Desde el 2020 hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo ha conocido 20 casos de reclutamiento de menores de edad en ese territorio del sur del país y durante el primer semestre de este año ha sido el periodo en el que más fueron reportados, con siete casos.
La Defensoría logró programar para el 19 de julio próximo la primera sesión del año de la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento y que para esa fecha haya un plan de acción que permita hacerle frente a este flagelo que vulnera los derechos de la niñez. El reclutamiento este año confirma tres casos en Tumaco, dos en Barbacoas y de a uno en Policarpa y El Charco.
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A pesar de que ha sido evidenciado y advertido este riesgo, la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento en Nariño no se ha reunido en lo que va del año. Además, el departamento no cuenta con un plan de acción, necesario para concretar acciones cuyo fin sea evitar que este flagelo continúe afectando a la niñez.
“No obstante, a través de la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez y la Defensoría Regional Nariño, como es nuestro deber misional, gestionamos para el próximo 19 de julio la primera sesión de la Mesa, así como también logramos que para esa fecha se cuente con un plan de acción de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de menores de edad”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
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La entidad ha emitido en este 2023 dos Alertas Tempranas para ese territorio, la costa Pacífica nariñense y los municipios de la cordillera y de la frontera colombo-ecuatoriana sobre el riesgo de reclutamiento. Preocupa a la Defensoría del Pueblo que, según información de la Secretaría Técnica de la Mesa Departamental para la Prevención del Reclutamiento, tan solo 13 municipios de los 64 del departamentos cuentan con equipo de acción inmediata conformado; ello no significa que están funcionando o activando las rutas de prevención y protección de manera efectiva. Estos dos factores inciden para que la vinculación se esté consumando. También existe un subregistro de casos.
“Las familias no denuncian por temor. Es clave fortalecer la implementación de la ‘Línea de política pública de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes por grupos armados organizados y grupos delictivos organizados’, pues se están propiciando factores que inciden para que sigan siendo vinculados a los grupos ilegales”, indicó el Defensor del Pueblo.
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En una misión humanitaria realizada por la Defensoría del Pueblo en los municipios de Ipiales y Pasto, se evidenció el aumento del control territorial y social que ejercen al menos cuatro actores armados ilegales. La naturalización del fenómeno de la violencia y del reclutamiento, la falta de presencia y oferta institucional y las dificultades de acceso por las condiciones geográficas hacen que el riesgo de reclutamiento tenga un aumento proporcional.
