
Presidente firma decreto que reactiva los permisos de porte legal de armas bajo estrictos controles; más de 15.700 armas ilegales han sido incautadas este año
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia, una de las principales promesas que había realizado durante su campaña presidencial. La decisión marca un cambio significativo en la política de control de armas vigente durante los últimos años y abre nuevamente la posibilidad de que ciudadanos que cumplan estrictos requisitos legales puedan obtener autorización para portar armas.
Sin embargo, el mandatario fue enfático en señalar que la medida no implica el porte libre o indiscriminado de armas en el territorio nacional. Por el contrario, aseguró que seguirán vigentes los controles establecidos por las autoridades militares y los organismos encargados de regular y supervisar este tipo de permisos.
“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, afirmó el jefe de Estado a través de su cuenta oficial en la red social X.
“La gente decente tiene derecho a defenderse”
En un mensaje divulgado junto al decreto firmado en la Casa de Nariño, De La Espriella defendió la decisión argumentando que la política de suspensión general terminaba afectando principalmente a quienes respetan la ley.
“La palabra de un hombre es su honor, y yo tengo honor; por eso cumplo mi palabra. Durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas”, manifestó.
El mandatario también hizo referencia al desequilibrio que, según él, existe entre la ciudadanía y las estructuras criminales.
“No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, sostuvo.
No obstante, reiteró que los ciudadanos que aspiren a obtener un permiso deberán demostrar condiciones físicas, psicológicas y emocionales adecuadas, además de carecer de antecedentes judiciales.
El decreto mantiene la autoridad del Estado sobre las armas
El Gobierno aclaró que el decreto no elimina el control estatal sobre el porte de armas, sino que pone fin a la suspensión general que operaba como una prohibición casi absoluta.
“Esto no significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, explicó el presidente.
En consecuencia, las autoridades militares continuarán siendo las encargadas de evaluar las solicitudes y expedir los respectivos salvoconductos.
Las cifras que presentó el Gobierno para sustentar la medida
Para justificar el levantamiento de la suspensión, el Gobierno reveló datos sobre la incautación de armamento ilegal en Colombia durante 2026.
Según cifras oficiales entregadas por el presidente, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban vinculadas a actividades delictivas.
El jefe de Estado también dio a conocer información sobre armamento asociado a grupos armados organizados:
- 980 armas relacionadas con disidencias de las Farc.
- 551 armas vinculadas al Clan del Golfo.
- 339 armas asociadas al ELN.
Adicionalmente, informó que dentro del material decomisado a las disidencias se encontraron:
- 380 fusiles.
- 65 morteros calibre 60 milímetros.
“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, expresó De La Espriella.
¿Cuáles serán los requisitos para portar un arma legalmente?
Aunque el decreto elimina la suspensión general, el porte legal continuará sujeto a una serie de condiciones que deberán acreditar los solicitantes.
Entre los principales requisitos figuran:
- Tener un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente.
- Ser mayor de 25 años.
- No registrar antecedentes judiciales.
- Aprobar evaluaciones médicas y psicofísicas.
- Demostrar aptitud emocional y psicológica.
- Acreditar conocimientos sobre el manejo seguro de armas de fuego.
- Portar únicamente el arma amparada por el permiso correspondiente.
Las autoridades podrán negar o revocar permisos cuando consideren que existe riesgo para la seguridad ciudadana o incumplimiento de las condiciones establecidas.
¿Cuántas armas tienen salvoconducto en Colombia?
De acuerdo con registros históricos de la Industria Militar (Indumil) y el Ministerio de Defensa, en Colombia existen aproximadamente entre 250.000 y 300.000 armas amparadas con permisos legales vigentes, aunque la cifra exacta puede variar dependiendo de renovaciones, cancelaciones y nuevas autorizaciones otorgadas cada año.
Los datos oficiales también han mostrado en años recientes que el universo de armas legales representa una pequeña porción frente al armamento ilegal que circula en manos de organizaciones criminales y bandas dedicadas al narcotráfico, extorsión y minería ilegal.
Expertos en seguridad señalan que el principal desafío para el Estado sigue siendo combatir el tráfico ilegal de armas, una problemática que alimenta los índices de homicidio y otras formas de violencia en distintas regiones del país.
Debate sobre seguridad y legítima defensa
La decisión del Gobierno ya comenzó a generar reacciones entre sectores políticos, organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en seguridad. Mientras algunos consideran que facilitar el acceso al porte legal fortalecerá el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos, otros advierten sobre posibles riesgos derivados de una mayor presencia de armas en espacios civiles.
La medida promete convertirse en uno de los debates más intensos del primer año de gobierno de Abelardo De La Espriella, quien ha defendido una política de seguridad más estricta contra las organizaciones criminales y una mayor protección para los ciudadanos que cumplen la ley.
Por ahora, el decreto entrará en vigencia con la publicación oficial de la norma y las autoridades comenzarán a reglamentar los procedimientos para tramitar las nuevas solicitudes de permisos de porte de armas en Colombia.