El presidente Gustavo Petro realizó un cambio en su defensa legal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio de importantes desarrollos judiciales, debido a la renuncia del abogado Julio César Ortíz, quien hasta ahora había representado al mandatario en este proceso.
El Consejo Nacional Electoral investiga la campaña «Petro Presidente» por presuntas irregularidades financieras en la campaña presidencial de 2022. La dimisión del exmagistrado Julio Cesar Ortíz se da en el momento que los magistrados del CNE Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz preparan ponencia de formulación de cargos.
Los magistrados investigadores del CNE están revisando los reportes de la DIAN, Colombia Humana para establecer si cerca de 6.000 millones de pesos que fueron usados para eventos de campaña no aparecen en libros y contabilidad.
Además de los pagos a los testigos electorales, los gastos de publicidad pagada a un canal de televisión, aportes de los sindicatos de Fecode y la USO, entre otros.
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El nuevo representante legal de Gustavo Petro ante el CNE será Héctor Carvajal, un abogado que ha representado al exalcalde Daniel Quintero.
Héctor Carvajal al igual que Julio Cesar Ortíz estan entre los posibles candidatos del Gobierno para ser Procurador General.
Carvajal asume este rol en un momento crucial, mientras se espera una decisión definitiva sobre las acusaciones de violación de topes en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.
Fiscalía anunció la apertura de 6 nuevas indagaciones en caso de financiación de la campaña «Petro Presidente».
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Entre los funcionarios investigados esta la vicepresidenta Francia Márquez , el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en calidad de Gerente de la Campaña al Congreso de la República del Partido Pacto Histórico, el Embajador Armando Benedetti, FECODE y la USO.
El contexto de la renuncia de Julio César Ortiz sugiere un cambio estratégico en la defensa del presidente Petro. El reconocido abogado hace unos días renunció a la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde era el representante del Gobierno Nacional.
Este movimiento legal llega en una semana decisiva para el presidente y su equipo, con implicaciones que podrían redefinir el curso del proceso electoral y sus repercusiones políticas y legales.
