Por César Palomino Cortés. Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)
Cuando se habla de defender al Estado, muchas personas imaginan abogados en los tribunales, grandes litigios o complejas discusiones jurídicas. Es una imagen válida, pero incompleta. La verdadera defensa del Estado comienza mucho antes de que una demanda llegue a un despacho judicial. Durante años, la defensa jurídica pública se entendió como la capacidad de reaccionar ante los procesos judiciales.
Sin embargo, la experiencia nos demuestra que una buena defensa no consiste únicamente en ganar pleitos. También implica evitar que los conflictos ocurran, mejorar la calidad de las decisiones administrativas, identificar riesgos a tiempo, cumplir oportunamente las obligaciones del Estado y proteger los recursos públicos que pertenecen a todos los colombianos.
Desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hemos impulsado esa visión, contemplada en el artículo 206 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Nuestro propósito es avanzar hacia un modelo más preventivo, más técnico y más articulado, que permita actuar antes de que los conflictos lleguen a los estrados judiciales. Un avance fundamental fue la expedición del Decreto 104 de 2025, que reglamentó el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Gracias a este paso, la defensa jurídica se consolidó como una responsabilidad compartida entre los actores del sistema, con reglas comunes, información oficial y capacidades articuladas alrededor del propósito institucional de prevenir, defender y proteger mejor los recursos públicos.
Resultados concretos
Este cambio de enfoque comienza a producir efectos positivos. Durante años, el Estado enfrentó más de 106.000 nuevas demandas anuales contra entidades del orden nacional. Luego del comportamiento atípico registrado durante la pandemia, en 2022 se admitieron cerca de 110.000 procesos. Desde entonces, la tendencia anual ha sido descendente: aproximadamente 103.000 nuevos procesos en 2023, 85.000 en 2024 y cerca de 72.000 en 2025. Al 31 de mayo de 2026 se registran poco más de 23.000 nuevos procesos admitidos.
Detrás de estas cifras existe un mensaje importante: cuando las entidades identifican sus riesgos, toman decisiones más informadas y fortalecen sus mecanismos de prevención, es posible reducir la conflictividad jurídica. La mejor defensa jurídica es aquella que evita que la demanda llegue a presentarse, porque el problema fue identificado, gestionado y resuelto oportunamente desde la administración.
También hemos experimentado avances en el inventario general de litigiosidad del Estado. Por primera vez desde 2013, el número de procesos judiciales activos contra entidades nacionales bajó de los 300.000 casos. Al finalizar 2025 se registraron 291.992 litigios activos contra el Estado, una cifra relevante porque hoy contamos con mejores herramientas tecnológicas y de información para medir la realidad litigiosa del país. Al 31 de mayo de 2026, el inventario se redujo aún más, hasta ubicarse en 284.209 procesos.
En los procesos donde la Agencia interviene directamente, la tasa de éxito alcanza el 78 %, frente a una tasa nacional cercana al 45 %. La diferencia adquiere especial relevancia porque nuestra participación se concentra en casos de alta complejidad e impacto fiscal, aquellos que pueden comprometer significativamente los recursos públicos y el interés general.
Defender mejor al Estado no es una tarea que pueda realizarse exclusivamente desde Bogotá. Por eso hemos impulsado una integración territorial sin precedentes. Hoy, 373 entidades territoriales utilizan el sistema eKOGUI, lo que permite compartir información, fortalecer capacidades y construir una visión más completa de los riesgos jurídicos en todos los rincones del país.
Hemos promovido una cultura de aprendizaje permanente. Llegamos con nuestro Diplomado en Gerencia Jurídica Pública a todas las regiones, beneficiando a 9.075 personas con una oportunidad educativa gratuita para fortalecer sus capacidades en defensa jurídica del Estado. Asimismo, adelantamos más de 500 jornadas de capacitación, en las que se registraron 107.103 asistencias. De esta manera, consolidamos una estrategia de formación con alcance nacional e impacto territorial.
El próximo 30 y 31 de julio realizaremos en Cartagena el Segundo Congreso de Defensa Jurídica del Estado, un espacio para discutir los desafíos que marcarán el futuro de esta política pública: la inteligencia artificial, la innovación, la sostenibilidad fiscal y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. En el marco del Congreso, la Agencia lanzará la segunda edición del libro Precedente Administrativo, una valiosa herramienta para quienes defienden los intereses de la Nación.
Hoy Colombia cuenta con mejores instrumentos para proteger lo público. Avanzamos hacia un modelo menos reactivo y más preventivo; menos fragmentado y más articulado; menos basado en la intuición y más sustentado en datos y evidencia. Desde agosto de 2024, cuando la ANDJE reactivó la función de mediación, se han generado espacios de entendimiento entre entidades del Estado que enfrentaban litigios interadministrativos, algunos en estrados judiciales, por una cuantía acumulada de $87.000 millones de pesos, que hoy están resueltos. Defender jurídicamente al Estado no significa defender gobiernos ni administraciones. Significa proteger recursos que financian hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales. Significa mejorar las decisiones públicas, prevenir errores costosos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Esa es la principal lección que deja este periodo. La mejor defensa jurídica del Estado no empieza cuando llega una demanda. Empieza mucho antes: con prevención, conocimiento, coordinación y responsabilidad pública.