Muchos colombianos se preguntan hoy por hoy, si lo aprobado por el Senado de la República a propósito de la reforma pensional, es bueno o no lo es.
Si dicha iniciativa es conveniente o por el contrario puede llegar a afectar a los cotizantes del ahora, que potencialmente pueden llegar a ser los pensionados del mañana.
En medio de tanta información que inunda las redes sociales, van y vienen puntos de vista con opiniones a favor y en contra, que dejan a quienes se interesan por hacerse a una opinión informada y a un concepto argumentado, con más dudas de aquellas que se tenían antes de abordar la investigación.
Se podrá decir ligera y lacónicamente, que mientras el Gobierno defiende su propuesta, por ser de su cosecha, nosotros, quienes representamos la oposición, nos oponemos a ella, porque presuntamente queremos atravesarnos a todo lo que de dicho Gobierno provenga. Lo cual no es cierto.
Y aunque dable es reconocer, que quienes estamos en una orilla distinta de la del Petrismo, vemos cada una de las iniciativas con prevención y desconfianza, dados los antecedentes; claramente nos hemos puesto en la tarea de examinar la Reforma Pensional; y de la manera más objetiva posible hemos llegado a las siguientes conclusiones:
El País necesita una Reforma Pensional. Así es. El siguiente es uno de los muchos argumentos que la justifican: el monto de los recursos económicos aportados por los cotizantes, es inferior al requerido para atender el costo de las pensiones. Ello obliga a que el Estado tenga que atender el déficit correspondiente, y ello no debería ser así. Sin embargo, la pregunta que subyace es ¿La reforma pensional resuelve esta problemática? Y la respuesta categórica es no. El Presidente de Colpensiones así lo reconoció y la Ministra de Trabajo acepta que, en aproximadamente entre 10 y 15 años, se debería hacer un nuevo ajuste normativo al sistema.
El Presidente Petro manipula a la opinión pública, expresando que quienes estamos en contra de la reforma estamos a favor de los ricos, mientras que quienes la defienden, están a favor de los pobres. Aunque cada vez, menos los colombianos le creen sus embustes, no falta quien se deje enredar.
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Coincidimos con el Presidente Petro, en que nuestros adultos mayores, esto es, nuestros abuelos, nuestros ancianos, deben ser atendidos por el Estado, de manera razonable y suficiente, para poder proveer sus requerimientos y atender sus necesidades básicas. De hecho, fue en la Ley 100 de 1993 donde se consagro esta política pública, habiendo sido ponente de la iniciativa, el entonces Senador Álvaro Uribe Vélez, líder de nuestro Partido. Como no ser entonces cercanos, afectos y promotores de una idea, que reivindique la dignidad de nuestros ancianos. Claro que lo somos. Sin embargo, lo que no se les cuenta a los colombianos, es que los recursos económicos, con los cuales se financiaría este filantrópico programa, es justamente con las cotizaciones de los jóvenes del presente, quienes, definitivamente no podrían pensionarse en el futuro.
La Reforma Pensional, nada hace por ampliar la base de la pirámide del sistema pensional, que son los cotizantes. En cambio, sí, la Reforma Laboral Petrista que empezara a discutirse en el segundo semestre del presente año, hace todo los esfuerzos posibles e imposibles por reducir dicha base piramidal, pues claramente serán, muchos menos los cotizantes, con las medidas de inflexibilidad laboral allí consagradas, que conducirán a la perdida de muchos empleos, como lo vaticino hace meses el propio Banco de la República. Siendo los cotizantes actuales, insuficientes para financiar las pensiones de quienes hoy las disfrutan, es apenas obvio y natural, que el déficit se acrecentará independientemente de lo que ocurra con la Reforma Laboral, por cuanto lo cierto del caso es que, en el mejor de los casos, serían los mismos cotizantes, quienes tendrán que asumir ya no solo el costo de los pensionados de hoy, sino también, el costo del programa Colombia Mayor. Así las cosas, no nos oponemos al programa que pretende reivindicar a nuestros ancianos. Nos angustia que se abra un mayor hueco fiscal mayor para el sistema, en desmedro de los cotizantes de hoy que son nuestros jóvenes.
