La Contraloría General de la República en procesos preventivos halló, en contratación del sistema penitenciario y carcelario que se ejecutó durante el primer semestre de 2022, 17 hallazgos fiscales por 10.267 millones de pesos.
El ente de control, alerta que tras realizar la auditoría financiera a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, se obtuvieron 11 hallazgos fiscales por más de 8.268 millones de pesos.
El contralor Sebastián Montoya, Delegado para el Sector Justicia, en el conversatorio sobre los resultados del control fiscal en el sistema carcelario entre 2018-2022, aseguró que los resultados son bastante preocupantes.
“Hemos encontrado situaciones que asustan: la calidad de la alimentación es mala, hay deterioro, jugos que se dañan muy rápidamente y un gran problema de gramaje”, indicó.
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Además, agregó que incluso a veces los mismos guardianes del INPEC determinan que hay comida que no está en un correcto estado para el consumo humano.
El ente de control fiscal encontró además, incumplimiento de normas y órdenes sanitarias, así como de minutas alimenticias.
Estas son las tres situaciones que pusieron en evidencia las falencias carcelarias:
-Reconocimiento y pago de mayores valores en cuantía de $1.592.187.727 considerado como pago de lo no debido en el marco de 4 contratos examinados.
-Deficiencias en el proceso establecido para pago de servicios públicos a INPEC por parte de los proveedores de alimentación.
-Y deficiencias en las condiciones físicas de sitios dispuestos para el suministro de alimentación.
Lo que más llamó la atención del ente la Contraloría, fueron los contratos sin cumplimiento por parte de la USPEC, que tienen que ver con obras inconclusas, mantenimientos de infraestructura y de redes de saneamiento básico con defeciencias en los centros carcelarios del país, que suman más de 3.950 millones de pesos.
