Un nuevo giro tomó el proceso judicial que enfrenta el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual. Durante la audiencia de imputación de cargos realizada este martes 4 de agosto, la Fiscalía informó que tres de las cuatro mujeres mencionadas en el caso enviaron una carta en la que manifestaron su decisión de no intervenir en el juicio y renunciaron a la representación legal que les había sido asignada por la Defensoría del Pueblo.
La revelación se produjo en medio de una extensa diligencia judicial que se prolongó durante casi seis horas y que fue seguida con atención por medios de comunicación y observadores del proceso. Según explicó la fiscal encargada del caso, el documento fue recibido en la mañana del martes y estaba dirigido tanto al despacho de la jueza como al grupo de fiscales que adelanta la investigación.
“Las víctimas, en número de tres, lo que solicitan es que se reserve la identidad de sus nombres en cualquier diligencia judicial y renuncian, en lo básico, a la representación que pudiese ejercer frente a sus derechos en este proceso la Defensoría Pública”, señaló la fiscal durante la audiencia.
«La Fiscal realizó el acercamiento ante la Defensoría del Pueblo para la asignación para garantizar el acceso, el día de ayer recibimos la designación de una defensora para realizar esta representación».
La funcionaria agregó que la Fiscalía no encontró objeciones frente a la voluntad expresada por las mujeres. “En punto de la renuncia a la representación y a que no quieren participar dentro de este juicio, la Fiscalía no tiene ninguna objeción frente a estas manifestaciones, eso si son reiterativas en que exclusivamente para temas de defensa sean conocidos sus nombres por las personas que tengan el derecho a hacerlo y segundo que todas las audiencias sean reservadas”, afirmó.
Las tres mujeres habrían indicado a la Fiscalía que los hechos correspondían a situaciones de carácter laboral entre el 2024 y 2025 que, según ellas, recibieron el trámite correspondiente en su momento. Asimismo, habrían señalado que nunca presentaron denuncias formales ante las autoridades judiciales.
La investigación continúa porque el delito no admite desistimiento
Pese a la decisión de las tres mujeres, el caso contra Jorge Alfredo Vargas no se archiva ni se suspende. La Fiscalía confirmó que dentro del expediente permanece una denunciante, razón por la cual el proceso judicial continúa su curso normal.
El delito de acoso sexual, previsto en el Código Penal colombiano, no es querellable, sino que se investiga de oficio. Esto significa que no depende de la voluntad de la presunta víctima para que la acción penal continúe, razón por la cual la Fiscalía puede seguir adelante con el proceso aun cuando alguna de las denunciantes manifieste que no desea intervenir.
En consecuencia, la actuación judicial continuará bajo la dirección del ente acusador y si la fiscal del caso sobre estas personas ante la imposibilidad de investigar podría solicitar la preclusión del caso sobre las tres víctimas que han renunciado a su derecho de acudir al juicio y continuar el proceso frente a la víctima número 1.
Frente a las implicaciones jurídicas de la decisión adoptada por tres de las presuntas víctimas, el abogado penalista Francisco Bernate explicó que la actuación de la Fiscalía no necesariamente se ve limitada por su ausencia en el juicio. Según el jurista
Durante la audiencia también surgió una discusión jurídica relacionada con la identificación de esa denunciante. La defensa de la presunta víctima solicitó mantener en reserva su identidad, argumentando que así quedó establecido en el poder otorgado para su representación.
La jueza del caso pidió claridad sobre este punto y solicitó conocer quién es la persona que permanecería vinculada al proceso como denunciante, aspecto que podría generar nuevas decisiones procesales en las próximas etapas de la actuación judicial.
Vargas asistió acompañado de su equipo jurídico
El periodista y presentador compareció de manera virtual a la audiencia acompañado por sus abogados María Paulina Riveros y Juan David Bazzani, quienes ejercen su defensa dentro de este proceso.
Al finalizar la diligencia el periodista no aceptó cargas y luego publicó un video donde dijo:
Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil, fue un silencio doloroso mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia. Decidí hablar por una razón muy concreta: solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala«, manifestó.
El comunicador sostuvo que durante ese tiempo no tuvo conocimiento detallado de las acusaciones formuladas en su contra y defendió el derecho de toda persona investigada a conocer los cargos para poder ejercer adecuadamente su defensa.
«Quiero hacer énfasis en esto: durante estos 137 días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra. Nunca las conocí. Toda persona tiene derecho a acudir a la justicia, ese principio nunca ha estado ni estará en discusión para mí. Pero quien es señalado, como lo he sido yo, pues también tiene derecho a conocer los hechos, a responder y, sobre todo, a defenderse. Para mí, ese momento apenas comienza hoy.»
El periodista también agradeció el respaldo recibido por parte de su entorno familiar durante los meses en los que permaneció en silencio.
«A Inés María, a Laura, a Sofía y a Felipe, gracias por creerme, por abrazarme, por acogerme y por sostenerme todos estos meses.«
La diligencia, que concentró la atención mediática durante varias horas, dejó en evidencia un cambio significativo en la participación de las personas inicialmente relacionadas con el caso. No obstante, la existencia de una denunciante y la continuidad de la actuación de la Fiscalía mantienen abierto un expediente que sigue avanzando en los estrados judiciales.
Con este nuevo escenario, las próximas audiencias serán determinantes para definir el rumbo de una investigación que ha generado amplio interés público y que ahora enfrenta una nueva etapa marcada por la decisión de tres de las mujeres mencionadas de mantenerse al margen del juicio.