Por Redacción Judicial
Ocho años después de las muertes que sacudieron al país en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht, el Tribunal Superior tomó una decisión que reabre interrogantes sobre uno de los episodios más recordados en el caso Odebrech: negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación y ordenó continuar las investigaciones sobre la muerte de Jorge Enrique Pizano Callejas y de su hijo Alejandro Pizano.
La decisión, conocida este 14 de julio de 2026, ratificó el fallo emitido en marzo de 2024 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza, que ya había rechazado el intento de la Fiscalía de cerrar definitivamente el expediente.
Para el Tribunal, las pruebas recaudadas hasta ahora no permiten concluir de manera definitiva qué ocurrió realmente y aún permanecen abiertas varias hipótesis, entre ellas homicidio, suicidio, accidente o muerte natural.
«Existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, el suicidio o la muerte natural. Ninguna ha sido demostrada conforme al estándar probatorio exigido«, señaló la corporación judicial en su decisión.
¿Quién era Jorge Enrique Pizano?
Jorge Enrique Pizano era ingeniero civil y se desempeñó como auditor e interventor del proyecto Ruta del Sol II, la megaobra vial adjudicada al consorcio liderado por la multinacional brasileña Odebrecht.
Su nombre adquirió relevancia nacional porque fue una de las primeras personas en advertir presuntas irregularidades financieras y movimientos sospechosos relacionados con contratos y pagos dentro del proyecto.
Antes de morir había entregado información sobre posibles hechos de corrupción relacionados con el entramado de sobornos de Odebrecht en Colombia y había manifestado preocupación por su seguridad.
Por esa razón, su muerte generó desde el comienzo múltiples preguntas y teorías sobre una posible relación con el escándalo que involucró a empresarios, funcionarios públicos y dirigentes políticos.
La muerte que conmocionó al país
Según el expediente judicial, el 8 de noviembre de 2018, hacia las 7:30 de la mañana, Jorge Enrique Pizano fue hallado inconsciente por su esposa en el baño principal de la finca El Ático, ubicada en Subachoque, Cundinamarca.
Fue trasladado a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales.
La Fiscalía sostuvo durante años que su fallecimiento obedeció a causas naturales derivadas de una enfermedad cardíaca preexistente.
Sin embargo, el Tribunal concluyó ahora que esa hipótesis no fue demostrada plenamente.
«Aunque la autopsia clínica acredita la existencia de una enfermedad cardíaca preexistente, no demuestra que fuera la causa de muerte de Pizano Callejas«, indicó la providencia.
Los magistrados resaltaron además que el propio médico patólogo explicó durante el proceso que la conclusión de muerte natural fue una inferencia construida por descarte y no una determinación categórica sustentada en evidencia concluyente.
La tragedia aumentó tres días después
La conmoción creció el 11 de noviembre de 2018, cuando Alejandro Pizano, hijo del ingeniero, falleció en la misma finca.
La versión oficial de la Fiscalía indicó que el joven llegó desde el exterior al sepelio de su padre y consumió accidentalmente el contenido de una botella de agua saborizada que contenía cianuro.
Según esa teoría, la sustancia había sido preparada por su padre antes de morir y permanecía en el inmueble cuando Alejandro regresó desde el exterior para asistir a las exequias.
La Fiscalía concluyó que se trató de una ingesta accidental.
No obstante, el Tribunal encontró que esa explicación tampoco está completamente acreditada.
«No quedó plenamente acreditado que la botella con cianuro y la secuencia descrita por la Fiscalía basten para cerrar el expediente«, sostuvo la corporación.
Alejandro Pizano Ponce de León tenía 31 años cuando falleció en noviembre de 2018. Al momento de su muerte, su esposa estaba embarazada de aproximadamente seis meses.
Los vacíos que encontró el Tribunal
La decisión judicial dedica buena parte de su análisis a señalar inconsistencias y aspectos que, a juicio de los magistrados, no fueron suficientemente investigados.
Uno de los puntos más relevantes es el acceso a la finca El Ático.
El Tribunal recordó que múltiples testimonios coinciden en que no se trataba de un lugar de acceso exclusivo.
Familiares, trabajadores, contratistas y personal de servicio podían ingresar al inmueble.
Incluso se mencionó un antecedente de intento de hurto y el testimonio de una empleada que aseguró haber encontrado una puerta abierta el día de los hechos.
Asimismo, la corporación cuestionó varios testimonios utilizados para respaldar la hipótesis de la Fiscalía.
Según el fallo, ninguna persona observó directamente a Jorge Enrique Pizano ingerir alguna sustancia y algunas versiones que apuntaban a un supuesto suicidio carecían de hechos concretos que permitieran sustentarlas.
También llamó la atención sobre movimientos de objetos dentro de la finca y sobre la existencia de documentos cuyo manejo no quedó plenamente esclarecido.
El enigma del celular
Otro de los aspectos que deberá seguir investigándose es el teléfono celular de Jorge Enrique Pizano.
De acuerdo con los análisis forenses, el dispositivo registró actividad laboral y personal hasta la fecha de la muerte.
Allí aparecían reuniones, pagos, proyectos profesionales y comunicaciones relacionadas incluso con el caso Odebrecht.
Sin embargo, parte de la información de WhatsApp no pudo recuperarse.
Los peritos establecieron dos posibles explicaciones: que los mensajes hubieran sido eliminados por el propio usuario o que hubieran sido borrados por otra persona.
El Tribunal consideró que esa circunstancia no puede ser ignorada y ordenó profundizar en esa línea investigativa.
La posible conexión con Odebrecht
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la crítica directa que hace a la Fiscalía por no haber explorado suficientemente una eventual relación entre las muertes y el escándalo de Odebrecht.
Los magistrados señalaron que persisten hipótesis plausibles que deben ser agotadas antes de pensar en cerrar definitivamente el caso.
«No se han explorado plenamente hipótesis delictivas plausibles», advirtió el Tribunal.
La decisión indica que deberán investigarse posibles conexiones entre ambos fallecimientos, los sobornos pagados por Odebrecht, eventuales beneficiarios de esos pagos y personas que ya fueron judicializadas o condenadas tanto en Colombia como en otros países.
¿Qué sigue ahora?
La determinación del Tribunal no significa que exista evidencia definitiva de un homicidio ni que se descarte la posibilidad de una muerte natural o accidental.
Lo que establece es que la Fiscalía todavía no ha alcanzado el nivel probatorio requerido para cerrar el expediente.
En consecuencia, el organismo investigador deberá continuar recopilando pruebas, profundizar en las líneas pendientes y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron ambas muertes.
Solo después de agotar esas diligencias podrá evaluarse nuevamente si existen motivos para presentar una acusación o, por el contrario, intentar una nueva solicitud de preclusión.
Por ahora, uno de los capítulos más enigmáticos vinculados al escándalo de Odebrecht permanece abierto.
Y ocho años después de la muerte del hombre que alertó sobre las irregularidades en la Ruta del Sol II, la justicia concluyó que todavía hay preguntas fundamentales sin respuesta.