El abogado Camilo Rincón, representante de la familia del estudiante de la Universidad de los Andes, anunció que apelará la pena impuesta a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. Aunque calificó el fallo condenatorio como un “bálsamo” para los allegados de la víctima, considera que la sanción fue benévola frente a la gravedad que el propio juez atribuyó al homicidio. La sentencia es de primera instancia y todavía puede ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Caso Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Casi un año después del homicidio del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes durante la celebración de Halloween de 2025 en Bogotá, la justicia condenó a 37 años y seis meses de prisión, equivalentes a 450 meses, a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, declarados responsables como coautores de homicidio agravado.
La decisión, adoptada por el Juzgado 801 Penal del Circuito Transitorio de Bogotá, también impuso a los dos condenados inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo término de la pena principal. Ambos continuarán privados de la libertad.
Camilo Rincón, abogado de la familia Moreno Jaramillo, anunció que recurrirá exclusivamente el monto de la pena. La representación de víctimas había solicitado 550 meses de prisión, es decir, 45 años y 10 meses, y pretende que esa sea la sanción que finalmente reciban los responsables.
¿Por qué la familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo considera insuficiente la condena?
Para la representación de las víctimas existe una diferencia entre la contundencia de las conclusiones judiciales sobre la responsabilidad de los dos hombres y los 37 años y seis meses finalmente fijados como pena.
Camilo Rincón explicó que apelará concretamente el quantum punitivo, término jurídico que hace referencia a la cantidad o duración de la pena impuesta. El abogado considera que el juez fue “muy benévolo” y buscará que el Tribunal Superior de Bogotá la eleve hasta los 550 meses solicitados durante el proceso.
La inconformidad fue expresada también por el padre del universitario, Jaime Moreno, quien aseguró que la familia esperaba una pena superior. Al mismo tiempo, reconoció la actuación de las autoridades y valoró que el proceso hubiera concluido con una declaración de responsabilidad penal contra los dos procesados.
Por eso, el recurso anunciado no cuestionará la declaración de culpabilidad, sino la extensión de la pena. La sentencia todavía es de primera instancia y contra ella proceden los recursos establecidos por la ley.
¿Por qué fueron condenados Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro?
El delito por el que fueron declarados responsables es homicidio agravado.
El juzgado descartó la postura defensiva que buscaba que los hechos fueran analizados como homicidio preterintencional, figura aplicable, en términos generales, cuando una persona pretende causar un daño, pero el resultado producido excede la intención inicial.
La decisión judicial concluyó, por el contrario, que hubo un homicidio doloso en circunstancias de agravación y valoró especialmente que Jaime Esteban Moreno Jaramillo se encontraba en situación de indefensión durante una parte determinante de la agresión.
Ese punto es esencial porque una de las líneas que intentaron desarrollar las defensas era discutir el alcance de la intención de los acusados. El juez no acogió la tesis de que se hubiera tratado simplemente de una agresión cuyo resultado mortal superó lo pretendido.
El debate sobre quién causó el resultado mortal
Otro asunto central durante el proceso fue determinar la responsabilidad individual de los participantes.
Según explicó Camilo Rincón después de la sentencia, el juez descartó el planteamiento con el cual la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz pretendía trasladar la responsabilidad por la muerte exclusivamente a Ricardo Rafael González Castro. El juzgado valoró la agresión en su conjunto y la actuación de ambos condenados.
Para llegar a esa conclusión resultaron relevantes los vídeos de cámaras de seguridad, testimonios y elementos forenses incorporados al proceso.
El testimonio del amigo que se encontraba con Jaime Esteban Moreno Jaramillo la madrugada de los hechos también formó parte de la reconstrucción presentada ante la justicia.
¿Qué ocurrió la madrugada del 31 de octubre de 2025?
Los hechos se remontan a la madrugada del 31 de octubre de 2025, después de una celebración de Halloween en Bogotá.
Jaime Esteban Moreno Jaramillo había estado en un establecimiento nocturno y posteriormente salió acompañado de un amigo. Según la reconstrucción de la Fiscalía incorporada al proceso, los jóvenes buscaban transporte para regresar a casa cuando se produjo una primera agresión. La víctima no respondió a ese ataque y decidió retirarse para evitar que la situación escalara.
Las cámaras de seguridad permitieron posteriormente establecer que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro persiguieron al universitario hasta alcanzarlo en una esquina.
De acuerdo con la reconstrucción acogida judicialmente, Ricardo Rafael González Castro derribó al estudiante mediante una agresión por la espalda. Una vez la víctima quedó en el suelo y en condición de indefensión, Juan Carlos Suárez Ortiz continuó la agresión.
