Un juez de control de garantías decidió no imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra el cantante de música urbana Blessd, su mánager y otros dos procesados, al concluir que la Fiscalía no logró demostrar la inferencia razonable de participación en el delito de secuestro extorsivo agravado.
La decisión se conoció tras la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento realizada este martes, en la que también estaban vinculados Santiago Jaramillo Morán, conocido como “Dímelo Jara”, así como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda. Todos continuarán vinculados al proceso penal, pero en libertad mientras avanza la investigación.
La decisión del juez
Durante la lectura de su determinación, el despacho judicial señaló que los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía no permitían inferir razonablemente la autoría o participación de los procesados en la conducta investigada.
La juez enfatizó que los hechos expuestos presentan vacíos y ambigüedades que impiden adoptar una medida restrictiva de la libertad. En particular, destacó que, según lo expuesto en audiencia, la presunta víctima, Andrés Felipe Sánchez Quintero, salió caminando del lugar donde habrían ocurrido los hechos.
Asimismo, se indicó que durante el tiempo que permaneció en el sitio, el denunciante tuvo la posibilidad de comunicarse con terceros, incluso con conocidos que pertenecían a la Policía, y que la puerta del lugar permanecía abierta, circunstancias que generan dudas sobre la existencia de una privación ilegal de la libertad.
“La Fiscalía se apresuró a presentar este caso sin contar con los elementos probatorios suficientes”, señaló la juez, quien agregó que “de los mismos materiales probatorios no se infiere la participación o inferencia razonable de autoría” respecto de los implicados.
Con base en estos argumentos, el despacho concluyó que no se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento, por lo que los procesados enfrentarán el proceso en libertad.
La juez señaló que “no se cumplen los requisitos de inferencia razonable de participación en la conducta de secuestro”, advirtiendo además que los hechos expuestos presentan inconsistencias relevantes. Según precisó, “los hechos son ambiguos”, pues, de acuerdo con el material analizado, el denunciante Andrés Felipe Sánchez “salió caminando del lugar”, tuvo la posibilidad de comunicarse con terceros —incluso con conocidos vinculados a la Policía— y “la puerta siempre permaneció abierta”.
«La Fiscalía se apresuró a presentar este caso sin contar con los elementos probatorios suficientes” y añadió que “lo que advierte este despacho es que de los mismos materiales probatorios no se infiere la participación o inferencia razonable de autoría a estos ciudadanos”. Con base en estas consideraciones, concluyó que no era procedente imponer medida de aseguramiento
La fiscal delegada apeló la decisión de la juez de control de garantías de Medellín de dejar en libertad a los cuatro imputados, al considerar que no analizó de manera integral el caso, las llamadas, amenazas y la presunta participación de la abogada Laura Moreno.
Qué había solicitado la Fiscalía
Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación solicitó que Blessd y los demás investigados fueran enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso, argumentando la gravedad de la conducta y la presunta afectación a la libertad individual de la víctima.
El ente acusador sostuvo que los hechos ocurridos el 1 de junio de 2022 en un estudio de grabación en El Poblado, Medellín, constituirían un secuestro extorsivo agravado, señalando que la víctima habría sido retenida durante aproximadamente tres horas y sometida a presiones para firmar un documento.
Como parte de sus elementos probatorios, la Fiscalía expuso una llamada telefónica que, según su teoría, habría sostenido Blessd con la víctima durante los hechos, y con la cual buscaba sustentar su posible participación como determinador.
Esta postura fue respaldada por el abogado de las víctimas, quien insistió en que las evidencias recaudadas justificaban la imposición de una medida privativa de la libertad.
- Stiven Mesa Londoño (Blessd): El artista urbano, señalado por la Fiscalía como el presunto determinador de los hechos.
- Santiago Jaramillo Morán (alias «Dímelo Jara»): Su representante y mánager.
- Laura Moreno Restrepo: Abogada imputada por el ente investigador.
- Julián David Giraldo Arboleda: Procesado en el mismo caso.
Los argumentos de la defensa y la Procuraduría
Por su parte, la defensa del artista rechazó la solicitud de la Fiscalía y sostuvo que los hechos no configuran un secuestro extorsivo. Argumentó que, en el peor de los casos, la conducta podría corresponder a un presunto constreñimiento ilegal, delito que no daría lugar a una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los abogados también resaltaron que el cantante ha comparecido voluntariamente ante las autoridades y cuenta con arraigo familiar y laboral, lo que, a su juicio, reduce cualquier riesgo para el proceso.
A su turno, la Procuraduría General de la Nación solicitó un análisis riguroso sobre la adecuación típica del delito y consideró necesario revisar la imputación antes de adoptar medidas restrictivas de la libertad.
El caso que originó la investigación
El proceso se originó por una denuncia presentada por hechos ocurridos en junio de 2022, en los que Andrés Felipe Sánchez Quintero, conocido por su participación en el programa “Yo Me Llamo” como imitador de Ozuna, habría sido retenido en un estudio de grabación.
Según la Fiscalía, el conflicto estaría relacionado con presentaciones artísticas en las que un tercero imitaba a Blessd, situación que habría generado tensiones con el entorno del artista.
No obstante, durante las audiencias se evidenciaron diferencias sustanciales en la interpretación de lo ocurrido, lo que finalmente llevó al juez a abstenerse de imponer la medida de aseguramiento.
El proceso continúa
Aunque la decisión judicial favorece a Blessd y los demás procesados al permitirles continuar en libertad, el proceso penal sigue en curso. La Fiscalía podrá continuar con la investigación y las partes tienen la posibilidad de interponer recursos de apelación contra la decisión.
La determinación del juez marca un punto clave en este caso, que ha generado amplio interés público debido a la notoriedad del artista, una de las figuras más reconocidas de la música urbana colombiana.
