La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha tomado una decisión histórica al emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el alto dirigente de Hamas Mohammed Deif. La medida se enmarca en una investigación sobre crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en el prolongado conflicto entre Israel y Palestina.
En el caso de Netanyahu y Gallant, la CPI los señala por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra como «la inanición de civiles como método de guerra» y crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos y persecuciones. Estas acusaciones surgen del prolongado bloqueo a Gaza y los ataques militares en la región. Por su parte, Mohammed Deif enfrenta cargos similares y adicionales, como tortura y violencia sexual, relacionados con el ataque masivo llevado a cabo el pasado 7 de octubre contra civiles israelíes.
El alcance de la CPI y su jurisdicción en el caso
Aunque Israel no es miembro del Estatuto de Roma, base legal de la CPI, el Estado de Palestina sí lo es y ha solicitado investigaciones que han ampliado el alcance de la corte sobre territorios en disputa. Este punto ha sido motivo de controversia y rechazo por parte de las autoridades israelíes, quienes alegan que la CPI actúa con sesgo político.
Respuesta de Benjamín Netanyahu y el impacto internacional
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió este jueves la ofensiva en Gaza, calificándola como «una guerra absolutamente justa». Estas declaraciones se produjeron tras la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI). Netanyahu enfatizó que «ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel cumpla con su deber de proteger a sus ciudadanos». Y agregó: «La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así».
Políticos y altos funcionarios israelíes han condenado enérgicamente la decisión de la CPI. El presidente Isaac Herzog calificó la medida como «un día oscuro para la justicia», mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, acusó a la corte de haber perdido toda legitimidad, señalando que esta decisión favorece a «elementos extremistas» y menoscaba el derecho de Israel a defenderse.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos han apoyado la acción de la CPI como un paso importante hacia la rendición de cuentas en un conflicto que ha causado miles de muertes y violaciones graves al derecho internacional humanitario.
Un panorama complejo: ¿Y ahora qué?
La emisión de estas órdenes plantea retos políticos, legales y diplomáticos a nivel global. Aunque es poco probable que Netanyahu o Gallant enfrenten arrestos inmediatos debido a la falta de jurisdicción directa de la CPI en Israel, la medida limita su movilidad internacional y genera presión política tanto interna como externa. En el caso de Deif, cuya muerte en septiembre no ha sido confirmada, el proceso judicial podría complicarse aún más.
Este desarrollo marca un nuevo capítulo en un conflicto de décadas, destacando la lucha constante entre justicia, política y diplomacia en uno de los escenarios más volátiles del mundo.
