La viuda del senador aseguró que entregó a la Fiscalía información recibida antes del atentado que mencionaría al Congreso y recursos procedentes de Venezuela. También pidió establecer si personas vinculadas al partido Comunes tuvieron alguna relación con el magnicidio. La propia Tarazona advirtió que corresponde a las autoridades comprobar si la información es verdadera.
Más de un año después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, reveló nuevos elementos que, según afirma, ya fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación y que podrían contribuir a establecer quién estuvo detrás de la orden para asesinar al entonces senador y precandidato presidencial.
Tarazona aseguró que recibió en su teléfono información según la cual la instrucción para cometer el magnicidio habría provenido del Congreso de la República, mientras que el dinero para financiar el atentado supuestamente habría salido de Venezuela.
“La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República”: Tarazona
Sin embargo, la propia Tarazona reconoció que la información debe ser comprobada por los investigadores. Por tanto, sus afirmaciones no significan que esté demostrada judicialmente la responsabilidad de un congresista o de integrantes de una organización política en el asesinato.
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La información habría llegado antes del atentado
Uno de los elementos más relevantes de su relato es el momento en que presuntamente recibió la advertencia.
Según Tarazona, una persona cuya identidad no ha sido divulgada entregó información antes del ataque contra Miguel Uribe Turbay. Esa fuente habría advertido también de posibles atentados contra otros precandidatos del Centro Democrático.
Al explicar el contenido de esa información, Tarazona señaló:
“El candidato Miguel Uribe y, posiblemente, otros precandidatos del Centro Democrático van a ser asesinados. La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.
La viuda del dirigente político aseguró que el material fue puesto a disposición de la Fiscalía cumpliendo los procedimientos correspondientes.
“Esta información que llega a mi celular es entregada, como te digo, con todos los protocolos necesarios ante la Fiscalía”.
“Tenemos los nombres”
Tarazona aseguró además que la información recibida no estaría compuesta únicamente por afirmaciones generales, sino que contendría identificaciones concretas.
“Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías”.
No obstante, los nombres de esas personas no aparecen detallados en las fuentes públicas consultadas para esta nota.
La propia Tarazona insistió en que el contenido remitido a las autoridades requiere verificación:
“Es muy grave pensar que había información previa al atentado, pero estamos esperando que se corrobore la veracidad de estos hechos”.
Este matiz resulta fundamental. Hasta el momento, no se conoce una confirmación oficial de la Fiscalía que establezca que un congresista ordenó el asesinato de
¿Por qué aparece el partido Comunes?
Otro punto especialmente sensible de las declaraciones está relacionado con el partido Comunes.
Según Tarazona, corresponde a la Fiscalía determinar si personas vinculadas a las antiguas Farc que ocupaban posiciones en el Congreso pudieron tener alguna relación con el magnicidio.
“Lo que deben establecer es si personas que estaban en el Congreso en ese momento, miembros de las FARC, tuvieron que ver con el magnicidio de Miguel”.
Sin embargo, Tarazona también manifestó que desconoce si la información recibida tiene fundamento suficiente para impulsar esa línea investigativa.
“Es lo que tiene que esclarecer la Fiscalía. Si esa información es veraz o si no es veraz”.
En consecuencia, no existe en las fuentes consultadas una determinación judicial que permita atribuir responsabilidad al partido Comunes, a uno de sus integrantes o a un congresista concreto por la orden del asesinato.
¿Fue la Segunda Marquetalia o existen otros determinadores?
Las declaraciones abren nuevamente el debate sobre la diferencia entre quienes participaron materialmente en el crimen y quienes pudieron haberlo ordenado.
En la entrevista concedida a Noticias Caracol, Tarazona cuestionó que el esclarecimiento del caso se limite a mencionar a la Segunda Marquetalia y sostuvo que todavía es necesario establecer quién tomó la decisión de asesinar al dirigente político.
“Decir que fue la Segunda Marquetalia es un enunciado muy gaseoso, no nos dice absolutamente nada”.
