Contraloría hace un llamado a las Agencias de Desarrollo Rural y Nacional de Tierras a asignar recursos para implementar acciones de perspectiva de género en Colombia.
La Contraloría General de la República, a través de las delegadas para el sector Agropecuario y Población Focalizada, realizó un estudio intersectorial que analiza la construcción y evolución de los cuidados rurales desarrollados por las mujeres en Colombia entre 2016 y 2025, en el que se evidencia la falta de asignación de recursos para la implementación de la perspectiva de género y de cuidados rurales, en la Política Nacional de Cuidado. Estos cuidados establecen la atención de adultos, los niños, las niñas, el cuidado de animales y la producción de alimentos en las ruralidades de Colombia se concentra en las mujeres, incluyendo las precarizadas y racializadas.
La evaluación se centró en entidades del sector agropecuario y de inclusión social que tienen participación activa en el Plan de Acción del CONPES 4143. Aunque el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reportó recursos por $11.719 millones para cumplir con el CONPES 4143 de 2025 “Política Nacional de Cuidado”, no presenta una desagregación que permita identificar de manera clara y concisa qué parte de los recursos tienen una destinación específica para actividades relacionadas con el cuidado rural.
En términos generales, la revisión evidencia que las acciones incluidas en el CONPES se orientan hacia la solución de los problemas, pero su grado de adecuación es parcial, lo que puede limitar el impacto esperado de la política. Es decir, existe una base sobre la cual avanzar, pero que es necesario realizar ajustes estratégicos para lograr una mayor coherencia entre los objetivos, problemas y acciones formuladas.
La Contraloría General evidenció que, si bien las acciones planteadas se orientan en la dirección correcta, su grado de adecuación es parcial frente a los problemas estructurales que enfrentan las mujeres rurales cuidadoras. Las causas profundas de estas desigualdades, así como las formas propias de cuidado colectivo y comunitario, aún no son abordadas de forma suficiente. En el CONPES tampoco existe evidencia de acciones e indicadores desde un enfoque de cultura de paz, lo que representa un faltante en la Política Nacional de Cuidado.
Respecto a la capacidad financiera, se encontró que solo el 50% de las instituciones del sector agropecuario e inclusión social asigna presupuesto específico y costos mensuales para la operación de los equipos encargados del Programa Nacional del Cuidado (2024) y la Política Nacional del Cuidado (2025), mientras que la otra mitad no destina recursos definidos para estas acciones, lo que representa una debilidad relevante que podría comprometer la sostenibilidad y eficacia. La incertidumbre institucional con la eventual desaparición del Ministerio de Igualdad y Equidad, implica el posible cierre de muchas intervenciones como la implementación del Sistema Nacional de Cuidado en Colombia para las mujeres rurales, campesinas y de la pesca.
El escenario de ajuste presupuestal definido por el gobierno nacional en el Sector Agricultura, sumado al desfinanciamiento de los organismos de cooperación internacional, de programas enfocados a la ruralidad representa un riesgo inminente para su continuidad. La Contraloría General hace un llamado a la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, instituciones ejecutoras de política pública, para que asignen presupuestos específicos para la implementación de las acciones con perspectiva de género en Colombia.
Por otro lado, el reconocimiento de la pluralidad comunitaria y la diversidad institucional de los procesos en la administración pública es necesario, pero no suficiente. Se requiere integrar profesionales de distintas trayectorias a los equipos de género de las instituciones para enriquecer las intervenciones.
Finalmente, se insta a la academia colombiana para que diseñe programas curriculares sobre políticas públicas de cuidado con enfoque territorial. El estado actual de los cuidados en Colombia se encuentra en procesos de fortalecimiento multidimensional de los reconocimientos; análisis y desarrollo institucional de las redistribuciones; y operacionalización administrativa y comunitaria de las representaciones.
