El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella estrenará este miércoles 14 de octubre las nuevas disposiciones para el manejo de las manifestaciones públicas, justo cuando sindicatos, maestros y organizaciones sociales saldrán a las calles para protestar contra sus políticas. La norma contempla la intervención de la fuerza pública ante hechos violentos sin necesidad de agotar previamente todas las etapas de diálogo.
Colombia vivirá este miércoles 14 de octubre una jornada de movilizaciones convocadas por las principales centrales obreras, organizaciones sociales, sindicatos de maestros y sectores políticos de oposición al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La protesta coincidirá con la entrada en aplicación anunciada del nuevo decreto que modifica los protocolos de actuación de las autoridades durante las manifestaciones.
La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, a cargo de Rodrigo Lara, modifica el Decreto 003 de 2021, expedido durante el Gobierno de Iván Duque, que estableció los procedimientos de prevención, acompañamiento, intervención y verificación del uso de la fuerza pública en las protestas ciudadanas.
El cambio más importante consiste en que la Policía podrá actuar de manera inmediata contra personas que cometan determinados actos violentos, sin tener que agotar previamente las etapas de diálogo y mediación, mientras mantiene el acompañamiento y la protección de quienes se manifiesten pacíficamente.
La nueva reglamentación llega en un ambiente de confrontación política entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, que cuestionan los anuncios sobre las reformas laboral y pensional, el salario mínimo y la reestructuración de entidades estatales.
¿Qué cambia con el nuevo decreto de protesta social?
El Ministerio del Interior publicó el proyecto normativo el 28 de septiembre de 2026 y estableció como plazo para recibir observaciones el 4 de octubre. El objetivo anunciado fue actualizar las reglas de actuación estatal, fortalecer la coordinación institucional y precisar los escenarios en los que las autoridades pueden intervenir para proteger a los manifestantes y a terceros.
Entre los principales componentes de la reglamentación se encuentran:
1. Protección de la protesta pacífica. Se mantiene la presunción de que las manifestaciones son pacíficas. La actuación policial deberá distinguir entre quienes ejercen legítimamente su derecho constitucional y las personas que cometan actos violentos.
2. Intervención inmediata frente a la violencia. Cuando se identifiquen agresiones graves o conductas que representen riesgos para la vida y la integridad de las personas, la Policía podrá intervenir contra sus responsables sin esperar a que finalicen todas las fases de mediación.
3. Control de armas y elementos peligrosos. Se contemplan actuaciones frente al porte o utilización de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos, artefactos incendiarios y objetos empleados para causar lesiones graves.
4. Protección de ciudadanos y servidores públicos. Las autoridades podrán actuar ante agresiones contra manifestantes, terceros, policías, funcionarios, personal médico y periodistas, así como ante la retención de personas.
5. Restricciones a bloqueos que afecten derechos de terceros. El Gobierno anunció medidas contra cierres prolongados de carreteras, obstrucciones que impidan el suministro de alimentos y medicamentos y ocupaciones que comprometan la operación del transporte masivo.
6. Corredores humanitarios. Se busca garantizar el paso de ambulancias, vehículos de emergencia y suministros esenciales durante las movilizaciones.
7. Diálogo y uso proporcional de la fuerza. El diálogo continuará siendo la regla general. Las intervenciones deberán respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, sin extender automáticamente la responsabilidad de quienes cometan actos violentos a todos los participantes.
Estas disposiciones corresponden a los cambios divulgados por el Ministerio del Interior y explicados públicamente por el Gobierno.
¿Cuándo podrá intervenir la Policía?
Uno de los puntos que mayor debate ha generado es la posibilidad de intervenir contra hechos violentos mientras continúa el diálogo con los manifestantes pacíficos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que la intención del Gobierno es diferenciar las conductas legítimas de aquellas que representan un peligro para la ciudadanía.
“Nadie está en desacuerdo con nosotros. Eso nos permite distinguir qué es una protesta pacífica y qué es una protesta violenta, para proteger a quienes protestan de manera pacífica de los infiltrados, de los violentos”, señaló el funcionario.
Lara también advirtió que los bloqueos que comprometan el acceso a servicios esenciales, medicamentos o alimentos no podrán mantenerse indefinidamente.
La modificación, sin embargo, no significa que cualquier concentración o interrupción temporal del tránsito constituya automáticamente un delito. El derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica está protegido por el artículo 37 de la Constitución, y las restricciones a su ejercicio deben ajustarse a la Constitución, la ley y la jurisprudencia.
De la Espriella advierte que no permitirá bloqueos permanentes
Durante su alocución presidencial del lunes 12 de octubre, el mandatario defendió el nuevo protocolo y sostuvo que su Gobierno garantizará las manifestaciones pacíficas, pero actuará contra quienes cometan agresiones o daños.
“Ni un derecho menos para quien protesta en paz; ni un espacio más para quien destruye”, afirmó el jefe de Estado.
