En el basto repertorio de estrategias políticas para salvar las Petro Reformas, la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro merece un lugar especial. No solo porque tenga pocas posibilidades de éxito, sino porque se convierte en un movimiento del tablero político digno de análisis.
Para empezar, no hay que ser constitucionalista para entender que este mecanismo de participación es serio, complejo y, sobre todo, costoso. Hablamos de al menos un poco más de 400 mil millones de pesos; una cantidad que podría usarse en temas más urgentes como seguridad, educación o incluso para ayudar a financiar el mismo sistema de salud que el gobierno dice querer salvar y que lo está llevando directamente a la quiebra.
Pero no. En esta ocasión, el Gobierno prefirió apelar a un mecanismo de participación ciudadana el cual en principio cumple el cometido Constitucional contemplado en el artículo 2o de la Carta, que propugna por facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.
Sin embargo, más allá de lo plausible y legítimo que pueda resultar en todos los casos, consultar a la ciudadanía sobre lo divino y sobre lo humano, subyace una pregunta: ¿porque no se planteó la consulta al comienzo del Gobierno, sino cuando el Congreso ha expresado sus reservas frente a las reformas que serían objeto de consulta? ¿Si las reformas materialmente no han sido archivadas, porque el gobierno ha renunciado anticipadamente a la posibilidad de debatir y persuadir con argumentos, por ejemplo para hacerlos desistir de la proposición de archivó a los senadores que la firmaron, o incluso planteando la posibilidad de construir una propuesta distinta, esta sí concertada?
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Claramente el pueblo es el constituyente primario, y es quien tiene la última palabra; pero tampoco se puede desconocer que el Congreso de la República es un órgano corporado que funge como mandatario de los ciudadanos quienes son sus mandantes, y eligen a los Senadores y a los Representantes a la Cámara, dentro del marco de una democracia representativa, habiendo por cierto obtenido los Congresistas en suma en 2022, más votos, que los que obtuvo el candidato presidencial ganador, lo que habla de la legitimidad que ostentamos, y a su vez sugiere y supone una razonable libertad a la hora de considerar y de discutir los proyectos de ley, pudiendo nosotros optar por la posibilidad de aprobarlos o improbarlos.
Recordemos que la última Consulta Popular que se realizó en el país fue la Consulta anticorrupción realizada el 26 de agosto de 2018. Para que los 7 puntos de esta Consulta fueran aprobados se requería la participación de más de 12.231.314 personas, la tercera parte del censo electoral en ese momento. Además, cada uno de los puntos habría tenido que obtener como mínimo más de 6.116.000 votos por el sí. En esa ocasión 11.674.951 colombianos acudieron a las urnas para tratar de ponerle freno a la corrupción. Si bien los siete puntos obtuvieron el 99 por ciento de los votos por el ‘Sí’, la consulta no pasó el umbral necesario para que se convirtiera en un mandato para el Congreso. Faltaron menos de 500.000 votos para que fuera aprobada. Una muestra evidente que la Consulta propuesta por el Gobierno del Presidente Petro planteada en esta oportunidad, tiene altas probabilidades de fracasar, por ejemplo, por no superar el umbral de participación.
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El proceso no es sencillo. Recordemos entre otras cosas, que el Senado de la República debe emitir un concepto previo para que la consulta sea viabilizada; pequeño detalle que Petro parece haber olvidado en su afán por avivar un nuevo estallido social.
Sin el aval de al menos 53 senadores, esta consulta no verá la luz del día. ¿Tiene el Gobierno mayorías en el Senado que aprueben que se realice esta consulta? Aún no lo sabemos, es algo que no es seguro. Incluso si el Senado emite un concepto favorable para que el pueblo sea consultado, el gobierno necesitaría superar una segunda etapa más difícil.
Según información proveniente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con corte al cuatro (4) de marzo de 2025, habían 40.963.370 personas habilitadas para votar y la consulta necesitaría de la participación de no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral, esto es, se necesitarían 13.654.457 personas salgan a votar. Además de esto si la consulta se hace con varias preguntas cómo fue la consulta anticorrupción, cada pregunta necesitaría además de superar el umbral, obtener aproximadamente 6.827.229 personas que voten por el SI, lo cual resulta bastante improbable, si se tiene en cuenta que las Reformas, así como tienen amigos, creería yo, tienen muchos más detractores.
Suena ambiciosa la propuesta, considerando que en la segunda vuelta en el año 2022 él mismo Presidente Petro obtuvo apenas 11.3 millones de votos. Es decir, necesita superar su propio techo en una consulta que ni siquiera garantiza resultados vinculantes en todos los casos.
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Pero por si no fuera poco la necesidad del concepto favorable del Senado y el exigente umbral mencionado, tenemos que el marco normativo en materia de mecanismos de participación ciudadana – Ley 134 de 1994 y Ley 1757 de 2015 – impiden someter a consulta normas redactadas como proyectos de ley, precisamente para evitar que los ciudadanos, votando Sí o No, sustituyan al Congreso de la República. Así las cosas, el gobierno no podrá consultar sobre las reformas artículo por artículo, sin perjuicio de lo engorroso y poco práctico que sería ello, si es que acaso no existiera la limitación legal mencionada. En síntesis, la consulta debe referirse a temas generales, decisiones de trascendencia nacional y temas que NO sean de competencia exclusiva del Gobierno Nacional.
Ahora bien, de llegarse a preguntar, por ejemplo, si queremos que se mejore el sistema de salud o las condiciones laborales de los trabajadores, pues claramente ello, que probablemente no tendría objeciones, no generaría ni produciría un efecto vinculante, pues el punto en discusión, no tiene que ver precisamente con el QUE, sino con el CÓMO. Es decir, todos para citar un simple ejemplo, queremos un mejor sistema de salud; con lo que no estamos de acuerdo es con el modelo propuesto por el gobierno para lograrlo.
Eso sí, mientras el Presidente ha expresado que la primera pregunta que se hará en la consulta popular es si el día termina a a las 6 de la tarde en una clara alusión y referencia a la jornada laboral, no ha faltado quien haya sugerido que el Presidente debería empezar por preguntar si quieren o no los Colombianos, la revocatoria de su mandato.
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¿Qué busca realmente el presidente con esta consulta? Fácil: posicionarse políticamente.
El propio Presidente sabe que la consulta por sí misma no tiene futuro; sin embargo, estaría utilizando este mecanismo de participación, como una estrategia de preparación y/o calentamiento de cara a la elección presidencial del 2026, eso sí, financiada con los recursos del Estado. Necesitaban una narrativa de campaña electoral y al parecer la encontraron, presentando al Congreso y más específicamente a la oposición como enemiga del pueblo. Por algo dijo Benedetti literalmente que los congresistas habíamos dado papaya.
Es una consulta sin futuro, pero con mucho espectáculo, que amenaza con profundizar la polarización del país; el primer round lo viviremos el martes 18 de marzo, día este que el gobierno ha declarado como cívico, convocando una movilización ciudadana. Ojalá se haga de manera pacífica y no se repita el incidente de la semana pasada, donde un centenar de ciudadanos ingresaron al Capitolio a presionar al Congreso cuando se conoció que se había firmado la ponencia de archivo, recordándose con este incidente, el asedio que también sufrió la Corte Suprema de Justicia el 7 de febrero del año anterior, con ocasión del proceso de elección del fiscal general de la nación.
En un país donde la política se parece cada vez más a un reality show, Petro ha demostrado ser un maestro del entretenimiento. Lástima que los Colombianos nos seremos quienes paguemos la costosa entrada a este circo.
