El proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno de Gustavo Petro para 2025 ha generado una crisis institucional.
El Presidente de las Comisiones Económicas, citó de manera concertada con el Gobierno, para el lunes 23 de septiembre a sesión conjunta para ANUNCIAR el proyecto conforme lo ordena el artículo 160 Superior, habiendo tenido apenas un día, estas comisiones, esto es, el 24 de septiembre para discutir el proyecto, pues recordemos que según el artículo 56 del Estatuto Orgánico, antes del 25 de septiembre debe ser aprobado en primer debate dicho proyecto, so pena de que el proyecto se archive qué fue lo que a la postre ocurrió.
Transcurridas más de cuatro horas de debate el pasado martes, no se contó con el quórum necesario y suficiente para declarar la sesión permanente y seguir sesionando, deliberando y debatiendo. Esto como producto de la falta de acuerdo o consenso, pues, ninguna de las propuestas alternativas de diferentes Senadores y de algunos Representantes las cuales fueron debidamente presentadas, fue acogida y de buen recibo por parte del Gobierno Nacional y por parte de los Congresistas Petristas.
El retiro de buena parte de ellos de las comisiones económicas no fue fortuito ni gratuito. Se trató de un claro mensaje de rechazo frente a un presupuesto que, desde su concepción, fue denunciado, por estar plagado de inconsistencias y también de un déficit injustificable. El rechazo por parte del legislativo a un presupuesto en la forma como se dio, no es algo común. Se supone que la propuesta presentada por el Gobierno es un punto de partida, pero no puede considerarse un punto de llegada.
El debate es justamente para acercar y aproximar posturas y posiciones, no para imponer la voluntad del gobierno, que se quejaba de las inflexibilidades presupuestales, mientras se mostraba inflexible, tozudo y terco en el debate, frente a un inamovible de 523 Billones de Pesos, que planteó en la Ley de Apropiaciones, para gastar, gastar y gastar en 2025, sin consideración y sin responsabilidad con las finanzas públicas. Es por ello, que en esta ocasión, la negativa del Congreso estuvo precedida de la sensatez y del rigor jurídico Constitucional, al constatar que el Proyecto de Presupuesto presentado, no cumplió el requerimiento perentorio exigido por el art 346 de la Constitución, que demanda que el mismo sea presentado dentro de un marco de sostenibilidad fiscal, que en este caso brilló por su ausencia, por lo que algunos sostenemos, que el proyecto radicado formalmente nunca fue presentado materialmente, pues hacerlo de manera indebida o irregular equivale a no hacerlo, esto es, a no presentarlo. Lo que mal empieza mal termina. El proyecto de apropiaciones, daba cuenta de un gasto proyectado desmedido.
De otro lado, el proyecto de rentas, daba cuenta de ingresos irreales y fantasiosos, que no se compadecían con el comportamiento actual de la economía. Esto por no hablar del desequilibrio presupuestal, que obligaba al Congreso de haber aprobado el proyecto, a tramitar una “Ley de Financiamiento” que así como en el caso del “MONO” que aunque se vista de seda mono se queda, en tratándose de la denominada y maquillada “Ley de Financiamiento”, por elegante y refinado que resulte el nombre, no deja de ser una REFORMA TRIBUTARIA, así el Ministro Bonilla lo niegue, pues a la hora del Té, se trata de más impuestos para los Colombianos. Impuestos para recaudar 12 Billones de pesos, pues resultaba menester equilibrar el Presupuesto, en la medida en que las Rentas únicamente daban cuenta de ingresos por 511 billones mientras que el presupuesto de gastos como ya se dijo hablaba de 523 billones, de los cuales 12 billones carecían de respaldo en ingresos reales. En otras palabras, el Ejecutivo presentó un presupuesto con un déficit desde el principio, lo cual si bien es cierto es posible hacerlo desde el punto de vista Constitucional, en el momento presente, resultaba absolutamente improcedente e inconveniente, cuando la economía no ha logrado superar los embates de la Reforma Tributaria de 2022, que nos condujo a un precario crecimiento del 0.6% en 2023, que para muchos eruditos equivale a RECESIÓN, y por ende la economía y los Colombianos, no resiste, ni un solo impuesto más. Pero por si fuera poco, cuando se revisa detalladamente el gasto desmedido, se verifica que el gasto de funcionamiento se dispara, mientras que la inversión disminuye en un 17%, cuando es justamente la inversión pública y no el gasto de funcionamiento el que alienta y ayuda al crecimiento de la economía. Ante la negativa del Congreso, la Constitución establece que el Gobierno tiene la facultad de emitir el presupuesto por decreto, lo que ha generado un nuevo debate pues se trata de una dictadura fiscal.
El presidente Petro ha afirmado que el monto debe ser de 523 billones, en línea con el proyecto que presentó al Congreso. El presidente del Senado por su parte, Efraín Cepeda, ha señalado que el presupuesto debería limitarse a 511 billones, ya que este es el monto respaldado por los ingresos proyectados. Otros, como el suscrito creemos, que conforme a lo atrás planteado, lo que debe es repetirse el presupuesto de 2024 en monto de 502.6 Billones, pues el Presupuesto presentado debe darse y entenderse como por no presentado. Y como el Gobierno ya había presentado el Proyecto de “Ley de Financiamiento” la pregunta que muchos Colombianos se hacen hoy es: ¿se le debe dar trámite a dicho proyecto, cuando el presupuesto desequilibrado ya se hundió? El Gobierno seguramente insistirá irracionalmente para victimizarse. Nosotros nos opondremos al proyecto e incluso a su trámite, por carencia de objeto actual. Finalmente, es claro que un país no puede funcionar sin un presupuesto; pero tampoco puede aprobarse uno que más allá de lo deficitario, se presente estimando ingresos para el 2025 en un monto determinado, muy distintos, a los que se habían presentado apenas un mes antes, en el Marco Fiscal del Mediano Plazo, lo cual fue corroborado por la Contraloría General de la República.
Lo que hace entonces el gobierno es inflar los ingresos para luego, cuando tenga que aplazar y/o reducir gastos, decidir de manera unilateral qué gastos ejecuta y qué gastos no, desnaturalizando la filosofía y los principios que enseñan e indican, que no hay impuestos ni gastos sin representación. La última y nos vamos. No puede pasar inadvertido, el golpe, ese sí, un verdadero golpe y no precisamente blando que pretendió el Gobierno del Presidente Petro darle a la Organización Electoral, expropiando los recursos económicos que le corresponden para el año 2025 – un año preelectoral -. Tanto al Consejo Nacional Electoral como a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se trata de una amenaza muy grave, para la democracia Colombiana.
