La Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que la Corte Suprema de Justicia determine si existen elementos que comprometan la responsabilidad de exintegrantes del Congreso vinculados al partido Comunes en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La actuación abre una nueva línea judicial tras las revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda del senador.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay entra en una nueva fase judicial. La Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que el alto tribunal examine las posibles responsabilidades de personas que tuvieron la condición de congresistas y que han sido mencionadas dentro de las nuevas líneas de investigación relacionadas con el crimen.
La decisión se produce días después de que María Claudia Tarazona, viuda del dirigente del Centro Democrático, revelara la existencia de información que, según explicó, entregó a las autoridades y que plantearía eventuales conexiones políticas detrás del asesinato. Entre las personas mencionadas públicamente aparece Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, exrepresentante a la Cámara por Comunes.
¿Por qué las copias llegan a la Corte Suprema?
La remisión tiene una explicación jurídica.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es la instancia encargada de investigar penalmente a los miembros del Congreso cobijados por fuero constitucional. Hasta el 15 de octubre, fuentes del alto tribunal indicaban que no había llegado una denuncia formal o compulsa de copias de la Fiscalía relacionada con parlamentarios y el crimen de Miguel Uribe
La situación cambia con la nueva actuación conocida este miércoles.
De hecho, el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, había solicitado expresamente a la Fiscalía examinar si la información relacionada con Luis Alberto Albán Urbano debía remitirse a la Corte Suprema para que el tribunal determinara los efectos de su condición de excongresista.
Las revelaciones de María Claudia Tarazona que reactivaron esta línea
Este nuevo capítulo comenzó públicamente el 14 de octubre, cuando María Claudia Tarazona aseguró que había entregado a la Fiscalía mensajes que recibió relacionados con el atentado contra su esposo.
De acuerdo con su relato, esa información mencionaba una supuesta orden procedente del Congreso y recursos que presuntamente habrían llegado desde Venezuela para financiar el crimen. La propia Tarazona ha reconocido que corresponde a las autoridades establecer si esos datos son ciertos.
En las comunicaciones divulgadas por la viuda aparece el nombre de Luis Alberto Albán Urbano, conocido como “Marcos Calarcá”, quien fue representante a la Cámara por Comunes hasta el 20 de julio de 2026.
Hasta ahora no existe una decisión judicial que establezca que Albán Urbano haya participado en la planeación, financiación u orden del asesinato.
El partido Comunes, por su parte, ha rechazado públicamente los señalamientos contra sus integrantes y ha afirmado que son objeto de una campaña de “ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones”.
Fiscalía ya estaba verificando los mensajes
La Fiscalía había confirmado antes de esta nueva actuación que estaba realizando actividades de policía judicial destinadas a determinar la procedencia del correo y las comunicaciones entregadas por María Claudia Tarazona, comprobar su autenticidad y establecer si la información contenida en ellas corresponde a hechos verificables.
El ente acusador señaló además que la línea relacionada con la posible financiación del magnicidio ya hacía parte de las pesquisas y que estaban desarrollándose diligencias investigativas en varias ciudades.
Gobierno había pedido esclarecer posibles nexos políticos
Las revelaciones también provocaron la intervención del Ministerio de Justicia.
El 19 de octubre, el ministro Alfonso Cancino González pidió formalmente a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón ampliar la investigación para establecer no solamente quiénes participaron materialmente en el asesinato, sino quién dio la orden, cómo se transmitieron las instrucciones, quién consiguió el dinero y si hubo personas que facilitaron el crimen desde posiciones de poder.
La petición incluyó verificar los mensajes y fotografías divulgados por Tarazona, su procedencia y autenticidad, además de profundizar en posibles fuentes de financiación y eventuales conexiones con otros actores.
El Gobierno también había pedido investigar específicamente la posible participación de “Marcos Calarcá”.
La Segunda Marquetalia, otra línea central de la investigación
Mientras se examinan posibles conexiones políticas, la Fiscalía ya había avanzado sustancialmente en otra de las líneas del caso: la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia en la determinación del crimen.
El 24 de marzo de 2026, la Fiscalía anunció siete órdenes de captura contra integrantes de esa estructura, incluido Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Géner García Molina, alias “John 40”. El ente investigador sostuvo entonces que el magnicidio había sido producto de una operación estructurada en la que habría intervenido la organización armada junto con la red urbana encargada de materializar el atentado.
La Fiscalía describió el móvil investigado como “político-instrumental”, asociado a la condición de Miguel Uribe Turbay como senador y figura presidencial.
Establecer si las nuevas informaciones relacionadas con excongresistas tienen alguna conexión probatoria con esa línea será uno de los asuntos que deberá resolver la investigación.
El crimen de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay fue atacado durante un acto político realizado el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá, cuando era senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.
Después de permanecer hospitalizado durante más de dos meses, murió el 11 de agosto de 2025, a los 39 años.
Desde entonces, la investigación ha permitido judicializar a diferentes integrantes de la estructura señalada de participar en la ejecución del crimen.
Entre los avances se encuentran los procesos contra Hernández, alias “Chipi”, y William Fernando González Cruz, alias “El Hermano”, quienes llegaron a preacuerdos con la Fiscalía por su participación en la coordinación y ejecución del atentado.
Previamente también había sido condenado Carlos Eduardo Mora González, alias “El Veneco”, por su participación en la logística del atentado. [focusnoticias.com]
Ahora la investigación apunta a determinar quién estuvo detrás de la orden
El reto judicial ha dejado de limitarse a reconstruir cómo se ejecutó el atentado.
La investigación busca establecer quién o quiénes determinaron el magnicidio, cómo se financió, qué estructura transmitió las órdenes y si detrás de los responsables ya procesados existieron otros actores.
Precisamente allí adquiere relevancia la compulsa de copias.
La actuación permitirá que el escenario judicial competente valore la información relacionada con excongresistas sin anticipar conclusiones. Una investigación, incluso si llega a abrirse formalmente, no equivale a una acusación ni mucho menos a una condena.
Será la evidencia obtenida y contrastada por las autoridades la que determine si las nuevas revelaciones guardan una conexión real con la cadena de mando del asesinato o deben ser descartadas.
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