El organismo vinculó a cinco personas naturales por un presunto daño patrimonial en el proyecto contratado entre CORALINA y ASOMUCOSTA, con recursos del Fondo Nacional Ambiental.
La investigación fiscal a CORALINA por el proyecto de recuperación de arrecifes en San Andrés avanzó con la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a $3.000 millones. La Contraloría General de la República anunció la decisión, después de identificar elementos que apuntan a un posible daño a los recursos destinados a proteger estos ecosistemas.
La actuación está a cargo de la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y corresponde al contrato celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago —CORALINA— y la Asociación de Municipios de la Costa —ASOMUCOSTA—.
El proyecto fue financiado por el Fondo Nacional Ambiental —FONAM— y tenía como objetivo recuperar arrecifes afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo.
Cinco personas vinculadas al proceso
La Contraloría vinculó a cinco personas naturales como presuntas responsables fiscales.
La revisión comprende actuaciones relacionadas con la planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación del contrato. El organismo mencionó entre los vinculados a servidores y exservidores públicos, así como al representante legal de la entidad contratista.
El proceso deberá establecer si se produjo un daño al patrimonio público, cuál fue su alcance y quiénes tendrían que responder.
Las advertencias sobre la ejecución del proyecto
La contratación para atender la emergencia de los corales ya había generado observaciones de auditoría.
Entre los antecedentes reportados figuran deficiencias en los estudios previos, falta de especificaciones técnicas y dificultades para precisar las cantidades de insumos y los requerimientos logísticos. Estas falencias habrían dificultado verificar cómo se calculó el valor de las actividades contratadas.
También se conocieron observaciones sobre pagos asociados a actividades no ejecutadas o sin soportes suficientes. Uno de los puntos examinados fue la vinculación de biólogos que correspondía al contratista, pero que habrían sido contratados por la corporación ambiental, pese a lo cual se realizaron pagos dentro del proyecto.
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La visita de la Contraloría al archipiélago
El anuncio se produjo después de la visita del contralor general, Jorge Laverde Vargas, en el marco de la estrategia “Vuelta Colombia por el Control”.
Esta iniciativa busca fortalecer la vigilancia fiscal en los territorios e identificar riesgos en la administración de los recursos públicos.
“La Contraloría continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control fiscal en San Andrés para que se haga efectiva la protección de los arrecifes coralinos, fundamentales para la conservación ambiental de este territorio”, manifestó Laverde
Qué enfermedad amenaza a los arrecifes
La enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, conocida internacionalmente como SCTLD, se propaga rápidamente y puede causar altas tasas de mortalidad.
CORALINA ha advertido que afecta especies formadoras de arrecifes, entre ellas corales cerebro, estrella y pilar, algunas de crecimiento lento y gran longevidad. Estas estructuras ofrecen refugio, hábitat y zonas de crianza para numerosos organismos marinos.
Los recursos del contrato estaban dirigidos a proteger esos ecosistemas. Su deterioro implica pérdida de biodiversidad, menor protección natural frente al oleaje y fenómenos extremos, y afectaciones sobre actividades económicas vinculadas al mar.
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Qué sigue en la actuación fiscal
La Contraloría continuará examinando la ejecución contractual y la participación de las personas vinculadas para determinar si se configura el detrimento anunciado.
El objeto de este expediente es el manejo de los recursos del proyecto de recuperación de arrecifes. CORALINA es la autoridad ambiental del archipiélago.
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