Después, los responsables abandonaron el lugar. El universitario fue trasladado a un centro asistencial con lesiones graves y murió posteriormente.
El juez consideró acreditado que no se trató simplemente de determinar cuál de los dos acusados había producido una lesión específica, sino de valorar la actuación conjunta que terminó ocasionando la muerte.
¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo?
Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía 20 años y estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes. Informaciones publicadas en los primeros días posteriores al crimen indicaron que cursaba séptimo semestre.
Su muerte provocó una fuerte reacción en la comunidad universitaria y convirtió el proceso penal en uno de los casos judiciales de mayor seguimiento desde Halloween de 2025.
El juicio oral se instaló formalmente el 9 de junio de 2026 ante el Juzgado 801 Penal del Circuito Transitorio. Meses después, tras recibir y valorar las pruebas presentadas durante el proceso, el despacho encontró penalmente responsables a los dos acusados.
¿Quiénes son Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro?
Juan Carlos Suárez Ortiz es uno de los dos hombres declarados responsables del homicidio. Durante las primeras etapas del proceso, su defensa destacó su trayectoria académica. La Universidad de los Andes aclaró entonces que había estado matriculado en esa institución hasta el segundo semestre de 2023.
Ricardo Rafael González Castro, segundo condenado, fue procesado junto con Suárez después de que las autoridades lo vincularan con la agresión registrada por las cámaras de seguridad. Durante la etapa del juicio permanecía privado de la libertad.
Con la sentencia de primera instancia, la situación jurídica de los dos cambió definitivamente frente a las etapas anteriores del proceso: ya no son únicamente acusados o procesados, sino personas condenadas judicialmente por homicidio agravado, aunque la decisión todavía admite recursos.
¿Qué pidió cada parte en el proceso?
La representación de las víctimas solicitó una pena de 550 meses, equivalentes a 45 años y 10 meses de prisión, petición que Camilo Rincón mantiene y que será el eje de su apelación.
Las defensas de los acusados buscaron controvertir tanto la calificación jurídica como el alcance de la responsabilidad. Entre sus argumentos estuvo la posibilidad de considerar los hechos como un homicidio preterintencional, tesis que finalmente fue descartada por el despacho. También se desarrolló una estrategia encaminada a diferenciar la responsabilidad atribuible a cada participante.
La Fiscalía, por su parte, consiguió que el juzgado acogiera la acusación por homicidio agravado y que declarara responsables a ambos procesados. Las pruebas técnicas, los registros audiovisuales y los testimonios fueron fundamentales para sustentar la participación conjunta de los acusados.
La sentencia finalmente estableció 450 meses de prisión, es decir, 37 años y seis meses, para cada condenado.
El proceso todavía no termina: habrá apelaciones
La condena conocida es de primera instancia, por lo que no representa todavía el cierre definitivo del proceso.
La representación de la familia recurrirá la duración de la pena con la intención de que el Tribunal Superior de Bogotá la aumente. Según Camilo Rincón, el objetivo es llegar a los 550 meses de prisión solicitados previamente.
Las defensas también han anunciado recursos contra la decisión, según reportes posteriores a la sentencia.
Será entonces la segunda instancia la que determine si mantiene los 37 años y seis meses, modifica la pena dentro de los límites jurídicamente aplicables o adopta otra decisión frente a los recursos presentados.
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La mujer que continúa vinculada al caso
El expediente tiene, además, otro frente pendiente.
Kleidymar Paola Fernández Sulbarán ha sido señalada dentro de la investigación por su presunta participación como instigadora de la agresión. A diferencia de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, no ha sido condenada por estos hechos, por lo que debe preservarse su presunción de inocencia. Reportes del caso señalan que continúa siendo requerida por las autoridades.
La representación de las víctimas espera que el proceso relacionado con ella pueda avanzar. De esta manera, pese a la sentencia contra los dos autores ya condenados, el caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo todavía tiene actuaciones judiciales pendientes, tanto por las apelaciones como por este frente investigativo.
Una condena que la familia recibe con alivio, pero considera insuficiente
La sentencia representa un punto decisivo después de casi un año de investigación y juicio.
Camilo Rincón describió la declaración de responsabilidad como un**“bálsamo” para la familia**, pero al mismo tiempo dejó claro que recurrirá la extensión de la pena.
La discusión judicial pasa ahora de establecer quiénes fueron responsables, asunto resuelto en primera instancia, a determinar cuál debe ser la extensión definitiva de la condena.
Mientras Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro permanecen privados de la libertad, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá que estudiar los recursos que se interpongan contra una sentencia que fijó 37 años y seis meses de cárcel por uno de los homicidios de mayor repercusión ocurridos durante la celebración de Halloween de 2025 en Bogotá.
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