El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió solucionar de manera urgente la crisis por hacinamiento que se presenta en los centros de detención transitoria.
En la presentación del informe sobre la situación actual de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, alertó sobre la grave situación humanitaria de estos centros y reafirmó el pedido de una reforma al sistema penitenciario y carcelario.
La problemática de hacinamiento se agudizó por la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19. Por esta emergencia, en marzo de 2020 el INPEC tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas (condenadas y sindicadas) a sus cárceles.
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Por esta razón, la problemática histórica del hacinamiento se trasladó a los centros de detención transitoria (URI de la Fiscalía y estaciones de Policía).
Antes del cierre decretado, el hacinamiento en los centros que administra el INPEC era de 51.49%, lo que representa una sobrepoblación de 41.670 personas privadas de la libertad. Al 30 de marzo de 2022, la cifra de hacinamiento en estos establecimientos alcanzó un 20%. Si bien en principio una reducción de un 30% debería ser considerado un logro mayúsculo, lo cierto es que el grave problema de hacinamiento hoy en día se trasladó a otro escenario: los centros de detención transitoria.
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Para el mes de agosto de 2021 estos centros contaban con 19.471 personas privadas de la libertad para su capacidad máxima de 6.727 personas, lo que representaba un 189% de hacinamiento, mientras que para el mes de marzo del año en curso, los privados de la libertad en estos centros ascienden a 20.951 personas, frente a una capacidad de 7.131 cupos, generando una alarmante cifra de 194% de hacinamiento.
Las nueve ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento de sus centros de detención transitoria son: Bucaramanga con 835.6%, Santa Marta con 590%, Bogotá con 553.4%, Cúcuta con 491.4%, Riohacha con 333.7%, Medellín con 293.3%, Cali con 274.3%, Valledupar con 268% y Maicao con 208%.
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