En el resguardo Gran Vaupés, en Mitú, la Sala de Amnistía o Indulto hizo pedagogía con los 180 integrantes de la comunidad, y aprovechó su primer encuentro con las autoridades de este pueblo indígena para discutir las obligaciones a las que se comprometió un compareciente, sometido ante esta Jurisdicción, que se reincorporó a la comunidad de Bocas del Yi.
Durante la diligencia judicial, la JEP le recordó al firmante del Acuerdo de Paz cuáles son las obligaciones que debe cumplir como parte del régimen de condicionalidad que suscribió con la JEP. Así mismo, durante esta notificación con pertinencia étnica, la magistratura le informó a la comunidad y a las autoridades étnicas cuáles son sus compromisos. Aunque la justicia ordinaria le concedió la amnistía de iure al integrante de la comunidad de Bocas del Yi por el delito de rebelión, actualmente tiene un proceso pendiente por el delito de porte de estupefacientes que viene siendo analizado por la magistratura. Precisamente, es esta Sala la que se encargará de resolver su situación jurídica.
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En la diligencia, la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, presidenta de la Sala de Amnistía, se refirió a su deber de garantizar la no repetición, de contribuir a garantizar el éxito del proceso de reincorporación a la vida civil y, además, le recordó que debe comparecer cuando sea solicitado por la JEP o cualquiera de las entidades del Sistema Integral para la Paz.
Así mismo, debe aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas que afectó cuando perteneció a las extintas Farc-EP y notificar el cambio de residencia si decide tener un nuevo domicilio. Esto, con el fin de facilitar los requerimientos que en adelante pueda iniciar la Jurisdicción en el marco del proceso que adelanta contra el mencionado compareciente. En la audiencia, la magistrada destacó el diálogo interjurisdiccional que sostuvieron las autoridades que acompañaron al compareciente en la diligencia y los representantes de la comunidad de Bocas del Yi, compuesta por un total de 180 personas que conforman 30 familias.
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“Muchas comunidades sancionaban a su gente si se iban a las armas. Siempre pregunto si la persona está siendo sancionado. Lo hago porque algunos pueblos indígenas les ponen trabajos. En algunos casos rituales de armonización para poder volver a la comunidad. Ellos también aplican justicia restaurativa igual que la JEP”, les dijo.
Por su parte, Jhon Julián Cruz Hernández, de la Comunidad de Bocas del Yi, resaltó la presencia de la JEP: “Una de las cosas más importantes es tener a una persona de alto rango como la magistrada. Eso nunca nos había pasado, es algo sorprendente y este tipo de cosas nos motivan a todos. La JEP y la magistrada son bienvenidas a la comunidad de Bocas del Yi. Estamos muy orgullosos que nos hayamos reunido con ella en nuestra maloca y que haya escuchado a nuestra gente”.
