La defensora del Pueblo, Iris Marín, pidió que las denuncias sobre presuntos contratos estatales entregados a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro sean investigadas con rapidez y rigor. La funcionaria advirtió que, de comprobarse los hechos, Colombia podría estar frente a un grave caso de violencia de género financiada con recursos públicos.
La polémica alrededor de las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo pronunciamiento este miércoles 28 de octubre, luego de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitara respaldo institucional para las mujeres que han decidido relatar sus testimonios ante las autoridades y los medios de comunicación.
Durante una entrevista radial, Marín calificó las acusaciones como “extremadamente graves” y señaló que las denuncias deben ser investigadas con celeridad para establecer si existió alguna relación entre contratos estatales y presuntos encuentros íntimos denunciados por varias mujeres.
“Siempre la Defensoría del Pueblo ha sido de la posición de creerles, especialmente a las mujeres, en estas situaciones”, afirmó la funcionaria al insistir en que las denunciantes deben contar con garantías y acompañamiento mientras avanzan las investigaciones.
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Las dudas que deberán resolver las autoridades
Según explicó la defensora, el proceso judicial deberá responder dos interrogantes fundamentales. El primero consiste en determinar si realmente existió una relación entre la asignación de contratos estatales y los presuntos servicios sexuales denunciados.
La segunda cuestión tiene que ver con el grado de libertad que habrían tenido las mujeres involucradas en esos hechos. De acuerdo con Marín, si se llegara a demostrar algún tipo de explotación o aprovechamiento de una posición de poder, el caso podría adquirir una dimensión mucho más grave.
“Si se llega a comprobar, podríamos estar hablando de situaciones de violencia de género alimentadas por recursos públicos al más alto nivel del Estado”, advirtió.
No obstante, la defensora insistió en que será la justicia la encargada de determinar la veracidad de los señalamientos y establecer posibles responsabilidades.
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La denuncia que desató la controversia
Las declaraciones de Marín se producen después de que Deicy Jiménez, una mujer de 26 años, asegurara públicamente que habría hecho parte de una supuesta red mediante la cual mujeres habrían recibido contratos en entidades estatales a cambio de encuentros íntimos con el entonces mandatario.
La denuncia fue divulgada por la revista Semana y rápidamente generó repercusiones políticas y judiciales. Jiménez afirmó haber tenido contratos en diferentes entidades del Estado durante varios años y sostuvo que existía una relación entre esas vinculaciones y los presuntos encuentros.
Paralelamente, desde el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se anunció la presentación de denuncias relacionadas con la posible instrumentalización de mujeres vinculadas al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Fiscalía y Corte Suprema ya adelantan actuaciones
Tras conocerse los testimonios, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para establecer si existen elementos que permitan avanzar en una investigación formal.
Entre las diligencias previstas se encuentran declaraciones de exfuncionarias que ocuparon cargos directivos en el Dapre durante el gobierno anterior.
Asimismo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para estudio una denuncia que involucra a Gustavo Petro y a la excongresista María José Pizarro, mientras que la Comisión de Acusación también recibió denuncias presentadas por diferentes organizaciones.
Este jueves será escuchada Deysi Jimenez en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Petro niega las acusaciones
El expresidente Gustavo Petro rechazó de manera categórica los señalamientos y aseguró que nunca ha pagado por favores sexuales.
A través de una carta y varios pronunciamientos públicos, el exmandatario afirmó que las denuncias forman parte de una estrategia política en su contra y cuestionó la forma en que se han difundido las acusaciones.
Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno también anunció medidas de protección para la principal denunciante, con el fin de preservar su seguridad durante el desarrollo de las actuaciones judiciales.
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