La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro para establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025. La decisión se conoce apenas dos semanas después de que el Consejo Nacional Electoral se abstuviera de abrir una investigación administrativa por los mismos cuestionamientos sobre recursos reportados durante esa campaña.
BOGOTÁ — La financiación de la campaña con la que Iván Cepeda participó y ganó la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025 vuelve a quedar bajo revisión, esta vez en la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castropara establecer si existieron irregularidades en los recursos utilizados durante aquella campaña, que terminó definiéndolo como candidato presidencial de la colectividad.
El expediente quedó a cargo del magistrado Francisco Farfán, quien dispuso la recolección de elementos para verificar las denuncias que llegaron a conocimiento de la Corte.
“Para establecer si las presuntas irregularidades denunciadas se presentaron, el despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y declaraciones”, informó la Corte Suprema al anunciar la apertura de la actuación.
Se trata, por ahora, de una indagación previa. Es decir, la apertura del expediente no implica que la Corte haya determinado que Cepeda violó las normas de financiación electoral ni que los cuestionamientos formulados en su contra estén probados. Precisamente, la etapa busca recaudar información para determinar qué ocurrió y si existen elementos que justifiquen avanzar en la actuación.
¿Qué se cuestiona de la financiación de la consulta?
El origen de las alertas está relacionado con la manera como fueron registrados recursos utilizados durante la campaña de Cepeda para la consulta del Pacto Histórico.
Las denuncias se concentraron particularmente en dos operaciones: $609 millones relacionados con Samat Publicidad S.A.S. y otros $116 millones correspondientes a Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de esa compañía. En conjunto, los registros cuestionados sumaban $725 millones.
Los denunciantes plantearon ante las autoridades electorales que esos recursos podían corresponder a aportes privados y que, bajo esa interpretación, podrían superar el límite individual permitido para este tipo de financiación.
La defensa de la campaña ha sostenido una explicación diferente: que los recursos no correspondieron a donaciones, sino a créditos en especie derivados de servicios de impresión y publicidad, registrados contablemente como obligaciones pendientes de pago.
Ese punto resulta fundamental porque la calificación jurídica y contable de las operaciones determina si deben tratarse como donaciones sometidas a límites individuales o como otra fuente de financiación autorizada.
Dos semanas antes, el CNE había cerrado el caso administrativo
La decisión de la Corte contrasta con lo ocurrido recientemente en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El pasado 1 de septiembre de 2026, apenas dos semanas antes de conocerse la indagación de la Corte, el organismo electoral informó que se abstuvo de iniciar una investigación administrativa contra Cepeda, al considerar que no existían elementos suficientes para establecer una irregularidad en las operaciones cuestionadas.
El expediente administrativo había comenzado a partir de varias denuncias sobre la financiación de la consulta. Entre los denunciantes figuraban el senador Jota Pe Hernández y el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, además de otros ciudadanos.
Después de revisar el caso, el CNE concluyó que no estaba probado que los $609 millones relacionados con Samat Publicidad y los $116 millones asociados a Pérez Páez fueran donaciones.
“No se encuentra acreditado que Samat Publicidad S.A.S. y Javier Antonio Pérez Páez hubiesen realizado donaciones a la campaña de Iván Cepeda, o que por vía de un crédito se quisiese ocultar la donación”, señaló la decisión del organismo electoral.
Según el CNE, las operaciones correspondían a créditos en especie por servicios publicitarios, una modalidad que consideró permitida por las normas de financiación electoral. Por esa razón, la autoridad administrativa concluyó que no existía mérito para iniciar una investigación.
Cepeda también defendió en ese momento la legalidad de las operaciones y aseguró que su campaña cumplió las normas sobre financiación privada.
“Mi campaña a la consulta dio estricto cumplimiento a las normas sobre financiación privada, pues no se trataba de donaciones, sino de créditos en especie, que fueron correctamente registrados en las notas de contabilidad y en las obligaciones pendientes de pago, y reportados oportunamente a la autoridad electoral”, afirmó el senador tras conocerse la determinación del CNE.
El mismo episodio, pero dos competencias diferentes
La decisión del CNE y la actuación de la Corte Suprema corresponden a ámbitos institucionales distintos.
El Consejo Nacional Electoral examinó el asunto desde sus competencias administrativas en materia electoral y de financiación de campañas y concluyó que no había mérito para iniciar una investigación administrativa.
La Corte Suprema, en cambio, tiene competencia para investigar penalmente a los congresistas por su condición de aforados constitucionales. Por eso, la Sala Especial de Instrucción puede recaudar pruebas para establecer si detrás de los hechos denunciados existe alguna conducta con eventual relevancia penal.
La apertura de la indagación, por tanto, no revoca ni anula la decisión adoptada por el CNE. Lo que existe ahora es una actuación judicial independiente que deberá determinar, a partir de las pruebas y declaraciones ordenadas, si hay elementos para continuar con el proceso o si este debe cerrarse.
La consulta que llevó a Cepeda a la candidatura presidencial
Los hechos investigados se remontan a la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, en la que el Pacto Histórico escogió su candidatura presidencial.
Cepeda obtuvo aproximadamente 1,5 millones de votos, equivalentes al 65,1 %, mientras Carolina Corcho alcanzó cerca del 28,6 % y Daniel Quintero alrededor del 6,1 %.
Fue precisamente la financiación utilizada durante esa campaña la que posteriormente originó las denuncias ante el CNE y ahora la indagación de la Corte Suprema.
Con las pruebas y declaraciones ordenadas por el magistrado Francisco Farfán, la Sala Especial de Instrucción deberá establecer si los cuestionamientos sobre el origen y la forma de registrar esos recursos tienen alguna relevancia penal o si, como determinó previamente el CNE en el ámbito administrativo electoral, las operaciones correspondieron a créditos permitidos por la legislación.
Por ahora, no existe una decisión de responsabilidad contra Iván Cepeda. La Corte apenas comienza la etapa de verificación de los hechos denunciados.