La controversia entre la gerente del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro escaló del escenario mediático al judicial. La funcionaria radicó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en la que solicita que se investiguen 16 hechos que, según su versión, ocurrieron durante su paso por el Gobierno Nacional.
La acción judicial, impulsada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, se produce después de varios días de declaraciones públicas de Rodríguez en las que aseguró haber sido testigo de presuntas irregularidades dentro del Ejecutivo y víctima de presiones, intimidaciones y ataques contra su reputación.
Los puntos centrales de la denuncia
De acuerdo con el documento conocido por diversos medios, uno de los principales hechos que pide investigar la exfuncionaria tiene relación con las presuntas presiones que habría recibido para trasladar recursos del Fondo Adaptación al Ministerio de Hacienda. Según la denuncia, esos recursos estaban destinados a programas de inversión social y obras públicas, por lo que Rodríguez sostiene que existían reparos técnicos frente a dichos movimientos presupuestales.
Otro de los capítulos más sensibles está relacionado con el nombramiento de Juliana Guerrero. Rodríguez afirma que sus diferencias con el presidente comenzaron cuando manifestó que Guerrero no cumpliría los requisitos exigidos para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes. Según el escrito, su oposición habría generado tensiones internas y posteriores enfrentamientos con el mandatario.
La denuncia también menciona que, pese a las advertencias que asegura haber formulado, el presidente insistió en impulsar el nombramiento de Guerrero y posteriormente la habría designado en otros cargos dentro del Gobierno.
Señalamientos de presunto maltrato y estigmatización
Rodríguez sostiene que, tras los desacuerdos surgidos por esos nombramientos, fue objeto de presuntos actos de maltrato psicológico, insultos y presiones. Parte de esos señalamientos forman parte de la denuncia radicada ante el Congreso, por el fuero presidencial, los únicos competentes para investigar y acusar al presidente son el Congreso de la República y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
En paralelo, la exdirectora del Dapre cuestiona varias publicaciones realizadas por el presidente Petro en su cuenta de X. Según la defensa de la funcionaria, esos mensajes habrían afectado su honra y buen nombre.
La controversia se agudizó luego de que el mandatario hiciera referencias públicas al estado de salud mental de Rodríguez y sugiriera que sus denuncias podrían estar relacionadas con problemas psicológicos. La defensa de la funcionaria considera que esas afirmaciones constituyen una forma de estigmatización y forman parte del expediente presentado ante la Comisión de Acusación.
Entre los mensajes divulgados por Petro en redes sociales también se encuentran expresiones en las que aseguró que lamentaba haberla conocido en el Gobierno y cuestionó su gestión al frente del Dapre. El presidente incluso anunció acciones legales contra Rodríguez por considerar falsas algunas de sus afirmaciones.
Amenazas, intimidaciones y llamadas extorsivas
Otro de los aspectos incluidos en la denuncia corresponde a las amenazas que Rodríguez asegura haber recibido después de hacer públicas sus declaraciones. Según el documento, la funcionaria reportó intimidaciones y llamadas extorsivas posteriores a sus denuncias.
La exfuncionaria también manifestó que algunas presiones habrían provenido de personas que identificó como integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes, según su versión, buscaban influir en decisiones relacionadas con recursos del Fondo Adaptación. Estas afirmaciones forman parte de los hechos que deberán ser verificados por las autoridades competentes.
El supuesto intento de envenenamiento
Uno de los elementos más delicados y controvertidos del paquete de denuncias anunciado por Rodríguez es su afirmación sobre un presunto intento de envenenamiento durante su permanencia en el Gobierno.
La funcionaria ha sostenido en entrevistas y apariciones públicas que habría sido víctima de un episodio relacionado, según su relato, con el suministro de “vitaminas” y medicamentos para el dolor de cabeza. Rodríguez asegura que este hecho será puesto en conocimiento de las autoridades como parte de las acciones judiciales que adelanta.
Hasta el momento no se conocen públicamente pruebas concluyentes sobre esa acusación y serán las entidades competentes las encargadas de determinar si existen elementos que permitan corroborar o descartar dicha versión.
Posibles delitos mencionados en la denuncia
El equipo jurídico encabezado por Wilson Ruiz sostiene que los hechos expuestos podrían dar lugar al análisis de eventuales conductas relacionadas con injuria, calumnia, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal y peculado por aplicación oficial diferente, entre otros posibles tipos penales que deberán ser evaluados durante el proceso.
Asimismo, la defensa solicitó que organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría ejerzan vigilancia sobre los hechos relacionados con el manejo de recursos públicos mencionados en la denuncia.
Un caso que entra en etapa judicial
La denuncia presentada por Angie Rodríguez marca un nuevo capítulo en una confrontación política que ha generado fuertes repercusiones en el ámbito nacional. Mientras la exdirectora del Dapre sostiene que busca que se esclarezcan presuntas irregularidades ocurridas durante el gobierno Petro, el mandatario ha rechazado los señalamientos y anunció acciones legales contra la funcionaria.
Por tratarse de denuncias dirigidas contra el jefe de Estado, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes será la instancia encargada de evaluar los hechos expuestos y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal. Hasta entonces, todas las acusaciones contenidas en el expediente permanecen en fase de verificación y deberán ser contrastadas dentro de los procedimientos institucionales correspondientes.
