Los Órganos de Control y los representantes de las víctimas piden aumentar y priorizar la atención y reparación a víctimas del conflicto armado, desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se ha indemnizado el 12% de la población, por lo que a la fecha quedan pendientes más de ocho millones de víctimas.
La Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos solicitan aumentar y priorizar la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo señala que los recursos destinados en los últimos diez años a la Política Pública de Víctimas por $146 billones han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país.
Aunque el Gobierno Nacional tiene proyectado una inversión de $142 billones para los próximos diez años (Conpes 4031 de 2021), estos recursos continúan siendo insuficientes, y se requeriría un presupuesto aproximado a 2031 de $301 billones para garantizar a las víctimas una reparación integral: Comisión de Seguimiento
En la misma vía, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes Étnicos afirma que los $1.7 billones ejecutados en los últimos cinco años resultan insuficientes para la reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos, resaltando con preocupación que solo el 1% del presupuesto para víctimas indígenas se dirige a las medidas de protección y prevención, y para los pueblos negros y afrocolombianos no se evidencian recursos para estas medidas.
El informe señala que solo se han indemnizado el 12% de la población quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas.
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En cuanto a la indemnización colectiva de los pueblos étnicos, se resalta que pese a las inversiones de $19 mil millones en los últimos diez años, solo se ha logrado indemnizar a 12% de las comunidades indígenas y al 9% de las comunidades afrocolombianas.
En materia de acceso a la salud, el informe señala que 107.779 mujeres víctimas, de un total de 4.528.287, han recibido atención psicosocial, y enfatiza que se debe fortalecer la cobertura en la atención en salud física de hombres, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD).
Así mismo, se reconocen los esfuerzos para retomar el funcionamiento presencial de los 35 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV). Sin embargo, se hace un llamado a las autoridades territoriales para que garanticen condiciones dignas para la atención a la población víctima, dado que persisten daños en la infraestructura y falta de mantenimiento en algunos casos.
