Un juez de segunda instancia en Barranquilla ratificó este viernes la libertad condicional de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y exdiputado de la Asamblea del Atlántico, quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.
La decisión judicial no solo confirma la medida no privativa de la libertad otorgada en primera instancia, autoriza a Petro Burgos a salir de Barranquilla, siempre y cuando continúe cumpliendo con los requerimientos y comparecencias judiciales que le impone su actual situación jurídica.
El proceso judicial es llevado ante el juez especializado de Barranquilla Hugo Junior Carbonó, en las últimas audiencias el funcionario había solicitado a Nicolás Petro y su abogado Alejandro Carranza la presencia en las instalaciones del complejo judicial de la capital del Atlántico.
El caso penal: acusaciones y contexto
Nicolás Petro es investigado por presuntamente haber recibido recursos de origen ilícito durante su periodo como diputado, los cuales, según la Fiscalía General de la Nación, no tenían origenes claros y habrían incrementado injustificadamente su patrimonio.
Las pesquisas señalan que Petro Burgos habría aceptado dinero de personas como Samuel Santander Lopesierra —condenado por narcotráfico en Estados Unidos— y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso “Turco” Hilsaca. Según el ente acusador, estos recursos habrían sido ofrecidos para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, pero terminaron presuntamente siendo utilizados para fines personales.
El caso fue revelado por su exesposa Day Vásquez quien entregó a la Fiscalía la información de los dineros recibidos y datos de quienes eran los empresarios que entregaron el dinero.
Entre los elementos probatorios, la Fiscalía afirma que Nicolás Petro ocultó sumas de hasta 500 millones de pesos. Petro ha rechazado los cargos, aunque en audiencias iniciales reconoció haber recibido parte de esos recursos, lo que generó una negociación frustrada de principio de oportunidad con el ente investigador.
Medidas judiciales y traslado por seguridad
Si bien se mantiene la prohibición de salida del país, Nicolás Petro habría solicitado a las autoridades la aceptación del traslado de domicilio a la ciudad de Bogotá, por razones de seguridad personal. La defensa, a cargo del abogado Alejandro Carranza, argumentó que su cliente ha “respetado la ley y lo seguirá haciendo”, y que el cambio de lugar de residencia busca garantizar su integridad frente a riesgos ya denunciados ante las autoridades competentes.
Según ha trascendido, Nicolás Petro se establecería en una vivienda del complejo residencial del Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional (CESPO), el mismo que en su momento fue ocupado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta decisión ha generado comentarios debido a la cercanía física con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien también reside en dicho complejo y lidera actualmente los procesos anticorrupción más relevantes del país.
Situación procesal actual
El hijo mayor del presidente continúa vinculado formalmente al proceso penal, aún en etapa preparatoria, sin que se haya fijado fecha para el inicio del juicio oral. La medida de libertad condicional implica la obligación de comparecer periódicamente ante el despacho judicial, no obstruir la acción de la justicia, y mantenerse localizable ante cualquier requerimiento del juez o de la Fiscalía.