Con la instalación de la audiencia de lectura del escrito de acusación, avanzó el proceso penal contra los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La diligencia se lleva a cabo ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal competente para juzgar a exfuncionarios con fuero, y marca la entrada formal del caso en etapa de juicio. La Procuraduría General de la Nación no asistió a la audiencia, aunque su presencia no es obligatoria para continuar con el trámite judicial.
El proceso, que ha tenido amplias repercusiones políticas, se desprende de las investigaciones lideradas por la Fiscalía General de la Nación en torno a un presunto entramado de corrupción que habría operado al interior de la entidad encargada de la gestión del riesgo en el país.
Acusación formal y delitos imputados
En desarrollo de la audiencia, se incorporó el contexto clave del caso:
“La Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con este paso, el caso entra en etapa de juicio contra los dos exfuncionarios, investigados por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos”.
El documento acusatorio, de 287 páginas, detalla la hipótesis del ente investigador sobre la presunta participación de ambos exministros en una estructura ilegal.
Supuesta estructura criminal y compra de apoyos políticos
Según el expediente:
“El escrito de acusación, que tiene 287 páginas, la Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco habrían tenido un papel directivo dentro de una estructura ilegal que operó entre 2023 y 2024. La tesis del ente acusador es que en ese periodo se habrían comprometido más de 612.000 millones de pesos en proyectos y contratos para obtener apoyos políticos en el Congreso”.
La Fiscalía va más allá al señalar:
“se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”.
Y agrega:
“ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”.
Dentro de los apartes más relevantes del escrito también se indica:
“las conductas investigadas consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”.
En esa misma línea, el ente acusador sostiene que los exministros
“lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”,
y que en ese entramado
“plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”.
Alcance del presunto esquema
De acuerdo con la investigación, el mecanismo habría incluido:
“el direccionamiento de 79 proyectos, de los cuales 74 corresponderían a Invías y cinco a la UNGRD”.
La Fiscalía sostiene que estos contratos y convenios habrían sido utilizados como moneda de cambio político para asegurar respaldos legislativos a iniciativas del Gobierno nacional en el Congreso.
Situación judicial de Ricardo Bonilla
En paralelo al avance del proceso, se produjo una decisión relevante:
“el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el 7 de abril de 2026 la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos”.
La determinación fue adoptada al considerar que:
“al momento de instalarse la audiencia la Fiscalía aún no había presentado formalmente el escrito de acusación dentro del plazo legal”.
Durante la diligencia, se precisó que:
“la decisión no implica una absolución ni pone fin al proceso penal: Bonilla sigue vinculado a la investigación y al juicio que deberá adelantar la Corte Suprema”.
Antecedentes del proceso
Bonilla y Velasco habían sido enviados a detención preventiva en diciembre de 2025, en el marco de las investigaciones por su presunta participación en el caso UNGRD. En ese momento, la Fiscalía argumentó riesgos para el proceso, pese a que ya no ocupaban cargos públicos, debido a la posible influencia de redes políticas y administrativas.
Ambos exministros han negado las acusaciones y sus defensas han insistido en que será en el juicio donde se deberá demostrar la validez de las pruebas y la responsabilidad individual.
Próximos pasos
Con la lectura del escrito de acusación, el proceso entra en una fase determinante. En adelante, la Corte Suprema deberá definir el calendario del juicio, la admisión de pruebas y el desarrollo de las audiencias que permitirán establecer si existió o no responsabilidad penal.
Mientras tanto, los exfuncionarios continúan amparados por la presunción de inocencia, en un caso que sigue generando atención nacional por sus implicaciones políticas e institucionales.