La Contraloría General de la República adelantó una inspección en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, luego de emitir una Función de Advertencia en la que alertó sobre presuntos riesgos presupuestales, financieros y de contratación que, según el organismo de control, podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
La diligencia fue realizada por la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que desplegó un equipo de Policía Judicial para recaudar información y verificar los procesos contractuales adelantados por el Gobierno Nacional durante las semanas posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías.
A través de sus redes sociales, la Contraloría informó que «emitió una Función de Advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda tras identificar riesgos presupuestales, financieros y de contratación que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal«. Posteriormente confirmó el inicio de la inspección señalando que la URI «desplegó el equipo de Policía Judicial hacia el Ministerio de Hacienda con el fin de iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información, en el marco de sus facultades constitucionales y en concordancia con la Función de Advertencia notificada al Gobierno nacional«.
La advertencia al Ministerio de Hacienda
La actuación del organismo de control se produjo luego de la advertencia dirigida al entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la que manifestó preocupación por el acelerado incremento de la contratación estatal tras el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías, mecanismo que limita la contratación pública durante los periodos electorales.
Según la Contraloría, entre el 22 de junio y el 21 de julio se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos, cifras que representan un crecimiento de 22,5 % frente al periodo inmediatamente anterior y de aproximadamente 50 % respecto al mismo lapso registrado cuatro años atrás.
El ente de control considera que este comportamiento amerita una revisión detallada para establecer si los procesos se ajustaron a las normas de planeación, disponibilidad presupuestal y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Los siete contratos de mayor cuantía
Dentro del análisis realizado por la Contraloría fueron identificados siete contratos de alto valor suscritos una vez terminó la vigencia de la Ley de Garantías.
1. Ministerio del Interior – $54.443 millones
El contrato de mayor valor corresponde a la adquisición, instalación, configuración y soporte de herramientas tecnológicas para integrar y administrar los servicios de navegación aérea utilizados en las torres de control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), con el propósito de fortalecer la seguridad de las operaciones aéreas.
2. SENA Regional Antioquia – $52.918 millones
El Servicio Nacional de Aprendizaje destinó estos recursos para constituir un fondo especial de administración dirigido a la construcción y dotación de la nueva sede del centro de formación de Puerto Boyacá.
3. Ministerio del Interior – $33.736 millones
Se trata del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la modernización de los sistemas de comunicaciones de voz (Voice Communication System – VCS), utilizados también por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
4. Rama Judicial – $30.522 millones
La Rama Judicial adjudicó este contrato para la prestación integral de servicios tecnológicos, incluyendo administración, soporte, mantenimiento, operación de plataformas y transferencia de conocimiento para garantizar la continuidad de sus sistemas informáticos a nivel nacional.
5. Ministerio del Interior – $27.240 millones
Los recursos fueron destinados a realizar estudios y diseños para implementar un sistema de videovigilancia que fortalezca el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) en el municipio de Soledad, Atlántico.
6. Corporación CDA – $26.709 millones
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico contrató el fortalecimiento de la gestión integral de áreas ambientales estratégicas en los Núcleos de Desarrollo Forestal Agua Bonita y otros sectores del departamento del Guaviare.
7. Ministerio del Interior – $25.136 millones
El último de los contratos identificados corresponde a la modernización de la infraestructura tecnológica de los sistemas de comunicaciones de voz que hacen parte de la red integrada de comunicaciones de las Fuerzas Militares.
«No es normal este ritmo de contratación»
La delegada para las Finanzas Públicas de la Contraloría, Jenny Lindo, aseguró que, si bien es habitual que aumente la contratación una vez termina la Ley de Garantías, el comportamiento observado este año supera los parámetros registrados en procesos anteriores.
«Es normal que se reactive la contratación cuando termina la Ley de Garantías, pero no en este nivel. Hace cuatro años se hacían cerca de 7.000 contratos en estas mismas cuatro semanas; aquí vamos en 12.000 contratos directos. Hay un crecimiento del 50 % en el ritmo de contratación cuando ni siquiera hemos cumplido con la meta de ingresos. Esto superó la normalidad«, señaló la funcionaria.
La inspección continúa
La inspección adelantada por la Unidad de Reacción Inmediata no implica, por sí sola, la existencia de irregularidades o responsabilidades fiscales. Su objetivo es recaudar documentación, verificar la información presupuestal y contractual y determinar si existen elementos que justifiquen la apertura de actuaciones de control fiscal o de otras investigaciones dentro de las competencias constitucionales de la Contraloría General de la República.
Con la información recopilada durante la diligencia, el organismo de control evaluará si los procesos de contratación observaron los principios de planeación, transparencia y sostenibilidad fiscal, y si resulta necesario adoptar nuevas actuaciones de vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos.
