La marca colombiana Lili Pink quedó en el centro de una investigación judicial por presunto contrabando y lavado de activos, luego de que la Fiscalía General de la Nación adelantara un amplio operativo de ocupación y extinción de dominio sobre más de 400 establecimientos relacionados con la compañía en diferentes ciudades del país.
La Fiscalía informó el operativo de extinción de dominio contra Lili Pink. En total fueron ocupados 405 locales, en medio de una investigación por lavado de activos y contrabando.
Las diligencias fueron realizadas con apoyo del CTI y funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad que fue alertada para asumir la administración temporal de los bienes ocupados mientras avanza el proceso. En los locales se realizó inventario de mercancía, entre ropa interior, lencería, accesorios, ropa deportiva y otros productos comercializados por la marca.
¿Por qué investigan a Lili Pink?
La investigación busca establecer si la empresa habría sido utilizada para facilitar el ingreso irregular de textiles al país y canalizar recursos de origen ilícito. Según reportes conocidos, el caso tendría origen en hallazgos de la Dian desde 2022, cuando el sistema interno conocido como “el Ojo de la Dian” detectó consultas inusuales y posibles irregularidades en información tributaria.
Las autoridades indagan un presunto esquema que habría incluido documentos falsos, empresas proveedoras de papel, ingreso de mercancía sin el pago completo de obligaciones aduaneras, facturación irregular y posibles solicitudes fraudulentas de devolución de IVA.
Los delitos bajo investigación
Los delitos mencionados en el caso son contrabando, lavado de activos y posibles maniobras asociadas a fraude tributario. El presunto lavado de activos podría superar los 730.000 millones de pesos, de acuerdo con información atribuida a la Fiscalía.
Hasta ahora, el caso se encuentra en investigación y será la justicia la que determine responsabilidades.
Almacenes, empleados y presencia comercial
Lili Pink es una de las marcas más reconocidas del mercado de ropa interior femenina, pijamas, ropa deportiva, accesorios y productos de belleza en Colombia. Según reportes basados en registros del RUES, la compañía tendría 408 sucursales activas en el país. Otros informes hablan de más de 390 tiendas propias y un ecosistema comercial que incluye formatos como Lili Pink y Yoi.
La empresa ha señalado que genera miles de empleos directos e indirectos. La marca habla de más de 3.000 empleos directos e indirectos, mientras que otros medios indican que solo los empleos indirectos serían cerca de 1.000.
El rastro empresarial y Panamá
La marca aparece vinculada a Fast Moda S.A.S., sociedad constituida en Bogotá en 2020 y la representante legal es Lorena Bernal Castro de la empresa con activos por cerca de 295.000 millones de pesos. También se verifica la relación de compañías como Innova Quality S.A.S. y Pink Life S.A.S. con la operación comercial.
Los reportes también señalan un rastro societario en Panamá. Según esos documentos, el único accionista de Fast Moda sería Bestsea Blue S.A., constituida en Ciudad de Panamá. Antes de ese control, Fast Moda habría sido constituida por Malta Blue S.A., también panameña.
Antecedentes con la Dian
El caso tiene antecedentes administrativos. En 2024, la Dian reportó hallazgos relacionados con 19.703 bultos que contenían confecciones, telas, productos misceláneos y polipropileno. En ese momento, representantes de Lili Pink calificaron la aprehensión de mercancía como injusta y anunciaron acciones legales.
Entre esas acciones estuvo una tutela contra la Dian por presuntas violaciones al debido proceso y a la libertad de empresa. Según los reportes conocidos, esa tutela fue negada.
¿Qué dijo la empresa?
Lili Pink emitió un comunicado en el que aseguró que está atendiendo un proceso ante entidades legales y regulatorias “de manera directa y responsable”. La compañía afirmó que trabaja de forma coordinada con sus asesores legales y con las autoridades para manejar la situación dentro del marco jurídico.
La empresa también hizo un llamado a la Fiscalía y a la SAE para proteger la marca, que, según su comunicado, tiene más de 20 años de trayectoria y se ha consolidado como referente nacional e internacional. Además, pidió garantizar la estabilidad laboral de sus colaboradores mientras avanza el proceso.
Lo que sigue
La Fiscalía deberá consolidar los informes de los allanamientos, analizar la documentación incautada y definir si existen elementos suficientes para avanzar contra personas naturales o jurídicas. Mientras tanto, la SAE asumiría la administración de los bienes sujetos a medidas cautelares, con el objetivo de preservar su valor durante el proceso de extinción de dominio.
