La Fiscalía presentó ante la juez 53 de conocimiento la acusación contra un capitán, un intendente y dos patrulleros de la Policía Nacional que, al parecer, mediante diferentes actuaciones ilícitas, habrían inducido en error a dos fiscales y a dos jueces para lograr la interceptación de los teléfonos de dos exempleadas de Laura Sarabia en ese momento jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.
Se estableció que el 30 de enero del 2023, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredy Morales Cárdenas, presuntamente, acudieron ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Quibdó, Chocó y, con informes falsos sustentados con el testimonio de una aparente fuente humana, pidieron el aval para interceptar dos líneas telefónicas que pertenecerían a alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
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Posteriormente, entre el 1 y el 3 de febrero de 2023, el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Alejandra Canizales, presuntamente presentaron dos informes de policía a una fiscal de la Unidad de Hurtos de la Seccional de Bogotá, en los que solicitaban autorización para intervenir las comunicaciones de tres personas, se trataría de la exniñera del hijo de la señora Laura Sarabia y dos amigos muy cercanos a esta empleada a quienes, al parecer, hicieron pasar como dos peligrosos integrantes de un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias en Bogotá, con el supuesto de que estarían involucrados en la pérdida de un dinero.
Los elementos de prueba permitieron establecer que estos dos objetivos, en realidad, eran las ex empleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y los cuatro exfuncionarios son señalados de brindar información equivocada a fiscales, la cual, posteriormente fue presentada ante jueces para legalizar las órdenes.
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Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó a los cuatro uniformados los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones. Adicionalmente, al intendente Quinchanegua Quinchanegua y a la patrullera Canizales Bonilla se les formuló el delito de falsedad material en documento público agravado.
Los procesados no aceptaron cargos. Los uniformados estan bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El día 26 de abril se conocerá si son reconocidas como víctimas, las solicitudes presentadas durante la audiencia.
