La Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades nacionales y locales para que garanticen la vida e integridad y los derechos a la libre movilidad y a la alimentación de las comunidades de la subregión del San Juan, en el sur del Chocó, dado que el Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado indefinido desde las cero horas de ayer.
“Necesitamos mensajes claros del ELN. Mientras una de sus estructuras siembra el terror con anuncios de esta naturaleza, donde nuevamente los afectados son los habitantes de la región chocoana del San Juan, el Comando Central de esa guerrilla ordena a todos sus frentes cesar sus ataques contra la fuerza pública desde el 6 de julio próximo hasta el 3 de agosto siguiente, día en que inicia el cese al fuego bilateral, nacional y temporal”, reclamó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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Los habitantes de Nóvita, Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan son los más afectados por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley que delinquen en la zona sur de ese departamento del Pacífico colombiano. Son 41 comunidades afro y 11 comunidades indígenas las confinadas, para un total de 8275 personas. Adicionalmente, hay seis comunidades desplazadas de los sitios conocidos como Barranconcito, Buenas Brisas, San Agustín, Cañaveral, Chambacú y Doidó (alrededor de 226 familias, el equivalente a 659 personas). Todas se han visto afectadas por las disputas territoriales entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC–Clan del Golfo).
“Debe haber coherencia, sobre todo porque en tiempos de anuncios concretos para buscar caminos que permitan alcanzar la paz se requiere que las acciones y los discursos concuerden. El ELN tiene que comprometerse a dejar de afectar a la población civil”, indicó Carlos Camargo Assis.
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Este es el quinto paro armado que padece la subregión del San Juan en lo que va corrido de este año, cuyo responsable es la guerrilla del ELN. Horas antes del anuncio hecho por alias ‘Gerson’, comandante del Frente de Guerra Occidental, de decretarlo, un adulto fue asesinado y un niño de nueve años quedó herido cuando se encontraban en medio de confrontaciones armadas entre grupos ilegales. Los hechos sucedieron en la vereda Chambacú, del municipio de Sipí.
“La situación de riesgo la habíamos advertido con las Alertas Tempranas de Inminencia para Nóvita y para Istmina y Medio San Juan. Lo que identificamos es la continuidad y el lamentable agravamiento de la situación de derechos de la población civil por cuenta de la agudización de los enfrentamientos de los grupos armados ilegales”, recalcó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Agregó que los pobladores de la subregión del San Juan, debido al paro armado, se enfrentan a una crisis humanitaria por cuenta del confinamiento y el desplazamiento a los que se ven obligados. “Llamamos al ELN, pero también a las AGC y a todos los actores armados, a respetar los derechos de las comunidades y a las misiones humanitarias que tienen como fin atenderlas, pues a algunas de ellas les han impedido ingresar a los territorios afectados. Igualmente, le solicitamos al Estado atender a los habitantes de esa zona del departamento del Chocó, que se encuentran en condición de victimización”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