Para Tarazona, resulta necesario distinguir el papel que habría desempeñado el grupo armado de la eventual responsabilidad de quienes pudieran haber determinado el crimen.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la viuda considera que la Segunda Marquetalia correspondería al componente material y no necesariamente al presunto determinador del magnicidio.
La hipótesis sobre Venezuela
El otro componente de la información revelada por Tarazona apunta hacia Venezuela.
Según el mensaje que dijo haber recibido, los recursos utilizados para organizar el atentado habrían provenido de ese país.
La frase que atribuyó a la información recibida fue:
“La plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”.
Esta afirmación también permanece como una hipótesis que deberá ser acreditada o descartada por las autoridades. Las fuentes consultadas no aportan una decisión judicial que establezca como hecho probado que el dinero utilizado para financiar el crimen procediera de Venezuela.
La posibilidad de un “crimen de Estado”
Otro de los puntos abordados por Tarazona es la hipótesis de que el magnicidio pudiera tener conexiones dentro del Estado.
Según declaró:
“Una de las líneas de investigación del crimen de Miguel es que fue un crimen de Estado”.
Tarazona explicó su interpretación de esa hipótesis:
“Hay una línea de investigación, esto quiere decir que hay elementos probatorios que llevan a ese enunciado de que pudo haber salido la orden del Gobierno nacional”.
Se trata, nuevamente, de una declaración atribuida a la viuda del senador. Las fuentes utilizadas para esta nota no ofrecen una conclusión judicial que establezca que un Gobierno, un congresista o una organización política hubiera ordenado el asesinato.
Las dudas sobre la seguridad de Miguel Uribe Turbay
La polémica alrededor del crimen también ha alcanzado al dispositivo de seguridad asignado al dirigente político.
Según el material que compartiste, Tarazona sostuvo que la Fiscalía le comunicó indicios relacionados con una posible complicidad dentro del esquema y planteó una pregunta sobre cómo los atacantes podían conocer con precisión los desplazamientos de Miguel Uribe Turbay.
“La única forma que pudieran saber que Miguel se demoraba 35 o 40 minutos en llegar al parque del Golfito saliendo del interior de mi casa es porque alguien de su esquema dio esa información”.
Esta afirmación corresponde a la interpretación expresada por Tarazona. Una eventual responsabilidad de integrantes del esquema deberá ser determinada por la justicia y respetando la presunción de inocencia.
Reclamos por la investigación alrededor de la UNP
Tarazona también ha cuestionado el avance de las indagaciones relacionadas con la seguridad que tenía Miguel Uribe Turbay, particularmente frente al entonces director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.
Las fuentes consultadas señalan que la viuda ha expresado inconformidad por el ritmo de esas pesquisas y ha trasladado sus reclamaciones a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
El material proporcionado por el usuario señala además que Tarazona sostiene que fueron ignoradas más de 25 solicitudes de refuerzo de seguridad. Esa cifra procede del contenido suministrado y no fue corroborada independientemente en los resultados públicos consultados.
¿Qué ocurrió con Miguel Uribe Turbay?
Miguel Uribe Turbay fue atacado mientras participaba en un acto político en Bogotá el 7 de junio de 2025. Después del atentado permaneció hospitalizado y finalmente falleció el 11 de agosto de 2025.
Desde entonces, la investigación ha buscado identificar no solo a quienes participaron directamente en la ejecución del ataque, sino también a quienes habrían intervenido en su planeación y determinación.
Ahora, las declaraciones de María Claudia Tarazona vuelven a poner la atención sobre una de las preguntas centrales del expediente: quién ordenó asesinar a Miguel Uribe Turbay y de dónde provinieron los recursos utilizados para llevar a cabo el crimen.
La viuda reclama que sea la Fiscalía la que determine si la información que recibió antes del atentado tiene respaldo probatorio.
“Vamos a preguntar con los abogados qué está pasando con esa línea de investigación, porque en este momento no tenemos información, no sabemos si esa información es veraz o no, si tiene fundamentos para abrir una línea de investigación o no”.
Esa última declaración marca también el límite de lo conocido públicamente: existen señalamientos e información entregada por Tarazona, pero será la investigación judicial la encargada de determinar su autenticidad, establecer responsabilidades individuales y esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio.