Inteligencia artificial, control preventivo, vigilancia en tiempo real de los recursos públicos y mayor presencia regional marcaron las exposiciones de los diez finalistas que buscan dirigir la Contraloría General de la República entre 2026 y 2030. El próximo 12 de agosto el Congreso en pleno definirá quién reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.
Bogotá, 28 de julio de 2026. La carrera por llegar a la Contraloría General de la República entró en su fase decisiva. Los diez aspirantes finalistas comparecieron ante las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado para exponer sus propuestas, defender sus hojas de vida y persuadir a los congresistas de que poseen el perfil adecuado para dirigir el principal organismo de control fiscal del país durante los próximos cuatro años. Según la información divulgada sobre el proceso, la elección final se realizará el próximo 12 de agosto de 2026, cuando el Congreso en pleno escoja al sucesor de Carlos Hernán Rodríguez.
La audiencia en la Cámara se extendió durante más de cuatro horas y el Senado replicó una dinámica similar, con intervenciones individuales, preguntas de los congresistas y exposición de propuestas sobre lucha contra la corrupción, control fiscal preventivo, tecnología e independencia institucional.
Los temas que dominaron el debate
Aunque los candidatos presentaron enfoques distintos, hubo un amplio consenso en varios puntos:
- Fortalecer el control fiscal preventivo.
- Detectar irregularidades antes de que se produzca el detrimento patrimonial.
- Incorporar inteligencia artificial para monitorear recursos públicos.
- Aumentar la presencia territorial de la Contraloría.
- Mejorar la articulación con contralorías departamentales y municipales.
- Fortalecer la vigilancia en tiempo real mediante sistemas de información y análisis.
La mayoría de aspirantes coincidió en que el modelo tradicional de control fiscal debe evolucionar hacia esquemas predictivos capaces de identificar riesgos antes de que se materialicen.
1. Luis Enrique Abadía García
Abogado con más de tres décadas de trayectoria en organismos de control. Fue Contralor General encargado, Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Gerente Seccional de Medellín de la Auditoría General de la República y Defensor Regional del Pueblo en Chocó. También ha ocupado cargos directivos en la Contraloría General.
Propuesta
Transformación tecnológica:Impulsar una Contraloría 5.0 mediante el uso de analítica de datos e inteligencia tecnológica para optimizar la vigilancia fiscal.
Presencia territorial: Potenciar el trabajo en las regiones para identificar riesgos fiscales de manera oportuna y responder con eficacia a las necesidades de los ciudadanos.
2. Andrés Castro Franco
Abogado especializado en Derecho Público. Actualmente es Personero de Bogotá. Anteriormente fue Procurador Delegado, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y ha ocupado diferentes cargos en organismos de control y la Rama Judicial.
Propuesta
Propuso expedir un Código de Responsabilidad Fiscal, fortalecer el cobro coactivo, ampliar las facultades judiciales de la Contraloría y crear una plataforma inteligente para denuncias ciudadanas.
«Presentaré un proyecto de Código de Responsabilidad Fiscal, intervención judicial y cobro coactivo».
3. Jorge Eliécer Laverde Vargas
Abogado. Se ha desempeñado durante varios años en el Congreso de la República y actualmente es Secretario de la Comisión Sexta del Senado, con amplia experiencia en el trámite legislativo.
Propuesta
Su eje central fue la transformación tecnológica del control fiscal mediante inteligencia artificial, analítica de datos y una política de soberanía de datos fiscales.
«Diagnóstico predictivo, no autopsias fiscales».
4. Ana Elena Monsalvo Herrera
Administradora en Comercio Internacional con experiencia en contratación estatal, administración pública y gestión territorial. Hace parte del equipo de empalme del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.
Propuesta
Planteó crear una unidad especializada para vigilar los recursos del sistema de salud, fortalecer el control al Programa de Alimentación Escolar (PAE), ejercer vigilancia especial sobre los recursos de paz y acercar la Contraloría a las regiones.
«Colombia necesita una Contraloría independiente, técnica, pero sobre todo cercana a las regiones».
5. Carlos Mario Zuluaga Pardo
Abogado y administrador de empresas. Fue Vicecontralor General de la República, Auditor General de la República encargado y ha ocupado distintos cargos directivos dentro de la Contraloría, siendo uno de los aspirantes con mayor experiencia en la entidad.
Propuesta
Propuso implementar la oralidad en los procesos de responsabilidad fiscal, reducir significativamente los tiempos de investigación, fortalecer la independencia institucional y modernizar los procedimientos.
«No reconozco en ninguna de las bancadas enemigos».
6. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
Abogado. Fue Contralor de Bogotá y ha ocupado cargos en planeación, administración pública y control fiscal, con experiencia en dirección institucional.
Propuesta
Su apuesta consiste en migrar hacia modelos predictivos de vigilancia, fortalecer la cooperación internacional y crear mecanismos para rastrear recursos públicos enviados o escondidos en el exterior.
7. Diana Carolina Torres García
Abogada especializada en derecho público y fortalecimiento institucional, con experiencia en administración pública y gestión de políticas de control.
Propuesta
Planteó crear un Centro Nacional de Excelencia para Auditores, fortalecer la capacitación permanente de los funcionarios y desarrollar cruces de información en tiempo real mediante herramientas tecnológicas.
«El control fiscal no es solo una herramienta para controlar los recursos públicos, sino para cambiar la vida de todo un país».
8. Amanda Madrid Panesso
Abogada con trayectoria en control interno, auditoría pública y vigilancia de recursos estatales. Ha trabajado en entidades de control y procesos de fortalecimiento institucional.
Propuesta
Propuso modernizar la Contraloría mediante herramientas digitales, mejorar la coordinación con las contralorías territoriales y fortalecer el control preventivo.
9. Karol González Mora
Abogada especialista en Derecho Administrativo y contratación estatal. Ha trabajado en asesoría jurídica, contratación pública y vigilancia administrativa.
Propuesta
Planteó integrar los sistemas territoriales de control fiscal, fortalecer el seguimiento preventivo de la contratación pública y utilizar herramientas tecnológicas para detectar riesgos de corrupción desde las primeras etapas de los contratos.
10. Rosalba Jazmín Cabrales Romero
Abogada especializada en Derecho Administrativo y Derecho Penal, con experiencia en investigación disciplinaria, control fiscal y contratación pública.
Propuesta
Propuso incorporar inteligencia de datos, analítica avanzada y minería de información para identificar patrones de corrupción y detectar redes de desvío de recursos públicos antes de que se materialicen los daños al patrimonio del Estado.
Los candidatos que más suenan
Aunque la decisión dependerá de acuerdos políticos y de las mayorías que se construyan en el Congreso, varios analistas y sectores políticos ubican entre los favoritos a:
- Andrés Castro Franco.
- Carlos Mario Zuluaga Pardo.
- Luis Enrique Abadía García
- Jorge Eliécer Laverde Vargas.
- Ana Elena Monsalvo Herrera.
Los cinco han logrado visibilidad por la solidez de sus perfiles técnicos, su experiencia en organismos públicos y los respaldos que tendrían en distintas bancadas.
Escuche las propuestas de los candidatos aquí:
Lo que viene
Concluidas las exposiciones en Cámara y Senado, comienza una etapa intensa de conversaciones políticas dentro de los partidos para definir respaldos.
La elección definitiva del Contralor General de la República está prevista para el 12 de agosto de 2026, cuando el Congreso en pleno vote y designe al funcionario que tendrá la misión de vigilar el uso de billones de pesos en recursos públicos hasta el año 2030.
La discusión dejó una conclusión clara: quien llegue a la Contraloría deberá enfrentar una nueva era del control fiscal, en la que la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos y la prevención del daño patrimonial se perfilan como las herramientas clave para combatir la corrupción y proteger los recursos del Estado.