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El afán del Gobierno Nacional por controlar y administrar recursos económicos, no tiene límites y es desaforado, muy a pesar de su incapacidad gubernamental para ejecutarlos, como ha quedado en evidencia. Así quedó demostrado con la Reforma a la Salud, que una vez se hundió, llevo al Gobierno a intervenir diferentes EPS, no con el interés de implementar ajustes y salvarlas como es la filosofía de toda intervención, sino con interés de controlar el sistema, imponiendo de facto la estatización del mimo, que no logro a través de la iniciativa legislativa. En el caso de las pensiones no es diferente. Pretendió en su propuesta original el Gobierno Nacional que todos los cotizantes aporten obligatoriamente al sistema público, con todas las implicaciones de caja menor que ello puede implicar, sobre los tres primeros salarios mínimos legales mensuales vigentes que devenguen. Esto, muy a pesar de que los fondos propusieron que el umbral estuviera en hasta 1.5 Salarios mínimos. La plenaria del Senado en un ejercicio conciliador concertado con el gobierno nacional, aprobó un umbral de 2.3 Salarios Mínimos, el cual de suyo es grave y preocupante. Pero por si no fuera poco, el Presidente de la República, haciéndole conejo al propio Senado, expuso a reglón seguido en su alocución presidencial, que le propondría a la Cámara, de Representantes, no de que sean 3 salarios, como lo propuso inicialmente, ni 2.3 como lo aprobó el Senado; sino 4 Salarios mínimos de umbral.
Claramente, aunque somos mayorías en las calles, somos minoría en la Comisión 7ª y en la Plenaria de la Cámara de Representantes donde al parecer, hacen oídos sordos, sobre los quejidos y reclamos del Constituyente Primario expresado en manifestaciones inequívocas, como la multitudinaria llevada a cabo el domingo 21 de abril. No obstante, expondremos, sin vacilación en dichos escenarios, la complejidad que significa y representa, querer financiar un programa público plausible y necesario como lo es, el de Colombia Mayor, con los recursos económicos de los jóvenes cotizantes del presente, a quienes se condena desde ya con esta iniciativa, a nunca jamás gozar de una pretendida, soñada y esperada pensión.
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La propuesta gubernamental constituye un desastre económico y social, pues no resuelve la denominada bomba pensional, y aparentemente atenderá a nuestros adultos mayores, con una iniciativa que no puede calificarse menos que de populista, pues de un lado, no será sostenible y perdurable en el tiempo, y en cambio sí, terminará siendo financiada con los ya precarios y deficitarios recursos del sistema.
Por lo demás, el artículo 84 de la Reforma Pensional, establece un gravamen a las pensiones. Mucho se ha discutido sobre la Constitucionalidad de gravar con impuestos a los pensionados, puesto que estos, cuando devengaron los correspondientes salarios que dieron lugar a las consabidas cotizaciones que sirvieron como sustento y soporte para el reconocimiento y la recepción de las mesadas pensionales de las que hoy disfrutan, pagaron impuestos, incluso de manera anticipada bajo la modalidad de retención en la fuente. Sin embargo, se estaría gravando ahora la pensión, la cual no es otra cosa, que el fruto de aportes hecho por los empleadores y los empleados. Como quien dice, se predicaría una doble tributación, que estaría lejos de compadecerse con los principios de Justicia y de equidad tributaria consagrados en la Constitución Política de 1991.
A esto se suma, la vulneración del artículo 154 Constitucional, que consagra que todas las normas que establecen tributos, deben tener origen en la Cámara de Representantes, y no en el Senado de la República, como tuvo origen este proyecto.
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En síntesis, el Proyecto de Reforma Pensional aprobado en el Senado de la República y al cual nos opondremos en la Cámara de Representantes, y cuyo único fin, es atesorar y controlar el ahorro de los Colombianos por parte del estado, entiéndase, por parte del Presidente Petro, no resuelve los problemas estructurales que registra el sistema hoy por hoy, y no garantiza una política pública sostenible y duradera de atención al adulto mayor, pues se encuentra sustentada sobre cimientos populistas, frágiles que el mismo Gobierno nacional reconoce deberá ser revisados en el corto plazo.
Esto, sin perjuicio de los reparos de inconstitucionalidad advertidos y que seguramente darán lugar a que el Gobierno acuse a la Corte Constitucional en un futuro, de dar golpes blandos, por declarar inexequibles disposiciones claramente contrarias a la Constitución que el propio Petro juro cumplir, pero que a diario pretende desconocer con constituyentes y otros disparates, alejados de las formas y de los mandatos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.