De la Espriella también aseguró que no permitirá bloqueos permanentes de carreteras ni que los carriles de TransMilenio sean utilizados como barricadas.
El presidente instruyó a las autoridades nacionales y territoriales para coordinar los planes de movilidad, prevención de riesgos y atención de emergencias durante las marchas. También insistió en que la actuación de la fuerza pública deberá respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El Gobierno presentó, además, un proyecto de ley antiterrorista, una iniciativa distinta del decreto de protesta social, que deberá surtir el correspondiente trámite legislativo.
¿Por qué marcharán los sindicatos este 14 de octubre?
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación General del Trabajo (CGT), Fecode y otras organizaciones convocaron movilizaciones en las principales ciudades del país.
Fabio Arias, presidente de la CUT, explicó que la jornada busca rechazar las medidas anunciadas por el Ejecutivo, especialmente aquellas que, según las centrales obreras, podrían afectar las garantías laborales y la estabilidad de los empleados públicos.
“Protestaremos por los anuncios del Gobierno de desmontar la reforma laboral, la reforma pensional, el salario mínimo, la reestructuración del Estado que va a implicar privatizaciones, cierre de empresas, fusión de otras, con lo cual miles y miles de trabajadores del Estado se quedarán sin empleo”, aseguró Arias.
El dirigente también denunció presuntas presiones contra contratistas vinculados durante el Gobierno anterior para que renuncien a sus contratos.
Las organizaciones sindicales han incluido entre sus motivos de protesta el rechazo a los cambios en el protocolo de actuación policial, el anunciado Estatuto Antiterrorista y las modificaciones propuestas para el sistema de salud.
A la convocatoria se sumarán organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, colectivos de mujeres, jóvenes y sectores políticos como el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.
Los sindicatos consideran que las iniciativas del Ejecutivo podrían representar retrocesos en derechos sociales y laborales, mientras que el Gobierno defiende sus propuestas como parte de una reorganización institucional.
Gustavo Petro anuncia que marchará y pide una movilización multitudinaria
En un mensaje publicado en X el 13 de octubre, Petro escribió:
“A todas u todos los colombianos, a marchar este 14 de octubre por la vida, porque la familia pueda vivir en dignidad y con comida”.
En otra publicación, del 7 de octubre, el exmandatario anunció su presencia en Bogotá e invitó a los trabajadores a preparar una eventual huelga general para reclamar un salario mínimo vital en 2027 y un plan contra el hambre.
Petro insistió en que la jornada debe ser multitudinaria y pacífica. También cuestionó las políticas económicas del nuevo Gobierno y advirtió que, en su opinión, podrían reducir el poder adquisitivo de los colombianos.
El expresidente planteó que las movilizaciones deben servir para defender los ingresos de los trabajadores y el acceso a los alimentos, ante los riesgos que atribuye al aumento de los precios y a las decisiones económicas del Ejecutivo.
Bogotá tendrá concentraciones desde la mañana
En la capital del país, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó a los docentes a concentrarse desde las 10:00 de la mañana en el Parque Nacional, desde donde marcharán hacia la Plaza de Bolívar.
La jornada contará con la participación de sindicatos, organizaciones estudiantiles y sectores políticos. Las autoridades distritales advirtieron sobre posibles afectaciones en la carrera Séptima, la carrera Décima, la calle 26 y otros corredores del centro de Bogotá.
También están anunciadas actividades de protesta de sectores universitarios y movilizaciones en la localidad de Usme, aunque algunos horarios y puntos de encuentro continúan pendientes de confirmación.
La Secretaría Distrital de Gobierno informó que desplegará equipos de diálogo social y derechos humanos para acompañar las concentraciones y facilitar la coordinación entre manifestantes y autoridades.
El debate jurídico: ¿protección del orden público o restricciones al derecho a protestar?
El nuevo decreto también ha generado cuestionamientos sobre los límites de la intervención policial.
Gabriel Rondón, exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos durante el Gobierno Petro, cuestionó el corto plazo concedido para presentar observaciones al proyecto y advirtió que las modificaciones podrían entrar en tensión con decisiones judiciales y recomendaciones internacionales sobre el uso de la fuerza.
Otros analistas han manifestado preocupación por el margen de interpretación que tendrían los uniformados para determinar cuándo existe una situación que justifique una intervención inmediata, especialmente en manifestaciones numerosas en las que pueden coexistir participantes pacíficos y personas que cometan actos violentos.
El Decreto 003 de 2021, ahora modificado, surgió del cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó adoptar garantías frente al uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
Por ello, uno de los asuntos centrales será determinar si las nuevas disposiciones mantienen las garantías constitucionales y los estándares de derechos humanos que deben orientar la actuación policial.
La movilización del miércoles será, así, la primera gran prueba política y operativa del nuevo protocolo. Mientras el Gobierno sostiene que busca garantizar las protestas pacíficas y evitar actos violentos, las centrales obreras advierten que defenderán el derecho a manifestarse y preparan nuevas acciones de protesta contra las políticas del Ejecutivo.