La Procuraduría General de la Nación ha decidido iniciar una investigación preliminar sobre posibles irregularidades en la contratación realizada entre la Alcaldía y las Empresas Públicas de Medellín (EPM) con la empresa Canacol para la compra de gas.
La Tercera Delegada para la Contratación Estatal informó que, según ciertos medios, EPM habría firmado un contrato con la empresa canadiense por más de $5 billones, con el fin de asegurar el suministro de gas durante los próximos 10 años en Medellín, y que también incluía la construcción de un gasoducto entre Córdoba y Sucre.
Además, se revisará la negociación gestionada anteriormente por el exalcalde Daniel Quintero Calle, quien aparentemente retiró de manera inexplicada a Promigas, la empresa encargada de construir el gasoducto, justo antes de cerrar el trato.
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La Procuraduría examinará el contrato que, según parece, se firmó dos años después entre EPM y Canacol, y que resultó en la elección de Shangai Engineering Technology Corp -Setco, una empresa creada en Panamá aparentemente 12 días antes de la firma del contrato y que anteriormente se había dedicado al negocio de alimentos.
La investigación del Ministerio Público pretende identificar a los posibles responsables, determinar si hubo alguna conducta incorrecta, evaluar si dicha conducta constituye una falta disciplinaria y establecer si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
