Por deficiencias en la planeación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), más de 690.000 niños, niñas y adolescentes están afectados para recibir su apoyo alimenticio, según un balance de la Contraloría General.
El organismo de control ha realizado múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que deben cumplir las Entidades Territoriales Certificadas, acorde con la normatividad vigente (Ley 2167/2021), para garantizar la contratación oportuna del Programa de Alimentación Escolar en el territorio nacional. Actualmente más 223.000 beneficiarios están sin servicio de PAE, de los cuales 16.300 pertenecen a población indígena. Y más de 299.474 tienen riesgo de suspensión a 30 de junio.
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Según información suministrada por los equipos de Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales de la Contraloría General y por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar “Alimentos para Aprender”, se conoce que por la terminación de los contratos del Programa de Alimentación Escolar en algunas Entidades Territoriales Certificadas, se pone en riesgo la continuidad del servicio a los niños, niñas y adolescentes.
Antioquia suspendió el día 9 de junio la operación del servicio debido a que no se suscribieron nuevos convenios interadministrativos para garantizar la continuidad de la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), afectando a más de 30.000 niños, niñas y adolescentes. Así mismo, Chocó suspendió la atención también desde el 9 de junio, debido a la culminación de los procesos contractuales del Programa de Alimentación Escolar (PAE), con una afectación de más de 98.000 menores.
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En Meta culminó el día 16 de junio su proceso contractual del Programa de Alimentación Escolar, lo que conlleva a una afectación de más de 79.048 beneficiarios. También se genera una alerta, debido a que varias Entidades Territoriales Certificadas que prestan el servicio a población mayoritaria culminan sus procesos contractuales del PAE en el mes de junio, entre las cuales se encuentran las Boyacá, Riohacha, Bolívar y Pasto, por lo cual se verían afectados más de 299.474 niños, niñas y adolescentes.
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L Contraloría registró que en Pitalito (Huila) suspendió la operación del programa desde el 15 de junio, por lo cual más de 11.000 estudiantes dejaron de recibir el PAE y que en Riohacha culmina su proceso contractual el día 25 de junio, poniendo en riesgo a más 4.000 niños, niñas y adolescentes de recibir su servicio de PAE. Se encuentra igualmente que la ETC Cauca finalizó su operación del PAE el día 16 de junio y se presentan afectaciones por la falta de recursos para tres operadores que prestan el servicio en los resguardos de Guachicono, Guadualito y Concepción, dejando a más de 1.300 beneficiarios sin servicio. Tamibén reportó que en Magdalena suspendió la operación desde el 21 de marzo, por lo cual, desde ese día más de 99.700 estudiantes no están recibiendo el servicio de PAE y que a la fecha no se ha adjudicado el nuevo contrato, para garantizar el servicio a los niños, niñas y adolescentes.
