La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para el Sector de Infraestructura, determinó un hallazgo fiscal a la ANI por $824.960 millones, en el marco de una Auditoría de Cumplimiento realizada a ésta por el Contrato de Concesión 4G de Iniciativa Privada Chirajara – Fundadores y otros contratos asociados a este corredor vial, durante las vigencias 2022 a 2025.
la Contraloría evidenció que el Viaducto Chirajara, pese a estar finalizado desde hace casi dos años y medio, aún no ha sido puesto en operación.
En el Contrato de Concesión Nro. 444 de 1994, el órgano de control evidenció que, pese a haber sido construido y finalizado, con entregas de tramos viales entre junio de 2015 y febrero de 2024, incluyendo la construcción nueva del Viaducto Chirajara, hoy todavía existe un tramo de 6,5 km de esta Vía Bogotá – Villavicencio que no ha entrado en operación, debido a daños aún no reparados en el Túnel 13 y al colapso del Puente 1 del sector 3A, ocurrido el 15 de junio de 2019 en las proximidades del kilómetro 58 de esta vía.
Pese a que el Viaducto Chirajara está terminado desde el 4 de febrero de 2024, a la fecha continúa sin recibo formal por parte de la ANI, sin entrar en operación y sin cumplir la finalidad para la cual fue construido haciendo uso de cuantiosos recursos públicos, limitando con ello su integración funcional a la doble calzada del corredor vial Bogotá – Villavicencio y afectando la prestación continua, eficiente y segura del servicio público de transporte.
En el marco de esta auditoría, el equipo auditor constató que en laudo arbitral del 10 de noviembre de 2023 se advirtió que la ANI había asumido el riesgo de inestabilidad de la ladera del km 58, y que ello sucedió en fecha posterior a la ocurrencia de los daños estructurales ya citados, por lo que fue condenada a realizar las intervenciones necesarias para reparar el túnel y viaducto citados y con ello poner en operación éstos, el Viaducto Chirajara y el tramo vial de doble calzada que los incluye.
Para la Contraloría General de la República, lo anterior evidencia que la Agencia Nacional de Infraestructura no ha adelantado de manera adecuada y oportuna las gestiones necesarias y suficientes para viabilizar y ejecutar las intervenciones requeridas en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca) que, según laudo arbitral condenatorio a la ANI de noviembre 10 de 2023, están bajo su responsabilidad y se requieren para superar las circunstancias que hoy todavía impiden la funcionalidad de dicho viaducto y del tramo de doble calzada que lo incluye.
Se hace notar que se trata de un laudo arbitral de hace más de 32 meses y un Viaducto Chirajara que está terminado desde hace más de 29 meses, sin que la ANI haya sido efectiva en la solución correspondiente, ocasionando que un tramo importante de doble calzada y cuantiosos recursos públicos estén todavía hoy sin prestar el servicio para el cual fueron destinados y con riesgo de deterioro progresivo.