reclamaciones en salud, reorganizar la red de prestación de servicios, fortalecer la capacidad jurídica de la EPS y poner en marcha estrategias orientadas al saneamiento financiero.
El Gobierno deja claro en el texto que la situación de la aseguradora requiere una intervención más estricta y una administración con capacidad de responder simultáneamente a la crisis de servicio, al deterioro económico y a la pérdida de confianza entre usuarios y prestadores.
Atención a usuarios: prioridad en reclamos y tutelas
Uno de los ejes más urgentes de la resolución es la respuesta a las quejas de los afiliados. El documento le ordena al nuevo interventor resolver de fondo las reclamaciones en salud, con prioridad especial en los casos clasificados como de “riesgo vital”.
La instrucción se produce en un momento en que Nueva EPS encabeza los registros de inconformidad del sistema. De acuerdo con los reportes conocidos, la entidad acumuló más de 518.000 reclamos en 2025, además de un rezago de más de 120.000 tutelas que ni siquiera han sido abiertas, un dato que muestra la magnitud del deterioro administrativo y la incapacidad de respuesta de la EPS frente a los requerimientos judiciales y de los usuarios.
Ese rezago quedó expresamente reconocido en la resolución y se convierte en una de las tareas más apremiantes del nuevo interventor. El mensaje del Gobierno es que la intervención no puede limitarse al manejo financiero, sino que debe traducirse en mejoras concretas en la atención y en el acceso efectivo a los servicios de salud.
La red de prestadores, bajo revisión
El documento también le ordena a Ospina realizar una evaluación detallada de la red de prestadores con el fin de garantizar la continuidad, oportunidad y calidad en la atención. La decisión responde a un deterioro visible en la operación de la EPS, marcado por suspensiones de servicios y advertencias de clínicas y hospitales por falta de pago.
En los últimos meses se han conocido casos de instituciones que han limitado o suspendido la atención a usuarios de Nueva EPS por cartera vencida. Entre los ejemplos mencionados figuran la Clínica Avidanti en Manizales, la Clínica San Rafael en Armenia y la Clínica Primavera en Villavicencio, hechos que reflejan la presión que enfrenta la red asistencial vinculada a la aseguradora.
La resolución exige revisar contratos, verificar el estado de los acuerdos vigentes, liquidar los que ya hayan terminado y adoptar medidas frente a posibles incumplimientos. La instrucción apunta a evitar nuevos rompimientos en la red y a restablecer la confianza de prestadores que hoy operan con incertidumbre sobre los pagos.
El eje financiero: recaudo, deudas y plan de pagos
Otro de los capítulos más sensibles del documento se refiere al frente financiero. La resolución ordena implementar medidas de salvamento para que la EPS pueda acercarse nuevamente a las condiciones de solvencia exigidas por el sistema de salud.
Para ello, el interventor deberá diseñar estrategias de recaudo de cartera frente a entidades territoriales, la Adres y otros posibles deudores. Al mismo tiempo, deberá estructurar un plan de pagos que permita atender las obligaciones pendientes con clínicas, hospitales, proveedores y demás actores del sistema.
El alcance de esta tarea es especialmente relevante porque, según se ha advertido, la verdadera dimensión de la crisis financiera de Nueva EPS no ha podido establecerse con precisión. Desde el inicio de la intervención en 2024, la entidad no ha presentado ni actualizado sus estados financieros, lo que ha impedido conocer con exactitud el tamaño de sus deudas, su liquidez real y el estado de sus obligaciones.
Esa opacidad financiera es uno de los mayores obstáculos para la recuperación de la EPS y una de las razones por las que la nueva resolución insiste en imponer controles más estrictos y un seguimiento integral a la gestión del interventor.
Reducir la siniestralidad y fortalecer la gestión del riesgo
Además del componente financiero, el Gobierno le ordenó al nuevo interventor adoptar medidas para mejorar la gestión del riesgo en salud. Esto incluye estrategias dirigidas a reducir la siniestralidad, fortalecer el modelo de atención y reforzar un enfoque preventivo que permita controlar mejor el comportamiento de enfermedades crónicas y de alto costo.
En paralelo, la resolución exige acciones que ayuden a disminuir la interposición de tutelas, una señal que suele reflejar fallas persistentes en el acceso a servicios, autorizaciones, medicamentos o procedimientos.
La meta, en este caso, no es solo contener el volumen de litigios, sino recuperar la capacidad de la EPS para responder en sede administrativa antes de que los usuarios tengan que acudir masivamente a la justicia.
Supervisión jurídica y control total de la operación
La resolución también establece un esquema de vigilancia integral sobre los procesos jurídicos de la entidad. Jorge Iván Ospina deberá hacer seguimiento a todos los litigios en curso contra Nueva EPS, revisar la estrategia de defensa técnica y garantizar una gestión oportuna de esos expedientes.
Se trata de una instrucción de fondo, pues la EPS arrastra múltiples controversias judiciales en distintas regiones del país, relacionadas con tutelas, demandas de usuarios, reclamaciones de prestadores y otros procesos derivados de su crisis operativa.
Con ello, el nuevo interventor asume un control amplio sobre la administración de la entidad: desde la atención a usuarios y la relación con clínicas y hospitales, hasta la revisión de contratos, la organización financiera y la defensa judicial.
Una EPS en crisis y con más de 11,7 millones de afiliados
La gravedad del caso se explica, en buena medida, por el tamaño de Nueva EPS. La entidad atiende a más de 11,7 millones de afiliados, lo que la convierte en la EPS más grande del país y hace que cualquier falla en su operación tenga un impacto nacional.
La resolución deja ver que el Gobierno reconoce la profundidad de la crisis: una combinación de deterioro en la atención, represamiento de tutelas, deudas con prestadores, problemas de liquidez, opacidad financiera e inestabilidad administrativa.
Desde 2024, la entidad ha tenido varios cambios de liderazgo, situación que ha dificultado la continuidad de las estrategias de recuperación y ha profundizado la percepción de desorden institucional. La designación de Ospina ocurre justamente en ese contexto de relevo y de búsqueda de una figura que asuma el control en una etapa crítica.
Del vacío jurídico a una nueva etapa de intervención
La expedición de esta resolución marca un punto de inflexión para la entidad. Durante al menos seis días, Nueva EPS permaneció en una zona de indefinición jurídica después del vencimiento de la intervención anterior, sin una decisión clara sobre la continuidad del control estatal.
En ese lapso, la discusión sobre el futuro de la EPS quedó en manos del análisis jurídico de la Presidencia y de la Superintendencia ad hoc. La nueva resolución zanja esa incertidumbre y deja claro que el Gobierno optó por mantener la intervención, reforzar las obligaciones del interventor y admitir que la recuperación no se ha logrado pese a más de dos años de control.
El reto de Jorge Iván Ospina
Con su designación, Jorge Iván Ospina asume la conducción de una entidad en una situación altamente compleja. Su principal reto será convertir en resultados concretos la hoja de ruta trazada por el Gobierno: responder a la avalancha de quejas y tutelas, reorganizar la red de servicios, establecer un plan creíble de pagos, recuperar información financiera confiable y devolver estabilidad a una EPS clave para el sistema.
La resolución no deja margen para una gestión pasiva. En 30 días deberá presentar un plan integral y comenzar a mostrar avances en áreas donde la crisis ya es visible para millones de afiliados.
El panorama, sin embargo, sigue siendo difícil. La magnitud de las deudas, la falta de información financiera actualizada, la presión de prestadores y el deterioro en la atención configuran uno de los escenarios más delicados del sistema de salud colombiano.