La Defensoría del Pueblo rechazó los ataques que han tenido un impacto grave en las plataformas de la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, la Superindustria y en sistemas esenciales para el funcionamiento de la justicia en Colombia.
«Estos ciberataques a entidades gubernamentales pueden vulnerar derechos humanos y fundamentales, especialmente los derechos a la privacidad, al acceso a la información, a la seguridad y a la justicia»: Defensor del Pueblo
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La Defensoría del Pueblo rechazó los recientes ciberataques que han afectado de manera significativa la infraestructura crítica del Estado colombiano, lo cual ha puesto en riesgo la vida de millones de personas que dependen de servicios esenciales; particularmente, han afectado a quienes necesitan acceso urgente a servicios de salud y de justicia.
«Todo esto está ocurriendo por cuenta de un ciberataque a una empresa que ofrece servicios tecnológicos y donde están alojados incontables servicios digitales en Colombia y fuera del país. Esta situación no solo pone en riesgo los derechos fundamentales, sino que también amenaza la seguridad y el bienestar de todos los colombianos”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La situación es de extrema gravedad, lo que lleva a reflexionar sobre la soberanía tecnológica del país y su dependencia de servicios de terceros que manejan los datos de millones de personas.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a defender los derechos de los colombianos y a trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes para mitigar los impactos de estos ciberataques y garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas.
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“Continuaremos vigilantes y trabajaremos en conjunto con las autoridades correspondientes para hacerles frente a los impactos generados por los ciberataques, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los colombianos en ambientes digitales o derivados del uso de nuevas tecnologías”, indicó el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, mantendrá un seguimiento constante a la situación que ha impactado de manera significativa los derechos de los usuarios.
