El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, comenzar la construcción de una nueva normativa para reemplazar el Código vigente desde 2002. El Gobierno plantea sanciones proporcionales, reducción de algunos costos para los conductores y cambios en el sistema de fotodetección.
El Código Nacional de Tránsito podría tener una de sus mayores transformaciones en más de dos décadas. El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno comenzará la construcción de una nueva normativa con la que pretende modificar el sistema de multas, revisar las fotomultas y reducir varios de los costos que actualmente deben asumir los propietarios de vehículos y motocicletas.
El anuncio fue realizado al término de un Consejo de Ministros que se prolongó durante más de siete horas en Barranquilla y en el que el mandatario impartió instrucciones a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para comenzar de inmediato la elaboración de la propuesta.
“Se hará un nuevo Código de Tránsito, moderno y justo, con sanciones razonables para los bolsillos de los colombianos y no con esos precios absurdos que, en lugar de solo enseñar una lección, terminan también perjudicando las finanzas de miles de familias”, manifestó De La Espriella.
El propósito del Ejecutivo es sustituir o reformar integralmente la legislación expedida en 2002, que durante más de dos décadas ha sido objeto de diferentes modificaciones.
“Tenemos una ley expedida en el año 2002 que sigue desconectada de la realidad del país y, sobre todo, del bolsillo de los colombianos. Llegó la hora de poner la ley al servicio de la gente”, aseguró el jefe de Estado.
Multas podrían bajar hasta un 50 %
Uno de los puntos centrales será el valor de las multas.
El presidente había anticipado que propondrá ante el Congreso una reducción de hasta el 50 % del valor actual de determinadas sanciones de tránsito, aunque el porcentaje definitivo y las infracciones a las cuales aplicaría tendrán que quedar establecidas en el proyecto que finalmente presente el Gobierno.
La posición del mandatario es que una infracción debe generar una consecuencia para el conductor, pero esa sanción debe guardar proporcionalidad con la conducta y con la capacidad económica de los ciudadanos.
“Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia”, señaló.
De La Espriella puso como ejemplo lo que puede ocurrir cuando a la multa inicial se agregan otros costos derivados de la inmovilización del vehículo.
“No puede ser que una multa termine convirtiéndose en una condena económica para una familia. Entre sanciones, intereses, patios y grúas, un colombiano puede terminar pagando más de un salario mínimo e incluso perder la moto o el carro con el que trabaja y lleva su sustento al hogar. Eso no puede seguir pasando y no lo vamos a permitir”, sostuvo.
Las fotomultas también serán revisadas
La reforma tendrá un capítulo especialmente sensible para millones de conductores: las cámaras de fotodetección o fotomultas.
El Gobierno ya había anunciado días atrás una revisión de estos sistemas y ahora el asunto quedará incorporado dentro de la discusión más amplia sobre el nuevo Código Nacional de Tránsito.
El objetivo, según lo anunciado por el Ejecutivo, será revisar su regulación, operación y los costos derivados de las infracciones detectadas mediante estos dispositivos, sin desmontar las herramientas necesarias para garantizar la seguridad vial.
La administración De La Espriella ha insistido en que las cámaras deben tener como finalidad principal prevenir accidentes y promover el cumplimiento de las normas, y no convertirse simplemente en instrumentos de recaudo.
El presidente incluso aseguró que alrededor de algunos negocios asociados al tránsito existirían estructuras que deberán ser investigadas.
“Detrás de eso también hay unas mafias grandes, de aquí de Barranquilla, que no es lo mismo, y las vamos a acabar”, afirmó.
Los eventuales hechos irregulares a los que hizo referencia el mandatario deberán ser determinados por las autoridades competentes.
RUNT y SIMIT también entrarían en la reforma
La revisión anunciada será mucho más amplia que las fotomultas.
Entre los asuntos que el Ministerio de Transporte deberá analizar aparecen los costos relacionados con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
El Ejecutivo considera que existen trámites asociados al sistema que pueden simplificarse o reducir su impacto económico sobre los ciudadanos.
También se estudiará la posibilidad de establecer cursos más económicos para infractores, especialmente aquellos que permiten acceder a descuentos en el pago de las multas.
Licencias y revisión técnico-mecánica
Otro cambio podría afectar directamente la frecuencia con la que los colombianos deben realizar determinados trámites.
El Gobierno estudiará ampliar la vigencia de algunas licencias de conducción y modificar los plazos relacionados con las revisiones técnico-mecánicas.
Sin embargo, cualquier modificación deberá mantener los estándares necesarios para garantizar que los conductores estén habilitados y que los vehículos que circulen por las carreteras se encuentren en condiciones adecuadas.
La seguridad vial, aseguró el Gobierno, continuará siendo uno de los principios fundamentales de la nueva legislación.
¿Qué sigue?
La instrucción presidencial marca apenas el comienzo del proceso.
El Ministerio de Transporte, encabezado por Elsa Noguera, deberá estructurar el articulado y determinar cuáles disposiciones del actual Código deben modificarse, eliminarse o reemplazarse.
Si las modificaciones requieren una nueva ley, como ocurre con aspectos sustanciales del Código Nacional de Tránsito, el Gobierno deberá presentar el proyecto ante el Congreso de la República, donde tendrá que superar los respectivos debates antes de convertirse en ley.
Esto significa que los valores de las multas, las reglas de las fotomultas, los tiempos de las licencias y los demás costos no cambian automáticamente con el anuncio presidencial.
Mientras se presenta y aprueba una reforma, continúan vigentes las normas actuales.
La discusión que comienza ahora promete tocar uno de los asuntos que más afectan cotidianamente a conductores y motociclistas: cuánto debe pagar una persona por incumplir una norma de tránsito y hasta dónde debe llegar el poder sancionatorio del Estado sin que una infracción termine poniendo en riesgo el patrimonio o la herramienta de trabajo de una familia.
