Las declaraciones de Angie Rodríguez, Salvatore Mancuso y su abogado motivaron denuncias y solicitudes de investigación por presuntas presiones para señalar a dirigentes políticos. Gustavo Petro niega haber dado esas instrucciones y Hollman Morris rechaza que se hubiera preparado una operación de televisión para difundirlas.
El Pacto de Valledupar quedó en el centro de solicitudes de investigación que buscan esclarecer si reuniones entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y antiguos comandantes paramilitares fueron utilizadas para promover declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. Las peticiones incluyen recibir testimonios, revisar documentos institucionales y verificar la eventual participación de RTVC, hoy Inravisión.
La investigación a Benedetti y Angie Rodríguez por el llamado “Pacto de Valledupar” avanza en el ámbito disciplinario. La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación contra el exministro del Interior y la exdirectora del Dapre para establecer si participaron en un presunto intento de instrumentalizar a antiguos comandantes paramilitares para obtener declaraciones contra Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, con fines electorales.
La decisión se conoció después de las declaraciones de Rodríguez y de Salvatore Mancuso sobre los encuentros celebrados en Valledupar en octubre de 2025. Según esos señalamientos, las reuniones, presentadas como espacios de diálogo institucional, habrían sido utilizadas para promover testimonios contra dirigentes políticos. El organismo de control deberá esclarecer qué ocurrió, cuál fue la intervención de los investigados y si sus actuaciones constituyeron faltas disciplinarias.
La controversia surge de las versiones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia —Dapre—; Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, y Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor del exjefe paramilitar.
Sus relatos plantean interrogantes sobre los encuentros realizados en Valledupar en octubre de 2025, convocados en el marco de conversaciones relacionadas con el proceso de desmovilización de las autodefensas. Las presuntas presiones y las responsabilidades individuales deberán ser establecidas por las autoridades.
Otras solicitudes de investigación
El ministro de Justicia, Iván Cancino, presentó una solicitud ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para verificar las reuniones, identificar a sus participantes y establecer si existieron presiones, ofrecimientos irregulares o intentos de promover testimonios falsos.
El requerimiento también pide examinar si se utilizaron recursos públicos o mecanismos de justicia transicional con propósitos distintos de los previstos legalmente.
Por separado, los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo, conocida como Tyche, acudieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para solicitar que se examine la eventual responsabilidad de Petro por actuaciones durante su Presidencia.
Otra denuncia fue presentada por Carol Borda y la bancada de Salvación Nacional. Estas actuaciones buscan que se esclarezcan los señalamientos; su radicación no constituye una determinación de responsabilidad.
Los testimonios y documentos que pidieron revisar
Las solicitudes conocidas plantean recibir o incorporar las declaraciones de Rodríguez, Mancuso y Villamizar, así como identificar a quienes organizaron y participaron en los encuentros.
Entre las verificaciones documentales solicitadas están:
- Actas de las reuniones, para establecer fechas, asistentes y asuntos tratados.
- Registros de ingreso, que permitan contrastar quiénes estuvieron presentes.
- Comunicaciones institucionales, relacionadas con la convocatoria y las instrucciones.
- Documentación sobre la intervención de RTVC y sus funcionarios, incluidos los recursos que eventualmente se hubieran destinado a los encuentros.
- Soportes sobre posibles ofrecimientos de beneficios judiciales o penitenciarios, para determinar quién los habría planteado y bajo qué fundamento.
El propósito es contrastar las versiones y establecer si existieron instrucciones oficiales para obtener declaraciones con finalidad política. Se trata de diligencias solicitadas por los denunciantes, cuya práctica corresponde decidir a las autoridades competentes.
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Por qué se menciona a Hollman Morris y a RTVC
Uno de los puntos de la controversia es la supuesta preparación de un dispositivo de televisión para transmitir declaraciones de los antiguos comandantes paramilitares.
Las versiones citadas en la denuncia señalan que Hollman Morris, entonces gerente de RTVC, habría dispuesto una unidad móvil y personal de producción. Los denunciantes pidieron verificar documentalmente la participación del sistema de medios públicos y la eventual utilización de recursos estatales.
Morris negó esa versión. Reconoció que estuvo en Valledupar durante esos días, pero explicó que buscaba registrar un eventual encuentro entre Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y conseguir una entrevista con este último.
También rechazó que hubiera una unidad móvil, una presentadora y equipos preparados para difundir señalamientos contra dirigentes políticos. Su explicación introduce una versión distinta que deberá contrastarse con los testimonios y los registros disponibles.
Qué dijeron Mancuso y su abogado
Mancuso aseguró que delegados del Gobierno les pidieron a los antiguos comandantes de las autodefensas formular señalamientos contra los tres dirigentes. Sin embargo, precisó que Petro no le hizo personalmente esa solicitud.
Villamizar, quien afirmó haber presenciado las reuniones, señaló que Rodríguez y Víctor de Currea-Lugo plantearon que los exjefes paramilitares hicieran pública información sobre Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras. Según su relato, los interlocutores atribuyeron la petición al entonces presidente.
La investigación deberá esclarecer el contenido de esas conversaciones y distinguir entre solicitudes legítimas de aportes a la verdad y eventuales presiones para obtener declaraciones falsas o interesadas.
Petro negó haber ordenado presiones
El expresidente rechazó los señalamientos y pidió que se conozcan las actas, comunicaciones, grabaciones y nombres de los participantes.
“Yo no necesito que nadie invente acusaciones contra Álvaro Uribe ni contra ninguna otra persona”, manifestó.
Petro sostuvo que el espacio de interlocución fue establecido mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con objetivos de esclarecimiento de la verdad, reparación a las víctimas y revisión de asuntos pendientes del proceso de paz con las autodefensas.
El punto central de las solicitudes es establecer si las reuniones conservaron esos objetivos o si fueron utilizadas para otros fines. Esa conclusión dependerá de los testimonios, los documentos y las demás pruebas que recauden las autoridades.
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